Departamento de Justicia busca anular acuerdos de reforma policial en Minneapolis y Louisville
El logo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el podio, antes de una conferencia de prensa de la secretaria de Justicia Pam Bondi en Washington el 6 de mayo del 2025 (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
MINNEAPOLIS (AP) — El Departamento de Justicia se movió el miércoles para cancelar los acuerdos con Minneapolis y Louisville que exigían una reforma de sus departamentos de policía tras los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, que se convirtieron en el catalizador de las protestas nacionales contra la injusticia racial en el verano de 2020.
La administración Trump también anunció que estaba retractándose de los hallazgos de las investigaciones del Departamento de Justicia en otros seis departamentos de policía que la administración Biden había acusado de violaciones de derechos civiles. Es un cambio dramático para un departamento que, bajo el presidente Joe Biden, había impulsado agresivamente la supervisión federal de las fuerzas policiales que acusaba de abusos generalizados.
“Es nuestra opinión en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia bajo la administración Trump que la microgestión federal de la policía local debería ser una excepción rara, y no la norma”, dijo a los periodistas la fiscal general Adjunta Harmeet Dhillon, quien lidera la división.
“Los detalles de la política policial, contratación, entrenamiento, gestión, promoción y políticas internas se deben decidir mejor a nivel local, donde hay responsabilidad local y control local sobre los temas de financiamiento y políticas”, declaró Dhillon.
Después de un informe contundente del Departamento de Justicia en 2023, Minneapolis aprobó en enero un decreto de consentimiento con el gobierno federal en los últimos días de la administración Biden para reformar sus políticas de entrenamiento y uso de la fuerza bajo supervisión judicial.
El acuerdo requería la aprobación de un tribunal federal en Minnesota. Sin embargo, la administración Trump obtuvo una demora poco después de asumir el cargo mientras consideraba sus opciones, y el miércoles informó al tribunal que no tiene la intención de proceder. Planeaba presentar una moción similar en un tribunal federal en Kentucky.
“Después de una revisión exhaustiva por parte de la actual dirección del Departamento de Justicia y la División de Derechos Civiles, Estados Unidos ya no cree que el decreto de consentimiento propuesto sea de interés público”, declaró la moción de Minnesota, firmada por Andrew Darlington, jefe interino de la sección de litigios especiales de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. “Estados Unidos ya no seguirá en este asunto”, añadió.
El Departamento de Justicia anunció su decisión justo antes del quinto aniversario del asesinato de George Floyd. El entonces oficial Derek Chauvin usó su rodilla el 25 de mayo de 2020 para inmovilizar al hombre negro en el pavimento durante nueve minutos y medio en un caso que provocó protestas en todo el mundo y un examen de conciencia nacional con el racismo y la brutalidad policial.
Sin embargo, no se esperan cambios inmediatos que afecten al Departamento de Policía de Minneapolis, que opera bajo un decreto de consentimiento similar con el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota.
El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, reiteró en una conferencia de prensa el martes que su departamento cumplirá con los términos del acuerdo federal tal como fue firmado, independientemente de lo que decida la administración Trump.
La ciudad en 2023 llegó a un acuerdo de conciliación con el Departamento de Derechos Humanos del estado para rehacer la vigilancia policial, bajo supervisión judicial, después de que la agencia emitiera un informe contundente en 2022 que encontró que la policía había mantenido durante mucho tiempo un patrón de discriminación racial.
La comisionada de Derechos Humanos de Minnesota, Rebecca Lucero, expresó que el decreto del tribunal estatal “no va a ninguna parte”.
“Bajo el acuerdo estatal, la ciudad y el departamento de policía deben realizar cambios transformadores para abordar la vigilancia policial basada en la raza”, expresó Lucero. “La enorme cantidad de trabajo que queda por delante para la ciudad, incluido el departamento de policía, no puede subestimarse. Y nuestro departamento estará aquí en cada paso del camino”, agregó.
En Kentucky, la ciudad de Louisville había llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia para reformar su departamento policial después de una investigación impulsada por la muerte de Taylor y el trato policial a los manifestantes.
El acuerdo, alcanzado en los últimos días de la administración Biden, necesitaba la aprobación del tribunal para avanzar. El decreto de consentimiento siguió a una investigación federal que encontró que la policía de Louisville participó en un patrón de violaciones de derechos constitucionales y discriminación contra la comunidad negra.
El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, advirtió que la ciudad sigue comprometida con la reforma de su fuerza policial.
“Este no es el resultado que esperábamos cuando estuvimos aquí en diciembre y anunciamos el decreto”, dijo sobre el intento de desestimar el caso. “Es un resultado para el que nos hemos preparado”.
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Richer reportó desde Washington. Bruce Schreiner en Louisville contribuyó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.