Oposición surcoreana inicia el proceso de juicio político al presidente por imponer la ley marcial

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Los partidos de oposición de Corea del Sur presentaron el miércoles una moción para someter a juicio político al presidente, Yoon Suk Yeol, por la impactante y breve imposición de la ley marcial, que llevó tropas fuertemente armadas a rodear el Parlamento mientras los legisladores trepaban muros para regresar al edificio y votar por unanimidad para revocar la orden presidencial.

Destituir a Yoon requeriría el apoyo de dos tercios del Parlamento, y al menos seis jueces de los nueve miembros de la Corte de Constitucionalidad tendrían que respaldar la iniciativa para apartarle del cargo. La moción, presentada conjuntamente por el Partido Democrático principal y cinco partidos pequeños de la oposición, podría someterse a votación a partir del viernes.

Varios asesores de alto nivel y el ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, se ofrecieron a dimitir mientras la nación trataba de comprender lo que parecía ser una maniobra poco meditada. El Partido Democrático presentó el miércoles una moción separada para someter a juicio político a Kim, a quien se acusa de haber recomendado la declaración de ley marcial a Yoon.

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En su discurso para anunciar la repentina orden el martes por la noche, Yoon prometió eliminar las “fuerzas antiestatales” y siguió criticando los intentos del Parlamento de impugnar a miembros clave del gobierno y fiscales de alto nivel. Sin embargo, la ley marcial sólo estuvo vigente durante unas seis horas, ya que la Asamblea Nacional anuló su decreto en votación. La declaratoria se levantó formalmente alrededor de las 4:30 de la madrugada durante una reunión del gobierno.

El Partido Democrático, el cual ocupa la mayoría de los 300 escaños del Parlamento, había declarado el miércoles que tomaría medidas para someter a Yoon a un juicio político si no renunciaba de inmediato.

“La declaración de ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol fue una clara violación de la Constitución. No cumplió con ningún requisito para declararla”, dijo el Partido Democrático en un comunicado. “Su declaración de ley marcial fue originalmente inválida y una grave violación de la Constitución. Fue un grave acto de rebelión y constituye un motivo perfecto para su destitución”.

Si Yoon es sometido a juicio político, quedaría despojado de sus poderes constitucionales hasta que la Corte de Constitucionalidad pueda decidir sobre su destino.

El primer ministro, Han Duck-soo, quien ocupa el segundo lugar en la jerarquía gubernamental surcoreana, asumiría sus responsabilidades presidenciales. Mientras aumentaban las presiones de renuncia del gobierno, Han emitió un comunicado en el que pidió paciencia e instó a los miembros del gabinete a “cumplir con sus deberes incluso después de este momento”.

En este momento, la Corte de Constitucionalidad sólo tiene seis jueces después de la jubilación de tres miembros, lo que deja al tribunal con un miembro menos del mínimo de siete necesario para manejar un juicio político presidencial. Eso requiere que los legisladores aceleren el proceso de nombramiento de nuevos jueces.

El decreto de ley marcial de Yoon, el primero de este tipo en más de 40 años, evocó los gobiernos militares del pasado en Corea del Sur, cuando las autoridades ocasionalmente proclamaban la ley marcial y otros decretos que les permitían estacionar soldados de combate, tanques y vehículos blindados en las calles o en lugares públicos como escuelas para prevenir manifestaciones antigubernamentales. Tales escenas de intervención militar no se habían visto desde que Corea del Sur alcanzó una verdadera democracia a finales de la década de 1980.

Después de la declaración de Yoon, soldados con fusiles de asalto y equipo de combate completo, incluidos fusiles de asalto, intentaron mantener a los manifestantes alejados de la Asamblea Nacional mientras helicópteros militares Blackhawk sobrevolaban cerca del lugar. Un soldado apuntó su arma hacia una mujer que participaba en la protesta para exigir el levantamiento de la ley marcial.

De momento se desconoce cómo es que los 190 legisladores lograron entrar al recinto parlamentario para votar en contra del decreto de ley marcial de Yoon. El líder de la oposición, Lee Jae-myung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, fueron vistos mientras escalaban un muro, y aunque soldados y agentes de la policía impidieron el ingreso de algunos, no usaron la fuerza ni restringieron el paso de otros.

No se han reportado grandes actos de violencia. Soldados y policía fueron vistos más tarde mientras se retiraban de la Asamblea Nacional después de la votación parlamentaria para levantar la ley marcial. Woo dijo que “incluso con nuestros desafortunados recuerdos de golpes militares, nuestros ciudadanos sin duda han observado los eventos de este día y han presenciado la madurez de nuestras fuerzas armadas”.

Según la Constitución de Corea del Sur, el presidente puede declarar ley marcial durante “tiempos de guerra, situaciones de conflicto u algún otro estado de emergencia nacional comparable” que requiera el uso de la fuerza militar para restringir la libertad de prensa, de asamblea y otros derechos para mantener el orden. Muchos expertos se cuestionan si Corea del Sur se encuentra actualmente bajo estas condiciones.

La Constitución también establece que el presidente debe acatar la decisión cuando la Asamblea Nacional exige el levantamiento de la ley marcial con un voto mayoritario.

Un funcionario presidencial dijo que Yoon decidió imponer la ley marcial como una forma de resolver un estancamiento político y lo hizo en medio de la noche para minimizar su impacto negativo en la economía. El funcionario pidió el anonimato para hacer comentarios debido a la naturaleza sensible del asunto.

Algunos expertos dicen que Yoon claramente violó la constitución por cómo impuso la ley marcial. Aunque la ley marcial permite “medidas especiales” para restringir las libertades individuales y la autoridad de las agencias y cortes, la constitución no permite que se restrinjan las funciones del parlamento. Pero siguiendo la declaración de Yoon el martes, el Ejército de Corea del Sur proclamó que las actividades parlamentarias estaban suspendidas y desplegó tropas para tratar de impedir que los legisladores entrasen a la Asamblea Nacional.

Park Chan-dae, el líder del grupo parlamentario del Partido Democrático, pidió que Yoon fuera investigado de inmediato por cargos de rebelión por la forma en que envió tropas al parlamento. Si bien el presidente goza en general de inmunidad de enjuiciamiento mientras está en el cargo, la protección no se extiende a la supuesta rebelión o traición.

En Washington, la Casa Blanca dijo que Estados Unidos estaba “sumamente preocupado” por los eventos en Seúl. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo que el gobierno del presidente Joe Biden no recibió notificación de antemano sobre el anuncio de ley marcial y permanecía en contacto con el gobierno surcoreano.

En Seúl, el tránsito en las calles era el de un día normal. Stephen Rowan, un turista de Brisbane, Australia, que visitaba el Palacio Gyeongbokgung, dijo que no estaba preocupado en absoluto.

“Pero, en todo caso, no entiendo mucho sobre la situación política en Corea”, subrayó. “Pero escucho que ahora están pidiendo la renuncia del presidente actual, así que... aparentemente va a haber muchas manifestaciones... Me habría preocupado si la ley marcial hubiera permanecido en vigor”.

Natalia Slavney, analista de investigación en el sitio web 38 North del Stimson Center, el cual se enfoca en asuntos relacionados con la región, dijo que la imposición de la ley marcial por parte de Yoon fue “un grave retroceso de la democracia” que siguió a una “preocupante tendencia de abuso” desde que asumió el cargo en 2022.

Corea del Sur “tiene una sólida historia de pluralismo político y no es ajena a las protestas multitudinarias y los juicios políticos expeditos”, dijo Slavney, poniendo como ejemplo el caso de la expresidenta Park Geun-hye, quien fue destituida y encarcelada por soborno y otros delitos en 2017. Más tarde fue indultada.

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La periodista de Associated Press Jennifer McDermott contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.