Milei ordena más ajustes en área de DDHH; activistas temen por el futuro de las políticas de memoria
BUENOS AIRES (AP) — El gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, degradó el miércoles la secretaría de Derechos Humanos a rango de subsecretaría como parte de su plan para achicar el Estado y ahorrar fondos públicos, una medida que ha levantado polvareda entre las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la última dictadura militar por su impacto sobre las políticas de memoria, verdad y justicia.
El ministerio de Justicia, del cual depende el área, dijo en un comunicado que la decisión implicará “una reducción del 50% de los cargos jerárquicos y direcciones vigentes, lo que permitirá un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales (unos 7,7 millones de dólares)”.
La secretaría de DDHH existía desde 2002. Desde esa dependencia el gobierno de centro-izquierda de Néstor Kirchner (2003-2007) impulsó la derogación de las leyes de amnistía que favorecían a los criminales de la última dictadura (1976-1983) que, junto al posterior fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de los indultos a exmilitares, despejó el camino para que la justicia avanzara contra los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Como resultado, casi 1.200 personas fueron condenadas y hay 14 juicios orales todavía en curso, con la secretaría de DDHH como querellante, mientras que en otras 63 causas los imputados aguardan a ser jugados. Este proceso cosechó elogios a nivel mundial y diferenció a Argentina del resto de los países de la región, que en su mayoría no encaró o lo hizo de manera parcial la investigación de lo sucedido durante las sangrientas dictaduras de las décadas de 1970 y 1980.
En Argentina, organismos de derechos humanos denunciaron que 30.000 personas fueron asesinadas durante el régimen. Las cifras oficiales dan cuenta de menos de la mitad de víctimas, que todavía se califican de desaparecidas porque la mayoría de los cuerpos no fueron encontrados.
El gobierno “está vaciando TODAS las áreas comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Mientras beneficia a condenados por delitos de lesa humanidad, desarma las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia que nos hicieron ejemplo ante el mundo”, dijo H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) en un comunicado. La referencia a los condenados alude a un supuesto traslado de un grupo de ellos a un penal con más comodidades.
“Este retroceso es muy grave y afecta a toda la sociedad”, añadió.
El ministerio de Justicia afirmó que los recortes responden “al compromiso del presidente de achicar el Estado, eliminar el déficit y terminar con los privilegios” y detalló que “ya fueron despedidos 405 empleados militantes, lo que representa el 44% del personal heredado”.
Milei quiere dejar al Estado reducido a una mínima expresión. Desde que asumió a fines de 2023, eliminó diez ministerios y despidió 45.000 empleados públicos, según datos oficiales.
El mandatario ultraderechista ha cuestionado las políticas de memoria, verdad y justicia por considerar que fomentan una versión de lo sucedido impregnada de ideología izquierdista y brega por una historia completa sobre los sucesos durante la década de 1970 que incluya los ataques de grupos guerrilleros contra miembros de fuerzas de seguridad.
La secretaría de DDHH también tenía bajo su órbita la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad para dar con los niños robados durante la dictadura.
“Un paso más en la embestida del gobierno contra la memoria que los argentinos y argentinas construimos a lo largo de más de 40 años y que nos hizo ser ejemplo en todo el mundo”, expresó Horacio Pietragalla Corti, ex secretario de DDHH durante la presidencia del centroizquierdista Alberto Fernández (2019-2023).
El ministerio de Justicia también dispuso que el archivo nacional de la memoria y el museo de la memoria que funcionan en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro de torturas durante la dictadura, salgan de su órbita y se conviertan en “unidades organizativas” dependientes del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, un organismo descentralizado que está auspiciado por UNESCO.
“Vamos a seguir peleando contra el odio, la injusticia y la desmemoria sin darnos por vencidos como nos enseñaron nuestros 30 mil detenidos desaparecidos, Madres y Abuelas”, añadió Pietragalla, que es uno de los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo.