Siete detenidos, entre ellos seis militares, por presuntos vínculos con el narcotráfico en Chile
SANTIAGO (AP) — Las autoridades chilenas detuvieron a siete personas, entre ellos seis militares, por presuntamente integrar una banda criminal que traficaba drogas desde la frontera norte del país hacia la región Metropolitana de Santiago.
Las autoridades han estado haciendo un esfuerzos por contener el creciente tráfico de estupefacientes en el país.
Los seis suboficiales pertenecen a la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” y fueron detenidos durante un operativo en la portuaria ciudad de Iquique, en el extremo norte de Chile y cerca de la frontera con Bolivia, por su “presunta participación en delitos de tráfico de drogas y asociación criminal”, informó el lunes el Ejército en un comunicado.
Los implicados “fueron dados de baja de forma inmediata, conforme a lo que establece la normativa institucional vigente”, agregó la institución castrense, que expresó además su “tajante rechazo a cualquier comportamiento que sea constitutivo de delito”.
Asimismo, fueron apuntados por el Ministerio Público como miembros de una organización que se dedicaba a internar droga a través de pasos no habilitados desde la frontera con Bolivia, una de las principales puertas de entrada de sustancias ilícitas al país sudamericano.
Durante el operativo, llevado a cabo por Carabineros y la fiscalía, las autoridades igualmente incautaron de 161 kilos de cocaína y 29 kilos de pasta base, evaluadas en un valor comercial que supera los 3 millones de dólares. Igualmente confiscaron tres vehículos que eran utilizados para el transporte ilegal de las drogas.
En 2024 en Chile se decomisó una cifra récord de drogas, con más de 37 toneladas de narcóticos, un incremento de 15 toneladas respecto del año anterior, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Seguridad Pública.
En una posterior rueda de prensa, el titular del Ministerio Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó los hechos de “graves” y afirmó que hay algunas “interrogantes que se encuentran abiertas y van a ser objeto de investigación”, como la forma cómo se organizaban los presuntos miembros de la organización delictiva, el origen de la droga y quiénes eran sus distribuidores.
“Para el gobierno esta es una situación delicada, difícil desde el punto institucional”, aseguró. “Es clave como las instituciones reaccionan oportunamente frente a esto”.
Por su parte, la fiscal a cargo del caso, Trinidad Steinert, destacó que se trata de una “investigación que sigue en curso”, aunque explicó que según las primeras evidencias, los militares realizaban las acciones ilícitas cuando no estaban en sus funciones.