Argentina anuncia reforma migratoria que limita acceso a salud estatal y facilita deportaciones
BUENOS AIRES (AP) — El gobierno del ultraderechista Javier Milei dispuso el miércoles modificaciones al régimen migratorio de Argentina que endurecen los requisitos para la obtención de la ciudadanía, facilitan la deportación de personas condenadas y eliminan la gratuidad en el sistema de salud público, entre otras medidas.
La reforma está contemplada en un decreto de necesidad y urgencia que será publicado en las próximas horas, a partir de lo cual estará vigente. No obstante, la Constitución prevé un mecanismo de control que habilita al Poder Legislativo a anular decretos con el rechazo de las dos cámaras.
Milei, quien llegó al poder a fines de 2023, anunció en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en marzo el endurecimiento de las políticas migratorias. El mandatario es uno de los principales aliados de Estados Unidos y El Salvador, gobiernos que han aplicado medidas de mano dura con los migrantes . En 2024, el dirigente de extrema derecha ya había adelantado una serie de cambios en este área.
El anuncio se hizo a pocos días de las legislativas del domingo en la ciudad de Buenos Aires, en las que el partido de Milei busca ganarle terreno político al conservador PRO, que gobierna desde hace 18 años. Esos comicios en la vidriera política del país son un test electoral para el gobierno de cara a las legislativas de octubre para renovar el Congreso.
Referentes de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuestionaron las medidas anunciadas y dijeron que varias requieren del aval del Congreso porque implican una reforma de la legislación vigente.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, —candidato a legislador capitalino — señaló en una rueda de prensa que la actual política migratoria “invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir al país de forma honrada”.
El portavoz indico que el gobierno facilitará la deportación de quienes hayan cometido delitos y que los inmigrantes ilegales y residentes temporales paguen por los servicios de salud públicos.
Un comunicado oficial indicó por su lado que “las facilidades extremas que hasta la fecha existían para ingresar a Argentina hicieron que, en los últimos 20 años, inmigraran 1.700.000 extranjeros de forma irregular a nuestro territorio”, sin especificar cuál es su estatus actual.
Según el último censo oficial de 2022, a esa fecha casi 2 millones de personas nacidas en otros países vivían en Argentina, lo que representaba un 4,2% de la población.
Organismos humanitarios han dicho que es difícil determinar la cantidad de inmigrantes ilegales que se encuentran en el país y que los distintos programas de regularización permitieron poner en regla la situación de alrededor de un millón de personas en los últimos 20 años.
La reforma anunciada “busca instaurar orden” en un sistema que “debido a la complicidad de políticos populistas, había sido desvirtuado”, dijo el comunicado en alusión a las políticas de mano abierta hacia los migrantes de gobiernos peronistas como los de Cristina Fernández (2007-2015).
Señaló que, “a partir de ahora, ningún extranjero condenado podrá ingresar a Argentina” y que quienes cometan un delito en territorio argentino, cualquiera sea su pena, serán deportados.
La Ley de Migraciones vigente prevé denegar el acceso y permanencia en el país a quienes tengan antecedentes o condenas superiores a tres años.
Además el comunicado precisó que las universidades nacionales podrán establecer “aranceles para los servicios educativos dirigidos a residentes temporarios”.
En tanto, la ciudadanía argentina se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años o de haber realizado una inversión relevante para Argentina.
En lo que se refiere a la salud, el gobierno argumentó que miles de personas llegan desde otros países para acceder gratuitamente a tratamientos e intervenciones quirúrgicas en hospitales que dependen del gobierno nacional, lo que supone un gasto oneroso. Adorni apuntó contra los “tours sanitarios” de personas de países vecinos.
Desde 2024 varias provincias y la ciudad de Buenos Aires han avanzado con la implementación de aranceles para el acceso a la salud pública de extranjeros con residencia precaria o provisoria.
El CELS señaló en un comunicado que la ley vigente garantiza el acceso a la salud para todas las personas y las modificaciones deben ser efectuadas por el Congreso.
Una ley aprobada en 2003, durante el gobierno del peronista Néstor Kirchner (2003-2007), estableció que “no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud” a los extranjeros que lo requieran, “cualquiera sea su situación migratoria”.