Senador de EEUU se reúne con Kilmar Ábrego García en El Salvador

SAN SALVADOR (AP) — El senador estadounidense Chris Van Hollen se reunió el jueves en El Salvador con Kilmar Ábrego García, encontrándose cara a cara con el hombre que fue enviado a la nación centroamericana por el gobierno del presidente Donald Trump a pesar de que un tribunal de inmigración emitió una orden que impedía su deportación.

El senador demócrata publicó una foto del encuentro en X, pero no proporcionó una actualización sobre el estado de Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que vivía en Maryland y cuyos abogados están luchando para obligar al gobierno de Trump a facilitar su retorno a Estados Unidos.

Trump y Bukele dijeron esta semana que no tenían justificación para enviarlo de regreso a Estados Unidos, aunque el gobierno de Trump ha calificado su deportación como un error y la Corte Suprema estadounidense ha pedido al gobierno que facilite su retorno.

“Dije que mi principal objetivo de este viaje era reunirme con Kilmar”, escribió Van Hollen en X, con una foto de los dos hombres hablando en lo que parecía ser un restaurante. “Esta noche tuve esa oportunidad. He llamado a su esposa, Jennifer, para transmitirle su mensaje de amor. Espero poder proporcionar una actualización completa a mi regreso”.

No está claro cómo se organizó la reunión, dónde se encontraron o qué sucederá con Ábrego García. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó imágenes de la reunión minutos antes de que Van Hollen compartiera su publicación, y escribió: “Ahora que se ha confirmado que está sano, tiene el honor de permanecer bajo la custodia de El Salvador”. La publicación terminaba con emojis de las banderas de Estados Unidos y El Salvador, y de un apretón de manos entre ellas.

La esposa de Ábrego García, Jennifer Vásquez Sura, dijo en un comunicado emitido por un grupo activista que “todavía tenemos muchas preguntas, esperanzas y temores”.

El viaje de Van Hollen se ha convertido en motivo de roces partidistas en Estados Unidos, ya que los demócratas han descrito la deportación de Ábrego García como una consecuencia del desprecio de Trump por los tribunales. Una corte federal de apelaciones dijo el jueves que la afirmación del gobierno de Trump de que no puede hacer nada para liberar a Ábrego García de una prisión en El Salvador y devolverlo a Estados Unidos “debería ser escandalosa”.

Los republicanos han criticado a los demócratas por defender al prisionero y argumentaron que su deportación es parte de un esfuerzo mayor para reducir el crimen. Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Ábrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13, pero sus abogados dicen que el gobierno no ha proporcionado evidencia de eso y Ábrego García nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con tal actividad.

Otros demócratas han dicho que viajarán a El Salvador para abogar por la liberación de Ábrego García, pero no está claro si esos viajes, o la reunión de Van Hollen, tendrán algún efecto en su situación. Cuando se le preguntó a Trump el jueves si creía que Ábrego García tenía derecho al debido proceso, eludió la pregunta.

“Tengo que referirme, nuevamente, a los abogados”, dijo en el Despacho Oval. “Tengo que hacer lo que me piden que haga”.

Una portavoz de la presidencia de El Salvador dijo que no tenía más información sobre la reunión ni sobre Ábrego García.

La reunión de Van Hollen se produjo horas después de que éste dijera que se le negó la entrada al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, donde Ábrego García está detenido. El senador dijo el jueves en una conferencia de prensa en San Salvador, antes de su reunión, que su automóvil fue detenido por soldados en un retén a unos 3 kilómetros (2 millas) de la prisión, aun cuando dejaron pasar otros vehículos.

“Nos detuvieron porque tienen órdenes de no permitirnos avanzar”, afirmó Van Hollen.

Aunque a Van Hollen se le negó la entrada, varios republicanos de la Cámara de Representantes han visitado la notoria prisión en muestra de apoyo a las políticas del gobierno de Trump. El representante Riley Moore, un republicano de Virginia Occidental, publicó el martes que había visitado la prisión donde Ábrego García está detenido. No mencionó a Ábrego García, pero dijo que la instalación “alberga a los criminales más brutales del país”.

“Ahora me voy aún más decidido a apoyar los esfuerzos del presidente Trump para proteger nuestra patria”, escribió Moore en redes sociales.

El representante republicano de Missouri Jason Smith, presidente de la Comisión de Recursos y Arbitrios, también visitó la prisión. Publicó en X que “gracias al presidente Trump”, la instalación “ahora incluye inmigrantes ilegales que ingresaron a nuestro país y cometieron actos violentos contra estadounidenses”.

Van Hollen llegó a El Salvador el miércoles por la mañana y se reunió poco después con el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, quien le dijo que su gobierno no podía devolver a Ábrego García a Estados Unidos.

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reconocieron en un documento judicial este mes que la deportación de Ábrego García fue un “error administrativo”. El reconocimiento del gobierno provocó indignación entre los defensores de la inmigración, pero funcionarios de la Casa Blanca se han mantenido firmes en la acusación de que es miembro de una pandilla y en que no será devuelto a Estados Unidos.

La batalla también se ha desarrollado en los tribunales, donde el gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a decirle a un juez qué planea hacer, si es que planea hacer algo, para repatriarlo. El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4to Circuito se negó unánimemente el jueves a suspender la decisión del juez de ordenar el testimonio jurado de funcionarios del gobierno de Trump, y dijo que el poder judicial se verá perjudicado por las “constantes insinuaciones de su ilegitimidad” y que el poder ejecutivo “perderá mucho por una percepción pública de su irrespeto a la ley”.

El juez J. Harvie Wilkinson III, quien fue nominado por el presidente republicano Ronald Reagan, escribió que él y sus dos colegas “se aferran a la esperanza de que no es ingenuo creer que nuestros buenos cofrades en el poder ejecutivo perciben el Estado de derecho como vital para el ethos estadounidense”.

Desde marzo, El Salvador ha recibido a más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos, a quienes funcionarios del gobierno de Trump acusan de actividad pandillera y crímenes violentos, y los ha colocado dentro de la prisión de máxima seguridad ubicada a las afueras de San Salvador. Esa prisión es parte de las medidas de Bukele para combatir a las pandillas del país, con las que ha puesto a 84.000 personas tras las rejas y le han dado a Bukele una gran popularidad.

Grupos de derechos humanos han acusado al gobierno de Bukele de someter a los encarcelados a “tortura y otros malos tratos”. Las autoridades salvadoreñas niegan haber cometido delito alguno.

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Jalonick reportó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.