Centrales obreras inician huelga en apoyo a consulta popular que tensiona el ambiente en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Las centrales obreras de Colombia iniciaron el miércoles una huelga de 48 horas para respaldar la consulta popular impulsada por el gobierno en la que los ciudadanos decidirán acerca de cambios en el sistema laboral y de salud y que se ha convertido en la nuez de la tensión política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Los sindicatos atienden un llamado directo del presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar Colombia, quien los animó a manifestarse en pro de sus derechos, al considerar que el Congreso está legislando de manera contraria a ellos.

En el centro del debate están los posibles cambios al sistema laboral que el gobierno ha intentado tramitar en el Congreso dos veces infructuosamente. La última derrota de marzo derivó en que Petro lanzara su propuesta de convocar a una consulta popular.

“El Congreso le dio un tanque de oxígeno al gobierno en un momento de mucha debilidad al rechazar la reforma laboral”, señaló a The Associated Press Mauricio Velásquez, doctor en Ciencias Políticas y docente de la Universidad de Los Andes. “Le dio la posibilidad de repetir la estrategia de utilizar el fracaso legislativo como una forma de agitar la arena política”, explicó.

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Tanto el camino de la reforma laboral como el de la consulta popular requieren de la aprobación del Congreso, donde el gobierno no goza de mayoría y al que Petro ha acusado de ejercer un “bloqueo constitucional”.

“Estamos diciéndole al Senado que no puede seguir legislando en contra de la clase trabajadora”, indicó el martes Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en un mensaje difundido a la prensa. “Por tal motivo exigimos que sea aprobada la consulta popular como mecanismo real para poder recuperar los derechos”, agregó.

Los sindicatos salieron a manifestarse con marchas y mítines en las principales ciudades. Desde la CUT aspiran a que al menos tres millones de trabajadores suspendan sus labores en todo el país. En Bogotá algunos manifestantes bloquearon carriles de buses públicos, lo que impidió la movilidad de miles de personas, según la alcaldía.

“Me movilizo porque siento que mis derechos han sido vulnerados, los de mi mamá, los de mis abuelos, generaciones tras generaciones... han sido regresivos”, dijo a la AP Yeimy Cante Toro, miembro del sindicato de trabajadores de organizaciones no gubernamentales, quien asistía en el centro de Bogotá a una manifestación nutrida por cientos de personas que tiene como punto de encuentro la Plaza de Bolívar, donde se ubica el Congreso.

Para Cante Toro, de 32 años, el paro nacional puede llegar a tener un impacto mayor en caso de que el Congreso no avance con las reformas sociales, al punto de reunir multitudes como sucedió en el estallido social de 2021, en el que las movilizaciones se sostuvieron por varias semanas.

El Senado negó la primera solicitud de la consulta popular hace dos semanas. Tras la agitada discusión, el gobierno acusó a la mesa directiva de fraude y de incurrir en errores, lo cual ha negado esta última.

La víspera el ministro del Interior, Armando Benedetti, aumentó la presión al Congreso al advertir que en caso de que no voten de nuevo la consulta popular, la expedirán por decreto el 1 de junio.

En paralelo, el gobierno radicó ante el Congreso una segunda solicitud de consulta popular sobre el sistema laboral, agregando algunas preguntas sobre el sistema de salud, que no ha sido discutido.

Las discusiones sobre la reforma laboral y la consulta popular se dan en medio de un ambiente preelectoral. En 2026 serán las elecciones legislativas y presidenciales y Petro busca consolidar su legado.

El Congreso también tiene en sus manos la reforma laboral luego de revivir el proyecto que se hundió en marzo con un mecanismo de apelación del archivo. Por tanto, la reforma está siendo discutida en un tercer debate y tendría que ser aprobada antes del 20 de junio para evitar un nuevo fracaso.

Sin embargo, ni el gobierno ni las centrales obreras ven con buenos ojos esa reforma porque consideran que se están desconociendo aspectos sustanciales.

Mientras el gobierno plantea que la jornada diurna culmine a las 6 de la tarde y luego comiencen las horas extras, en el Congreso se discute que la jornada sea hasta las 7. También hay discrepancias con los recargos dominicales y festivos; mientras el gobierno propone que sean del 100%, en el Congreso se discute un 75%.

Para el analista Velásquez el gobierno puede considerar que a este punto es más rentable la consulta popular en términos de legitimidad y cálculo para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en vez de lograr —como quería en un principio— una reforma laboral concertada con congresistas y empresarios. “Por eso vemos a un gobierno que está básicamente llamando a desconocer una iniciativa que era del mismo gobierno”, indicó.