Juez bloquea orden que restringe asilo en frontera sur de EEUU; gobierno tiene 2 semanas para apelar

WASHINGTON (AP) — Un juez federal determinó el miércoles que la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suspendió el acceso al asilo en la frontera sur es ilegal, poniendo en duda uno de los pilares del plan del presidente para frenar la inmigración en la frontera sur. Sin embargo, pospuso los efectos del fallo por dos semanas para dar tiempo al gobierno de apelar.

El 20 de enero, Trump declaró que la situación en la frontera sur constituía una invasión y que “suspendería la entrada física” de migrantes y su capacidad para solicitar asilo hasta que él decida que ha terminado.

El juez Randolph Moss en Washington indicó que su orden entrará en vigor el 16 de julio, dando tiempo al gobierno de Trump para apelar.

Moss escribió que ni la Constitución ni la ley de inmigración otorgan al presidente “un régimen extraestatutario, extrarreglamentario para repatriar o remover individuos de Estados Unidos, sin una oportunidad de solicitar asilo” u otras protecciones humanitarias.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios, pero muy probablemente presentará una apelación. El presidente y sus asesores han atacado repetidamente los fallos judiciales que socavan sus políticas y las califican como un exceso judicial.

Moss, quien fue nombrado por el presidente Barack Obama, reconoció que el gobierno enfrenta “enormes desafíos” en la frontera sur y un “abrumador retraso” de solicitudes de asilo. Pero reiteró varias veces en su fallo de 128 páginas su opinión de que el presidente no tiene derecho a prohibir el asilo.

Lee Gelernt, quien argumentó el caso para la Unión Americana de Libertades Civiles, calificó el fallo como una victoria significativa.

“La decisión significa que habrá protección para aquellos que huyen de un peligro horrible y que el presidente no puede ignorar las leyes aprobadas por el Congreso simplemente afirmando que los solicitantes de asilo están involucrados en una invasión”, dijo.

El fallo se produce después de que los cruces ilegales en la frontera han disminuido drásticamente. La Casa Blanca informó el miércoles que la Patrulla Fronteriza realizó 6.070 arrestos en junio, una disminución del 30% respecto a mayo, marcando un ritmo para el nivel anual más bajo desde 1966. El 28 de junio, la Patrulla Fronteriza realizó sólo 137 arrestos, un fuerte contraste con finales de 2023, cuando los arrestos superaron los 10.000 en los días más ocupados.

Los arrestos cayeron drásticamente cuando los funcionarios mexicanos aumentaron la aplicación de la ley dentro de sus propias fronteras en diciembre de 2023 y nuevamente cuando el entonces presidente Joe Biden introdujo severas restricciones al asilo en junio de 2024. Se desplomaron aún más después de que Trump asumiera la presidencia en enero, y desplegara miles de efectivos en la frontera bajo la declaración de una emergencia nacional.

Trump y sus aliados dicen que se ha abusado del sistema de asilo. Argumentan que atrae a personas que saben que tomará años resolver sus solicitudes en los tribunales de inmigración del país, durante los cuales pueden trabajar y vivir en Estados Unidos.

Pero los defensores argumentan que el derecho a solicitar asilo está garantizado en la ley nacional y en compromisos internacionales, incluso para aquellos que cruzan la frontera ilegalmente. Dicen que el asilo es una protección vital para las personas que huyen de la persecución, una protección garantizada por el Congreso que ni siquiera el presidente tiene la autoridad para ignorar.

Las personas que buscan asilo deben demostrar un temor de persecución por motivos bastante limitados de raza, religión, nacionalidad o por pertenecer a un grupo social o político particular.

En la orden ejecutiva, Trump argumentó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga a los presidentes la autoridad para suspender la entrada de cualquier grupo que consideren “perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

Grupos que trabajan con inmigrantes —el Proyecto Florence con sede en Arizona, el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas con sede en El Paso, Texas, y RAICES con sede en Texas— presentaron la demanda contra el gobierno, argumentando que el presidente estaba equivocado al equiparar a los migrantes que llegan a la frontera sur con una invasión.

Y argumentaron que la proclama de Trump equivalía a que el presidente anulara unilateralmente “... las leyes de inmigración que el Congreso promulgó para la protección de personas que enfrentan persecución o tortura si son removidas de Estados Unidos”.

Pero el gobierno argumentó que, dado que tanto la política exterior como la aplicación de la ley de inmigración recaen bajo el poder ejecutivo, estaba completamente bajo la autoridad del presidente declarar una invasión.

“La determinación de que Estados Unidos enfrenta una invasión es una cuestión política no sujeta a revisión”, escribió el gobierno en uno de sus argumentos.

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Spagat reportó desde San Diego.

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