Petro gana pulso jurídico: autoridad electoral no podrá investigarlo por financiación de su campaña
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, levanta un pulgar antes de firmar la reforma laboral, en Bogotá, Colombia, el miércoles 25 de junio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara)
BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro ganó el jueves un pulso jurídico que resolvió la Corte Constitucional al ordenar que sea el Congreso y no la autoridad electoral el que lo investigue por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que lo llevó al poder.
Se trata de una pesquisa abierta en octubre del año pasado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por supuestamente excederse en los gastos electorales en hasta 1,2 millones de dólares.
“Bien por la Corte Constitucional”, celebró Petro desde X, antes Twitter.
Petro presentó y ganó una tutela —un mecanismo de amparo— ante la Corte Constitucional pidiendo que se protegiese su derecho al debido proceso por el fuero especial del que goza por ser presidente. La corte ya había suspendido la investigación en el CNE mientras decidía de fondo.
La corte le dio la razón y ordenó que el CNE remita a la Cámara de Representantes la investigación adelantada por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de 2022. Agregó que la autoridad electoral podrá seguir investigando a otros integrantes de la campaña.
La investigación ha generado un debate político y jurídico en el país por el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, la cual es la encargada de investigar a quienes gozan de fuero como Petro y, en tal caso, hacerle un juicio político que lo pueda llevar a salir del cargo.
Petro ha negado cualquier irregularidad en la financiación de su campaña y advertido en varias ocasiones que existe un plan para sacarlo del poder impulsado por sus opositores utilizando las instituciones que ha denominado un “golpe blando” colombiano.
El CNE busca determinar si la campaña de Petro recibió fondos de “fuentes de financiación prohibidas” procedentes de sindicatos. De llegar a una sanción, puede imponer multas contra quienes administraron la campaña.