Escuelas públicas de NY dicen que no cumplirán orden de Trump contra diversidad, equidad e inclusión

Las autoridades del estado de Nueva York informaron a la administración del presidente Donald Trump que no cumplirán con sus exigencias de poner fin a las prácticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas, a pesar de sus amenazas de cancelar la financiación federal para la educación.

Daniel Morton-Bentley, asesor y subcomisionado del Departamento de Educación del estado, expresó en una carta fechada el viernes y dirigida al Departamento de Educación federal que las autoridades estatales no creen que la agencia federal tenga autoridad para hacer tales demandas.

“Entendemos que la administración actual busca censurar cualquier cosa que considere ‘diversidad, equidad e inclusión’”, escribió. “Pero no existen leyes federales o estatales que prohíban los principios de la DEI”.

Morton-Bentley también escribió que las autoridades estatales “desconocían” que el Departamento de Educación federal tuviera alguna autoridad para exigir que los estados estén de acuerdo con su interpretación de las decisiones judiciales o para cancelar la financiación sin un proceso administrativo formal.

Hasta el momento, el Departamento de Educación de Estados Unidos no ha respondido a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

El jueves, el gobierno de Trump ordenó a las escuelas de educación básica de todo el país que certifiquen, en un plazo de diez días, su cumplimiento con las leyes federales de derechos civiles y la eliminación de cualquier práctica discriminatoria de DEI como condición para recibir financiación federal.

“La asistencia financiera federal es un privilegio, no un derecho”, dijo en un comunicado Craig Trainor, secretario asistente interino de derechos civiles, cuando se presentó la demanda. Afirmó que muchas escuelas han incumplido sus obligaciones legales, “incluyendo el uso de programas de DEI para discriminar a un grupo de estadounidenses en favor de otro”.

En la demanda de certificación se pide a los líderes estatales y escolares que firmen un “recordatorio de obligaciones legales” donde reconocen que su financiación federal está condicionada al cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles. También se exige el cumplimiento de varias páginas de análisis legal escrito por la administración.

La demanda amenaza específicamente la financiación del Título I, que envía miles de millones de dólares al año a las escuelas de Estados Unidos y se centra en las áreas de bajos ingresos.

Morton-Bentley escribió que el Departamento de Educación del estado ya ha certificado en múltiples ocasiones ante gobierno federal que cumple con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, siendo la más reciente en enero. Dijo que el departamento federal basa sus demandas para poner fin a los programas de DEI en una interpretación legal errónea.

“Dado el hecho de que ya están en posesión de garantías por parte del NYSED (Departamento de Educación de Nueva York) de que ha cumplido y cumplirá con el Título VI, no se proporcionará ninguna certificación adicional”, escribió.

También señaló que la postura de la administración es un “cambio abrupto” respecto a la asumida por la primera administración de Trump, y citó comentarios hechos en 2020 por la entonces secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, de que la diversidad y la inclusión eran “piedras angulares del alto rendimiento organizacional”. Escribió que la administración no ha proporcionado ninguna explicación de por qué cambió de postura.

Los críticos de la demanda de certificación dijeron que entraba en conflicto con la promesa de Trump de devolver la educación a las escuelas y los estados.

La amenaza de sanciones financieras es similar a las que el gobierno de Trump ha utilizado contra las universidades en su esfuerzo por reprimir las protestas contra Israel, que considera antisemitas.

El estado de Nueva York se ha negado de manera similar a cumplir con una demanda del gobierno de Trump de eliminar un programa para financiar el transporte público en la ciudad de Nueva York imponiendo altos peajes a los automóviles que ingresan a Manhattan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.