CIDH preocupada por amenaza a independencia judicial en caso de 4 menores asesinados en Ecuador
La gente enciende velas durante una vigilia frente al Ministerio de Defensa para exigir justicia por la desaparición de cuatro adolescentes en Quito, Ecuador, el miércoles 8 de enero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)
QUITO (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el miércoles el asesinato de cuatro menores en diciembre en Ecuador, tras ser detenidos por una patrulla militar, y expresó preocupación por amenazas a la independencia judicial en el caso que conmocionó al país andino.
El organismo expresó en un comunicado que el Estado ecuatoriano debe investigar, sancionar y reparar los hechos con diligencia, garantizando “que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar”.
El 8 de diciembre los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; Saúl Arboleda, de 14, y Steven Medina, de 11, desaparecieron en el sur de la ciudad costera de Guayaquil tras ser detenidos por militares y subidos a una camioneta al salir de un partido de fútbol.
El 31 de diciembre sus restos, que habían sido localizados incinerados una semana antes en las inmediaciones de una base militar, fueron identificados.
La CIDH manifestó además su preocupación por el pronunciamiento del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien advirtió con buscar sanciones para una jueza que antes de la localización de los cuerpos declarado la “desaparición forzada” y dispuso la búsqueda urgente de los menores.
Tales declaraciones “pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de derechos humanos en el país”, precisó el organismo.
Loffredo lanzó la advertencia durante unas disculpas públicas que emitió al país por considerar que la jueza dio paso a una “persecución política” contra las Fuerzas Armadas.
La CIDH también recordó la obligación del Estado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia.
Los 16 militares involucrados en el caso fueron acusados por la Fiscalía por la supuesta participación en el delito de desaparición forzada y actualmente están en prisión preventiva.
La versión militar señala que los menores fueron aprehendidos por robo, pero sus familiares y organizaciones de derechos humanos han rechazado esa versión.
Para Fernando Bastias, miembro del Comité de Defensa Permanente de los Derechos Humanos y abogado de los familiares, el pronunciamiento de la CIDH destaca “que esto no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una serie de decisiones gubernamentales en materia de seguridad”, como los estados de excepción declarados por el presidente Daniel Noboa para frenar la ola de violencia y que permiten la ejecución de operativos por parte de las fuerzas de seguridad.
Con esto, dijo Bastias a The Associated Press, la CIDH observa “el riesgo que conlleva la militarización de la seguridad ciudadana”.