Gobierno de Trump pide a Corte Suprema que anule orden de juez sobre deportaciones a Sursudán

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump solicitó el martes a la Corte Suprema que revoque una orden judicial que permite a los migrantes impugnar sus deportaciones a Sudán del Sur, una apelación que llegó horas después de que el juez insinuara que la administración de Trump estaba “fabricando” caos y que esperaba que “la razón prevalezca sobre la retórica”.

El juez Brian Murphy, de Boston, determinó que la Casa Blanca violó una orden judicial con un vuelo al país africano para deportar a personas de otros países que habían sido condenadas por delitos en Estados Unidos. Dijo que esos migrantes deben tener una oportunidad real de ser escuchados si temen que ser enviados allí podría ponerlos en peligro.

En una apelación de emergencia, el gobierno federal argumentó que Murphy ha retrasado sus planes para llevar a cabo deportaciones de migrantes que no pueden ser devueltos a sus países de origen. Encontrar países dispuestos a aceptarlos es “una empresa diplomática delicada” perjudicada por los requisitos judiciales, escribió el procurador general D. John Sauer.

Murphy, por su parte, dijo que le había dado al gobierno de Trump “una flexibilidad notable con una supervisión mínima” en el caso, y enfatizó las numerosas veces que intentó trabajar con el gobierno, según una orden publicada el lunes por la noche.

Se trata del más reciente caso en que los jueces federales que sopesan la legalidad de la amplia agenda de la Casa Blanca han utilizado un lenguaje contundente, e incluso mordaz, para expresar su descontento. El gobierno de Trump ha acusado a los jueces de frustrar la voluntad de los votantes al frenar o ralentizar la agenda del presidente.

El juez dijo que los hombres no podían abogar por sí mismos

En una audiencia realizada la semana pasada y convocada para abordar los reportes de que ocho migrantes habían sido enviados a Sudán del Sur, Murphy dijo que los hombres no habían podido argumentar que la deportación podría ponerlos en peligro.

Pero en lugar de ordenar al gobierno que los devolviera a Estados Unidos para participar en audiencias, como querían los demandantes, le dio la opción de realizar las audiencias en Yibuti, adonde había volado el avión en su camino a Sudán del Sur, siempre y cuando los hombres permanecieran bajo custodia del gobierno estadounidense. Días después, el gobierno de Trump presentó otra moción en la que alegaba que Murphy les exigía mantener a “criminales peligrosos en un lugar delicado”.

Murphy, sin embargo, señaló que fue “sugerencia” del propio gobierno que se le permitiera procesar las reclamaciones de los hombres mientras aún estaban en el extranjero.

“Resulta que tener procedimientos de inmigración en otro continente es más difícil y logísticamente más engorroso de lo que previeron los demandados”, escribió Murphy, quien fue nombrado al cargo por el presidente Joe Biden, un demócrata.

El gobierno ha argumentado que los hombres tenían antecedentes con el sistema de inmigración, y que habían tenido oportunidades para expresar su temor de ser deportados a un país que no fuera su tierra natal. También ha dicho que el país de origen de los migrantes —Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur— no los aceptaría de regreso.

“El proceso inventado por el tribunal de distrito ofrece poco más que un retraso. Si bien ciertos extranjeros pueden beneficiarse de retrasar su expulsión, la nación no”, escribió Sauer. Mantener a los migrantes en Yibuti también ha tensado las relaciones de Estados Unidos con ese país, han dicho las autoridades.

El gobierno también ha señalado repetidamente los antecedentes penales en Estados Unidos de los hombres deportados, y los ha descrito como amenazas a la seguridad nacional.

EEUU se apoya en terceros países

El gobierno de Trump ha dependido cada vez más de que terceros países acepten a migrantes que no pueden ser enviados a sus naciones de origen por diversas razones. Algunas simplemente se niegan a aceptar a sus ciudadanos deportados, mientras que otras reciben a algunos, pero no a todos. Y otros más no pueden ser enviados a sus países de origen debido a preocupaciones de que serán torturados o lastimados.

Históricamente, eso ha significado que las autoridades de inmigración han tenido que liberar en Estados Unidos a personas a las que quieren deportar, pero no pueden.

Pero el gobierno de Trump ha presionado a otros países para que los acepten. En el hemisferio occidental, El Salvador, Costa Rica y Panamá han acordado aceptar a algunas personas que están siendo deportadas de Estados Unidos, siendo El Salvador el ejemplo más controvertido porque retiene a personas deportadas de Estados Unidos en una notoria prisión.

El gobierno de Trump ha dicho que estudia otros terceros países para enviar allí a los deportados.

Murphy dijo en su orden que a los 8 hombres se les informó inicialmente el 19 de mayo que irían a Sudáfrica y luego, ese mismo día, se les dijo que serían enviados a Sudán del Sur. El juez señaló que el gobierno de Estados Unidos “ha emitido advertencias severas” con respecto a ese país.

Afirmó que los hombres tuvieron menos de 16 horas entre el momento en que les informaron que serían expulsados y su llegada al aeropuerto, “la mayoría de las cuales fueron horas no laborables” y que tuvieron una posibilidad “limitada, como máximo” de hablar con sus familias o con un abogado. “Dada la totalidad de las circunstancias, es difícil tomar en serio la idea de que los demandados pretendían que estos individuos tuvieran alguna oportunidad real de hacer una reclamación válida”, escribió el juez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.