Juez prohíbe deportar a venezolanos desde el sur de Texas bajo ley de guerra del siglo XVIII

Un juez federal le prohibió el jueves al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump deportar a cualquier venezolano desde el sur de Texas amparándose en una ley de guerra del siglo XVIII, y dijo que el hecho de que el mandatario haya invocado la ley es “ilegal”.

El juez de distrito Fernando Rodriguez Jr. es el primer juez en dictaminar que la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, por sus siglas en inglés) no puede ser utilizada contra personas que, según el gobierno republicano, son pandilleros que invaden Estados Unidos. Rodriguez indicó que no interferiría con el derecho del gobierno a deportar a personas que se encuentren ilegalmente en el país por otros medios, pero que no podía ampararse en la ley de 227 años para hacerlo.

“Ni el Tribunal ni las partes cuestionan que el poder ejecutivo puede ordenar la detención y expulsión de extranjeros que participen en actividades delictivas en Estados Unidos”, escribió Rodriguez, quien fue nominado por Trump en 2018. Sin embargo, señaló que “la invocación de la AEA por parte del presidente a través de la proclama excede el alcance del estatuto y es contraria al significado claro y convencional de los términos del estatuto”.

En marzo, Trump emitió una proclama en la que afirmó que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos. Alegó que tenía poderes especiales para deportar a inmigrantes —que su gobierno había determinado que eran miembros de pandillas— sin tener que pasar por los procedimientos judiciales habituales.

“El Tribunal concluye que la invocación de la AEA por parte del presidente a través de la proclama excede el alcance del estatuto y, en consecuencia, es ilegal”, escribió Rodriguez.

El gobierno de Trump criticó el fallo.

“El gobierno de Trump está comprometido a usar sin remordimientos todas las palancas de poder que la Constitución y el Congreso le otorgan al poder ejecutivo para cumplir con este mandato, y estamos seguros de que a la larga prevaleceremos para el pueblo estadounidense”, manifestó en un comunicado Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

El líder de la bancada hispana en el Congreso estadounidense, el representante demócrata Adriano Espaillat, indicó en un comunicado que el juez dejó en claro “lo que todos sabíamos que era verdad: que el gobierno de Trump usó ilegalmente la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a personas sin el debido proceso”.

Dicha ley sólo se ha utilizado tres veces antes en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se citó para internar a estadounidenses de ascendencia japonesa.

La proclama desencadenó una ola de litigios mientras el gobierno intentaba enviar a migrantes acusados de ser pandilleros a una notoria prisión en El Salvador.

El fallo de Rodriguez es significativo porque es la primera orden judicial permanente y formal contra del uso de la AEA por parte del gobierno, y sostiene que el presidente está haciendo uso indebido de esa ley. “El Congreso nunca tuvo la intención de que esta ley se usara de esta manera”, expresó Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que argumentó el caso, en respuesta al fallo.

Rodriguez estuvo de acuerdo, e hizo notar que la ley sólo se ha utilizado durante las dos Guerras Mundiales y la Guerra de 1812. Trump alegó que el Tren de Aragua actuaba bajo las órdenes del gobierno venezolano, pero Rodriguez encontró que las actividades denunciadas por el gobierno no equivalían a una invasión ni “incursión depredadora”, según requiere la ley.

“La proclamación no hace referencia ni plantea de ninguna manera que exista una amenaza de un grupo organizado y armado de individuos que estén entrando a Estados Unidos bajo órdenes de Venezuela para conquistar el país o asumir el control de una parte de la nación”, escribió Rodriguez. “Por lo tanto, no puede interpretarse que el lenguaje de la proclama describa conductas que caen dentro del significado de ‘invasión’ para los efectos de la AEA”.

Si el gobierno apela, su impugnación pasaría primero al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans. Esa es una de las cortes de apelaciones más conservadoras del país, y también ha fallado en contra de lo que consideró una extralimitación en asuntos de inmigración por parte de los gobiernos del presidente Barack Obama y el presidente Joe Biden. En esos casos, los gobiernos demócratas habían intentado facilitar que los inmigrantes permanecieran en el país.

El gobierno, de la misma manera en que lo ha hecho en otros casos que impugnan su visión expansiva del poder presidencial, podría recurrir a los tribunales de apelación, incluida la Corte Suprema federal, en forma de una petición de emergencia para que se emita una suspensión en lo que se resuelve la apelación.

La Corte Suprema ya ha intervenido una vez en el tema de las deportaciones bajo la AEA. Los jueces sostuvieron que a los migrantes acusados de ser miembros de pandillas se les debe dar un “tiempo razonable” para impugnar su expulsión del país. La corte no ha especificado a cuánto asciende dicho periodo.

Es posible que la parte perdedora ante el Quinto Circuito presente una apelación de emergencia ante los jueces, en la cual también les pediría que interrumpan la acción de los tribunales inferiores a favor de un fallo definitivo del máximo tribunal del país. Tal decisión probablemente estaría a meses de distancia, cuando menos.

El caso de Texas es sólo una pieza de un enredo de litigios desatados por la proclama de Trump.

En un principio la ACLU presentó una demanda en la capital del país para bloquear las deportaciones. El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una suspensión temporal de las expulsiones y le ordenó al gobierno que se asegurara que los aviones que habían salido con detenidos a bordo en dirección a El Salvador dieran media vuelta y regresaran al país, una directriz que aparentemente fue ignorada. Más tarde, la Corte Suprema intervino.

Los jueces intervinieron nuevamente a fines del mes pasado con una orden inusual emitida después de la medianoche, en la que detuvieron las deportaciones desde el norte de Texas, donde la ACLU sostenía que el gobierno se preparaba para la partida de otra ronda de vuelos en dirección a El Salvador.

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Riccardi reportó desde Denver. Contribuyeron a este despacho los corresponsales Lindsay Whitehurst y Mark Sherman.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.