Estados de EEUU pueden cortar los fondos de Medicaid a Planned Parenthood, dice la Corte Suprema

WASHINGTON (AP) — Los estados pueden impedir que el mayor proveedor de abortos del país, Planned Parenthood, reciba dinero de Medicaid para servicios de salud como anticoncepción y exámenes de detección de cáncer, dictaminó el jueves la Corte Suprema.

La opinión de 6-3, redactada por el juez Neil Gorsuch y respaldada por el resto de los conservadores de la Corte, no trataba directamente sobre el aborto, pero se produce mientras los republicanos apoyan un impulso más amplio en todo el país para desfinanciar a la organización. También cierra el principal camino judicial de Planned Parenthood para mantener la financiación de Medicaid: las demandas de los pacientes.

Aunque la ley de Medicaid permite que las personas elijan su propio proveedor, los jueces determinaron que eso no constituye un derecho exigible en los tribunales. La corte se dividió a lo largo de líneas ideológicas, con los tres liberales disintiendo en el caso de Carolina del Sur.

En general, el dinero público para la atención médica no puede usarse para pagar abortos, pero los pacientes de Medicaid acuden a Planned Parenthood por otras necesidades, en parte, porque puede ser difícil hallar un médico que acepte el seguro financiado públicamente, ha dicho la organización.

El gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, dice que la organización no debería recibir ningún dinero de los contribuyentes. El proyecto de ley presupuestaria, respaldado por el presidente Donald Trump en el Congreso, también recortaría la financiación de Medicaid para Planned Parenthood. Eso podría obligar a cerrar unos 200 centros, la mayoría de ellos en estados donde el aborto es legal, ha dicho la organización.

McMaster intentó cortar la financiación de Medicaid para Planned Parenthood por primera vez en 2018, pero fue bloqueado en los tribunales tras una demanda de una paciente llamada Julie Edwards. Edwards quería seguir acudiendo allí para obtener anticonceptivos debido a que su diabetes hace que el embarazo sea potencialmente peligroso, por lo que demandó sobre una disposición en la ley de Medicaid que permite que los pacientes elijan su propio proveedor calificado.

Sin embargo, Carolina del Sur argumentó que los pacientes no deberían poder presentar esas demandas. El estado señaló a tribunales inferiores que han sido influenciados por argumentos similares y han permitido que estados como Texas bloqueen la financiación de Medicaid para Planned Parenthood.

La mayoría del máximo tribunal estuvo de acuerdo.

“Decidir si se debe permitir la aplicación privada plantea delicadas cuestiones de política que involucran costos y beneficios en competencia: decisiones para representantes electos, no jueces”, escribió Gorsuch. Los pacientes pueden apelar a través de otros procesos administrativos si se les niega la cobertura, señaló.

McMaster aplaudió el fallo del alto tribunal. “Hace siete años, asumimos una postura para proteger la santidad de la vida y defender la autoridad y los valores de Carolina del Sur, y hoy, finalmente, salimos victoriosos”, dijo en un comunicado.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, calificó la opinión como “una gran victoria para el sentido común” y dijo que subraya la posición del presidente republicano de que los estados deberían determinar la política sobre el aborto.

En un disenso al que se unieron sus colegas liberales, la jueza Ketanji Brown Jackson dijo que el fallo “probablemente provocaría un daño tangible a personas reales”.

“Privará a esos habitantes de Carolina del Sur, y a innumerables beneficiarios más de Medicaid en todo el país, de una libertad profundamente personal: la ‘capacidad de decidir quién nos trata en nuestros momentos más vulnerables’”, escribió.

Funcionarios de Planned Parenthood señalaron que la decisión obstaculizará el acceso a la atención, como exámenes preventivos, para un millón de beneficiarios de Medicaid en Carolina del Sur. El estado no acusó a Planned Parenthood de proporcionar atención inadecuada, dijo, calificando la decisión de cortarlo como una política.

“En lugar de que los pacientes decidan ahora dónde recibir atención, eso ahora recae en el estado”, dijo Katherine Farris, directora médica de Planned Parenthood South Atlantic. “Si caen en tiempos financieros difíciles, como muchos lo están ahora, son fundamentalmente menos libres”.

Se espera que otros estados conservadores sigan el ejemplo de Carolina del Sur con recortes de financiación, lo que podría crear una “prohibición del aborto por la puerta trasera”, dijo Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Federation of America. Dieciocho estados intervinieron en el caso en apoyo de Carolina del Sur.

Los pacientes de Medicaid constituyen el 3,5% de los pacientes de Planned Parenthood en Carolina del Sur que acuden por servicios no relacionados con el aborto o la atención de afirmación de género, de acuerdo con funcionarios. Debido a que Carolina del Sur no ha ampliado su programa de Medicaid, los reembolsos no cubren sus costos de atención preventiva, detalló la portavoz Molly Rivera.

Planned Parenthood continuará brindando atención a las mujeres que la necesiten en Carolina del Sur, pero no facturará al gobierno, dijo Vicki Ringer, portavoz de la sucursal de Carolina del Sur.

“Esto no nos cierra a pesar de los mejores esfuerzos del gobernador”, sostuvo Ringer.

Hasta una cuarta parte de la población en Estados Unidos utiliza Medicaid, y las demandas han sido la única forma real en que han podido asegurarse de poder elegir a su médico, según documentos judiciales presentados por la Sociedad Americana del Cáncer y otros grupos de salud pública. Eliminar la capacidad de demandar podría reducir el acceso a la atención médica, especialmente en áreas rurales, dijeron los defensores.

Las demandas de los pacientes son una herramienta de responsabilidad importante porque los reguladores “no pueden monitorear todos los requisitos federales en todos los estados en todo momento”, explicó Julian Polaris, un abogado que asesora regularmente a programas estatales y proveedores de atención médica. El fallo plantea preguntas sobre si los pacientes aún pueden demandar para asegurar servicios médicamente necesarios y determinaciones de elegibilidad, dijo.

En Carolina del Sur, 90.000 dólares en financiación de Medicaid van a Planned Parenthood cada año, una pequeña fracción del gasto total de Medicaid del estado. Éste prohibió el aborto alrededor de las seis semanas de gestación después de que el máximo tribunal lo revocara como un derecho nacional en 2022. El grupo conservador cristiano de defensa legal Alliance Defending Freedom, que representó a los funcionarios de Carolina del Sur, dijo que el fallo permitirá al estado destinar el dinero de Medicaid a “ atención médica integral” para pacientes de bajos ingresos .

___

Los periodistas de The Associated Press Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, y Meg Kinnard contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.