Tribunal de Paz en Colombia aclara a los exFARC que no habrá acumulación de penas por sus crímenes
BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia aclaró el lunes a la antigua cúpula de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no harán acumulación de penas al juzgarlos por los crímenes cometidos en el prolongado conflicto interno y, por tanto, las sanciones que recibirán no superarán el límite de los ocho años.
Se trata de una respuesta oficial para los exguerrilleros que en octubre del año pasado solicitaron un cierre jurídico para sus causas, debido a que consideran que el tribunal se ha centrado en investigar “indefinidamente” abriendo múltiples investigaciones durante más de siete años sin emitir sentencias.
“Ningún compareciente que haya aceptado su responsabilidad va a cumplir una sanción superior a ocho años... Nunca va a haber una acumulación de penas”, dijo a la prensa el presidente del tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, quien considera que la respuesta busca dar “seguridad jurídica” a los excombatientes.
El Tribunal de Paz o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creado tras el acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la guerrilla de las FARC, la que fuera la más antigua de Latinoamérica, después de cinco décadas de confrontaciones. Ante la JEP comparecen miles de exguerrilleros, militares y civiles que estuvieron involucrados en el conflicto.
La JEP mantiene abiertas 11 macro investigaciones por delitos como secuestros, reclutamiento y utilización de menores, crímenes no amnistiables y violencia basada en género.
El Tribunal aseguró que tienen como prioridad emitir sentencias en los dos casos más avanzados: secuestros y ejecuciones extrajudiciales presentadas por militares como bajas en combate, conocidos como “falsos positivos”.
La antigua cúpula de las FARC pidió a la JEP que emitiese una “resolución única de conclusiones”, un documento que contiene propuestas de sanciones para los acusados en favor de las víctimas y son el paso previo para las sentencias, para evitar que hubiese múltiples documentos que complicaran la resolución de su situación jurídica, debido a que un sólo exguerrillero puede ser acusado de múltiples crímenes.
El presidente de la JEP explicó a la prensa que se preguntaron sobre la ruta que más seguridad jurídica va a brindar a los ex FARC y decidieron que emitirán una resolución de conclusiones única por cada compareciente a partir de las distintas investigaciones que vayan avanzando.
La JEP puede ordenar sanciones que no implican ir a la cárcel, pero sí restricciones de libertades y derechos de residencia y movimiento, para los comparecientes que aporten “verdad” en los casos de los que son acusados y se comprometan a reparar a las víctimas. Quienes nieguen su responsabilidad irán a juicio y podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
El tribunal no resolvió si aceptaba o no la declaración de la antigua cúpula guerrillera de renunciar al derecho a la presunción de inocencia respecto a los delitos que se les han atribuido para acelerar el proceso judicial. La JEP aseguró en un comunicado que tomó “atenta nota” de la petición.