Jueza ordena a gobierno de Trump dejar de hacer arrestos indiscriminados en California

LOS ÁNGELES (AP) — Una jueza federal ordenó el viernes al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump detener los arrestos indiscriminados de inmigrantes en siete condados de California, incluyendo Los Ángeles.

Grupos de defensa de los inmigrantes presentaron una demanda la semana pasada en la que acusan al gobierno de Trump de enfocarse sistemáticamente en personas de piel morena en el sur de California durante su actual batida migratoria. Entre los demandantes hay tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue detenido a pesar de mostrar su identificación a los agentes.

La demanda presentada en la Corte de Distrito federal solicitaba a la jueza que impidiera que el gobierno use lo que describieron como tácticas inconstitucionales en redadas de inmigración. Los defensores de los inmigrantes acusan a los funcionarios de inmigración de detener a personas basándose en su raza, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asesoría jurídica en una cárcel del centro de Los Ángeles.

La jueza Maame E. Frimpong también emitió una orden por separado en la que prohíbe al gobierno federal impedir el acceso de abogados a una cárcel para inmigrantes en Los Ángeles.

Frimpong emitió las órdenes de emergencia, que son una medida temporal mientras el proceso judicial avanza, un día después de una audiencia durante la cual los grupos activistas argumentaron que el gobierno estaba violando las enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución de Estados Unidos.

Ella escribió en la orden que había una “montaña de evidencia” presentada en el caso de que el gobierno federal estaba cometiendo las violaciones de las que se le acusaba.

La Casa Blanca respondió rápidamente al fallo el viernes por la noche.

“Ningún juez federal tiene la autoridad para dictar la política de inmigración; esa autoridad recae en el Congreso y el presidente”, declaró la portavoz Abigail Jackson. “Las operaciones policiales requieren una planificación y ejecución cuidadosas; habilidades que están más allá de la competencia o jurisdicción de cualquier juez. Esperamos que este grave exceso de autoridad judicial sea corregido en una apelación”.

Los inmigrantes y las comunidades hispanas en todo el sur de California han estado en vilo durante semanas desde que el gobierno de Trump intensificó los arrestos en lavados de autos, estacionamientos de tiendas Home Depot, tribunales de inmigración y otros negocios. Decenas de miles de personas han participado en manifestaciones en la región por las redadas y por el despliegue de la Guardia Nacional y los marines.

La orden también se aplica al condado de Ventura, donde decenas de trabajadores fueron detenidos en una granja de cannabis el jueves, lo que llevó a enfrentamientos con manifestantes y múltiples lesionados.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la reciente batida migratoria ha sido impulsada por una “cuota de arrestos arbitraria” y fundamentada en “amplios estereotipos basados en raza o etnia”.

Al detener a los tres jornaleros que son demandantes, lo único que los agentes de inmigración sabían sobre ellos es que eran latinos y vestían ropa de trabajo, según la demanda. Agrega que se han hecho redadas en mercados de pulgas y tiendas Home Depot, donde testigos señalan que los agentes federales agarraron a cualquiera que “pareciera hispano”.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, dijo en un correo electrónico que “cualquier afirmación de que los agentes se han ‘enfocado’ en individuos debido a su color de piel es repugnante y categóricamente falsa”.

McLaughlin añadió que “las operaciones policiales son altamente específicas, y los agentes hacen su debida diligencia” antes de realizar arrestos.

Después del fallo, señaló que “un juez de distrito está socavando la voluntad del pueblo estadounidense”.

El abogado de la ACLU Mohammad Tajsar dijo que Brian Gavidia, uno de los ciudadanos de Estados Unidos que fue detenido, fue “agredido físicamente... por ninguna otra razón que ser latino y trabajar en un taller de remolque en un vecindario predominantemente latinoamericano”.

Tajsar preguntó por qué los agentes de inmigración detuvieron a todos en un lavado de autos excepto a dos trabajadores blancos —según una declaración de un trabajador del lavado de autos— si la raza no era un factor.

Representando al gobierno, el abogado Sean Skedzielewski dijo que no había evidencia de que los agentes federales de inmigración consideraran la raza en sus arrestos, y que sólo tomaron en cuenta la apariencia como parte de la “totalidad de las circunstancias”, incluyendo vigilancia previa e interacciones con personas en el campo.

En algunos casos, también operaron con base en “paquetes individualizados y específicos”, agregó.

“El Departamento de Seguridad Nacional tiene políticas y capacitación para garantizar el cumplimiento de la Cuarta Enmienda”, alegó Skedzielewski.

La orden abre instalaciones a visitas de abogados

Abogados del Centro de Derecho de Defensores de Inmigrantes y otros grupos dicen que también se les ha negado el acceso a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el centro de Los Ángeles conocida como “B-18" en varias ocasiones desde junio, según documentos judiciales.

El abogado Mark Rosenbaum dijo que en un incidente el 7 de junio, los abogados “intentaron gritar derechos básicos” a las personas detenidas por agentes de inmigración en el centro de Los Ángeles que eran transportadas en autobús, y que entonces los conductores del gobierno tocaron sus bocinas para acallarlos y se lanzaron sustancias químicas similares al gas lacrimógeno.

Skedzielewski señaló que el acceso sólo se restringió para “proteger a los empleados y a los detenidos” durante protestas violentas, pero ya fue restablecido.

Rosenbaum indicó que a los abogados se les negó el acceso incluso en días sin manifestaciones cercanas, y que a las personas detenidas tampoco se les da suficiente acceso a teléfonos ni se les informa que hay abogados disponibles para ellos.

Añadió que la cárcel donde están los inmigrantes carece de alimentos y camas adecuadas, lo que calificó de “coercitivo” con el fin de que las personas firmen documentos para acordar salir del país antes de consultar a un abogado.

La orden del viernes impedirá que el gobierno utilice únicamente la raza o etnia aparente, el hecho de hablar español o inglés con acento, la presencia en lugares como un depósito de automóviles o un lavadero de autos, o la ocupación de una persona como base de sospecha razonable para detener a alguien. También exigirá a los funcionarios que permitan la visita de abogados en la B-18 los siete días de la semana y que los detenidos tengan acceso a llamadas telefónicas confidenciales con sus abogados.

Fiscales generales de 18 estados demócratas también presentaron informes en apoyo de las órdenes.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ya tenían prohibido realizar arrestos sin orden judicial en una gran franja del este de California después de que un juez federal emitiera un mandamiento preliminar en abril.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.