Funcionarios electorales cuestionan a agencia por orden de Trump que busca cambios en las elecciones

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Funcionarios electorales estatales y locales de todo Estados Unidos cuestionaron el jueves a los líderes de una agencia federal encargada por el presidente Donald Trump de implementar partes de su orden ejecutiva de reforma electoral , con algunos expresando preocupaciones sobre las consecuencias para los votantes y las personas a cargo de la votación.

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés), una agencia federal independiente y bipartidista, está en el centro de la orden de Trump del 25 de marzo que instruye a la comisión a actualizar el formulario nacional de registro de votantes para incluir un requisito de prueba de ciudadanía y revisar las pautas para los sistemas de votación. Trump también quiere que retenga fondos federales de cualquier estado que continúe aceptando boletas después del día de las elecciones, incluso si tienen matasellos para entonces.

Si el presidente republicano puede ordenar a una agencia independiente que actúe y si la comisión tiene la autoridad para hacer lo que Trump quiere, probablemente se resolverá en los tribunales.

Un juez federal emitió el jueves una orden judicial preliminar bloqueando que el requisito de prueba de ciudadanía avance mientras se desarrollan los desafíos legales sobre la orden ejecutiva de Trump.

El jueves, la Junta de Estándares de la comisión, un grupo asesor bipartidista de funcionarios electorales de cada estado, celebró su reunión anual en Carolina del Norte. Fue una de las primeras conversaciones mantenidas por aquellos que supervisan la votación nacional sobre las implicaciones de la orden ejecutiva de Trump.

La reunión fue en gran medida una oportunidad para que los funcionarios electorales preguntaran a los cuatro comisionados de la EAC sobre la orden ejecutiva de Trump y compartieran sus preocupaciones sobre sus efectos en la administración electoral y la votación.

“Puedo ver en sus rostros que hay mucha preocupación en esta sala por este proceso y otros aspectos del mismo”, dijo el comisionado Thomas Hicks. “Y les animaría encarecidamente a que nos envíen comentarios al respecto”.

Un funcionario electoral de Utah expresó su preocupación sobre cómo las comunidades nativas americanas podrían verse afectadas bajo un requisito de prueba de ciudadanía, mientras que un funcionario electoral de Florida preguntó cómo se podría esperar que las empresas de máquinas de votación cumplan cuando un sistema de votación aún no ha sido certificado para cumplir con las últimas pautas, que se actualizaron en 2021.

“¿Y van a qué — aumentar la producción y proporcionar equipos de votación y todo eso para los 50 estados y cinco territorios?”, preguntó Paul Lux, supervisor de elecciones en el condado de Okaloosa.

Donald Palmer, presidente de la Comisión de Asistencia Electoral, buscó tranquilizar a los funcionarios electorales de que la comisión consideraría sus preocupaciones y los animó a seguir compartiendo sus pensamientos.

“Donde sea que terminemos en este proceso, mi objetivo es proporcionar la menor interrupción a los estados, para mitigar cualquier impacto en ustedes y sus sistemas de votación”, dijo Palmer al grupo.

Grupos de derechos de voto, el Partido Demócrata y funcionarios demócratas en 21 estados han demandado, argumentando que el presidente republicano está excediendo su autoridad bajo la Constitución e interfiriendo con el poder de los estados para establecer reglas electorales. Quieren bloquear que la comisión tome medidas para implementar la orden ejecutiva.

La Constitución establece que corresponde a los estados determinar los “tiempos, lugares y manera” de cómo se llevan a cabo las elecciones, mientras que el Congreso tiene el poder de “hacer o alterar” regulaciones para las elecciones presidenciales y legislativas. No otorga al presidente ninguna autoridad sobre cómo se administran las elecciones.

La comisión no está esperando a que se resuelvan los casos judiciales. Envió una carta a los funcionarios electorales estatales solicitando sus opiniones sobre cómo podrían implementar un cambio en el formulario nacional de registro de votantes para incluir un requisito de prueba de ciudadanía.

“Queda por ver cómo se desarrolla todo esto”, dijo la comisionada Christy McCormick a The Associated Press durante un descanso en la reunión. “Creo que tenemos que estar listos, sin embargo. Y creo que esa es la posición en la que estamos en este momento, tratando de tomar las medidas que podamos para estar preparados”.

Tanto el proceso para actualizar el formulario nacional de registro de votantes como para realizar cambios en las pautas voluntarias del sistema de votación del país están delineados en la ley federal. Para el formulario, eso implica obtener comentarios de los funcionarios electorales estatales y de las juntas asesoras de la agencia. El proceso para las pautas del sistema de votación también incluye un período para comentarios públicos y una audiencia.

El Congreso creó la Comisión de Asistencia Electoral después de las elecciones presidenciales de 2000, que incluyeron un resultado disputado en Florida, para ayudar a los estados a actualizar su equipo de votación.

Bajo la ley de 2002, la comisión fue encargada de distribuir fondos federales para nuevos equipos de votación, crear pautas voluntarias para los sistemas de votación, establecer un programa federal de pruebas y certificación para ellos, y supervisar el formulario nacional de registro de votantes. También ha trabajado estrechamente con los estados para recopilar una variedad de datos y compartir ideas sobre cómo llevar a cabo elecciones de manera más eficiente.

Trump, quien continúa haciendo afirmaciones falsas sobre las elecciones presidenciales de 2020, ordenó a la comisión “tomar las medidas apropiadas” dentro de 30 días para requerir prueba documental de ciudadanía en el formulario nacional de registro de votantes. La orden detalla documentos aceptables como un pasaporte de Estados Unidos, una licencia de conducir compatible con REAL ID o una identificación militar oficial que “indique que el solicitante es ciudadano”, o una identificación con foto emitida por el gobierno acompañada de prueba de ciudadanía.

El requisito ha causado una preocupación generalizada de que privará de sus derechos a millones de votantes que no tienen un pasaporte o acceso fácil a su acta de nacimiento u otros documentos que demuestren su ciudadanía. Leyes similares a nivel estatal han causado interrupciones, incluso durante las elecciones municipales el mes pasado en Nueva Hampshire y en Kansas, donde una ley que fue anulada terminó bloqueando los registros de votantes de 31.000 personas que eran ciudadanos y de otro modo elegibles para votar.

La orden de Trump también instruyó a la Comisión de Asistencia Electoral a “tomar todas las medidas apropiadas para cesar” los fondos federales para cualquier estado que no utilice el formulario que incluye el requisito de prueba de ciudadanía, aunque un puñado de estados están exentos bajo la ley federal de usar el formulario nacional.

Algunos estados tendrían que detener su práctica de contar las boletas por correo que llegan tarde y que están mataselladas para el día de las elecciones. Si no lo hacen, la orden ejecutiva de Trump requiere que la comisión a retenga los fondos relacionados con las elecciones. Oregon y Washington han presentado una demanda separada contra la orden ejecutiva, diciendo que trastornaría sus elecciones porque dependen completamente del voto por correo.