Oficina antes dedicada a defender personas con discapacidad ahora se centra en prioridades de Trump

WASHINGTON (AP) — La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación es conocida principalmente por hacer que las personas con discapacidades en Estados Unidos tengan los servicios que necesitan en las escuelas. Pero bajo la presidencia de Donald Trump, está asumiendo un papel protagónico en sus batallas políticas.

Los funcionarios designados por Trump han detenido miles de casos pendientes mientras abren nuevas investigaciones alineadas con las promesas de campaña del presidente. Empleados de carrera han sido marginados y presionados para renunciar, y aquellos que permanecen están siendo obligados a reenfocar sus prioridades en el antisemitismo, los problemas transgénero y las quejas contra los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Un memorando del viernes del jefe de la oficina de derechos civiles anunció que los casos de antisemitismo son ahora la máxima prioridad, apuntando a las universidades donde las protestas propalestinas han traído acusaciones de antisemitismo. Esto siguió a una decisión de recortar 400 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Columbia, donde el sábado las autoridades de inmigración arrestaron a un activista palestino que estaba involucrado en liderar protestas estudiantiles.

En juego están los tipos de casos en los que la oficina tradicionalmente se ha enfocado: estudiantes con discapacidades que necesitan servicios que no están recibiendo, o estudiantes que enfrentan acoso relacionado con el color de su piel.

Es normal que las nuevas administraciones presidenciales pausen los casos de derechos civiles mientras se adaptan, pero esta transición trajo un congelamiento más largo y rígido que otros. Los funcionarios de Trump levantaron el congelamiento para los casos de discapacidad el 20 de febrero, y la semana pasada, la nueva secretaria de Educación, Linda McMahon, anunció que todos los casos podrían reanudarse con normalidad.

Durante el primer mes de Trump en el cargo, la Oficina de Derechos Civiles resolvió alrededor de 50 casos, según un empleado que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. En comparación, la oficina resolvió más de 3.000 quejas en el mismo período del primer mandato de Trump, y casi 500 bajo el entonces presidente Joe Biden.

Incluso los casos más urgentes, que tradicionalmente reciben excepciones, permanecieron inactivos durante el congelamiento. A los abogados del personal se les ordenó no responder a llamadas o correos electrónicos externos, dejando varadas a las familias.

Otro miembro del personal de la oficina de derechos civiles describió correos electrónicos desesperados de padres cuyos colegios se negaron a hacer adaptaciones para las discapacidades de sus hijos. “Simplemente estábamos ignorando sus correos electrónicos”, reveló la persona, que también habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Tylisa Guyton de Taylor, Michigan, presentó una queja ante la Oficina de Derechos Civiles el 20 de enero por las repetidas suspensiones de su hijo de 16 años en un distrito escolar suburbano de Detroit, alegando que un administrador blanco estaba discriminando contra él y un grupo de otros niños negros. El adolescente ha estado fuera de la escuela desde el 4 de diciembre. Incluso mientras se reanudan las investigaciones, no ha recibido noticias de la agencia de derechos civiles.

“Él sigue preguntando todos los días, ‘¿Cuándo puedo volver a la escuela?’” relató Guyton sobre su hijo.

El memorando del viernes informó a los empleados que el antisemitismo sería una “prioridad de investigación y aplicación”. Agregó que el memorando no debe interpretarse como “despriorizar” ninguna otra forma de actividad” de la oficina. Pero los empleados insistieron en que ese es el resultado más probable, ya que las filas menguantes de empleados enfrentan cargas de trabajo más pesadas relacionadas con la agenda del presidente.

El lunes, el Departamento de Educación envió una carta a 60 universidades advirtiendo que podrían perder fondos federales si no logran hacer que los campus sean seguros para los estudiantes judíos. La lista incluye a Harvard, Cornell y muchas otras donde las protestas propalestinas llevaron a acusaciones de antisemitismo.

La política suele influir en las prioridades de la oficina hasta cierto punto, y los republicanos también acusaron a los funcionarios de Biden de ir demasiado lejos cuando abrieron casos sobre prohibiciones de mascarillas COVID-19 o en apoyo a estudiantes transgénero. Pero varios empleados de larga data revelaron que esta es la primera vez que ven casos vinculados a agendas políticas desplazando a su trabajo cotidiano.

Trump ha pedido un cierre total del Departamento de Educación, llamándolo “una farsa” infiltrada por izquierdistas. En su audiencia en el Senado, McMahon aseveró que sería mejor si la oficina de derechos civiles se trasladara al Departamento de Justicia.

Algunos casos están avanzando, pero otros parecen estar estancados, afirmó Marcie Lipsitt, una defensora de la educación especial en Michigan.

“Les he dicho a todos, ‘Van a tener que luchar más para la rendición de cuentas porque con este gobierno no hay rendición de cuentas en el Departamento de Educación y de hecho probablemente no habrá más un Departamento de Educación’”, indicó.

Al mismo tiempo, los funcionarios de Trump han continuado abriendo sus propias “investigaciones dirigidas”, indagaciones proactivas que se apartan del trabajo típico de la oficina en respuesta a quejas. La oficina ha abierto más de una docena de tales investigaciones, muchas dirigidas a presionar a las universidades para que dejen de permitir a los atletas transgénero o para que adopten una postura más dura contra los manifestantes propalestinos.

Esto se traduce en más trabajo para menos empleados en la oficina de aproximadamente 500 trabajadores. Los empleados dicen que las oficinas de campo en todo el país fueron afectadas después de que decenas de trabajadores del departamento fueron puestos en licencia en respuesta a las órdenes de Trump contra los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión. Muchos otros aceptaron indemnizaciones a cambio de renuncias, dejando algunas oficinas de campo sin administradores en puestos clave de liderazgo.

Los cambios menores en la oficina podrían tener un impacto desproporcionado. Las quejas no pueden avanzar a menos que el demandante firme un formulario de consentimiento que permita que su nombre sea divulgado durante la investigación. Durante años, la oficina envió recordatorios si el formulario no se presentaba; los padres a menudo no sabían que era necesario. Pero un manual actualizado de la administración Trump elimina los recordatorios.

Los empleados dicen que esto significa que más casos serán desestimados por un tecnicismo.

Algunos defensores de la educación especial han comenzado a presentar más casos ante agencias estatales, explicó Brandi Tanner, una psicóloga y defensora de la educación especial con sede en Atlanta. En conversaciones en una reciente conferencia en California, los defensores de la discapacidad expresaron incertidumbre y ansiedad, afirmó Tanner.

“Estamos asustados, pensando qué más va a ocurrir”, dijo. “¿Perderán los estudiantes sus derechos?”

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Hollingsworth reportó desde Mission, Kansas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.