Empresarios de EEUU están confundidos por empleados venezolanos con estatus temporal

DORAL, Florida, EE.UU. (AP) — Como propietario de un negocio en la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, Wilmer Escaray se siente estresado y en estado de shock. No está seguro de qué pasos debe tomar después de que la Corte Suprema le permitió al presidente estadounidense Donald Trump despojar de protecciones legales a cientos de miles de inmigrantes venezolanos.

Escaray posee 15 restaurantes y tres mercados, la mayoría de ellos ubicados en Doral, una ciudad de 80.000 habitantes en el área de Miami que es conocida como “Pequeña Venezuela” o “Doralzuela”. Al menos el 70% de los 150 empleados de Escaray y muchos de sus clientes son inmigrantes venezolanos que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

El lunes, la Corte Suprema retiró la decisión de un juez federal que había suspendido los planes del gobierno para retirar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, quienes podrían quedar expuestos a la deportación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) aplaudió la decisión, pero no ha dado detalles sobre cuándo terminará el TPS y qué deben hacer los empleadores y beneficiarios.

“El gobierno de Trump no descansa en sus laureles. Actuaremos de manera expedita”, puntualizó Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, en una respuesta por escrito a preguntas sobre la fecha de expiración del TPS tras el fallo de la corte y si los permisos de trabajo seguían siendo válidos.

Al igual que muchos propietarios de negocios con empleados venezolanos, Escaray no tiene claro cuál será su siguiente paso. No sabe por cuánto tiempo sus empleados tendrán autorización legal para trabajar o si podrá ayudarlos, expresó.

“El impacto para el negocio será realmente duro”, manifestó Escaray, un venezolano-estadounidense de 37 años de edad que llegó a Estados Unidos a estudiar en 2007 y abrió su primer restaurante seis años después. “Todavía no sé qué voy a hacer. Tengo que discutir con mi equipo, con mi familia para ver cuál será el plan”.

El TPS permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente aquí porque sus países de origen se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles. El gobierno de Trump dijo que los inmigrantes fueron mal evaluados después de que la designación se expandió drásticamente durante la gestión del expresidente Joe Biden.

La abogada de inmigración Evelyn Alexandra Batista dijo que la Corte Suprema no abordó específicamente la extensión de los permisos de trabajo basados en TPS, y algunas autorizaciones de trabajo siguen vigentes. Sin embargo, advirtió que no hay garantía de que continúen siendo válidas porque la Corte Suprema puede cambiar esto.

“Esto significa que tanto empleadores como empleados deben explorar todas las otras opciones alternativas, ya que el TPS nunca fue pensado para ser permanente”, señaló Batista, quien ha recibido cientos de llamadas de beneficiarios de TPS y empresas en busca de asesoría desde que Trump regresó al cargo y comenzó con su ofensiva contra la inmigración.

Entre las opciones que están explorando, comentó, se encuentran visas para habilidades extraordinarias, visas de inversión y visas agrícolas.

Muchos beneficiarios del TPS han solicitado asilo o algún otro recurso migratorio. No está claro si las personas con solicitudes pendientes podrán permanecer en Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió el martes contra la retirada del TPS para los inmigrantes venezolanos.

“El TPS era una protección mínima que tenían, ahora se los quitaron”, dijo Maduro en un evento de gobierno televisado.

La Coalición Americana de Inmigración Empresarial estima que los titulares de TPS aportan 31.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos a través de salarios y poder adquisitivo. No hay estimaciones específicas del impacto de los venezolanos, aunque constituyen el mayor porcentaje de beneficiarios de TPS.

Trabajan en los sectores de hospitalidad, construcción, agricultura, atención médica, comercio minorista y servicios de alimentos.

“Esta decisión deja a los propietarios de negocios con opciones limitadas”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de la coalición.

Las preocupaciones se extienden más allá de Doral.

William Paredes llegó a Estados Unidos en 2014 y ahora posee un negocio de polarización de ventanas en el que trabajan otros cuatro venezolanos en Tampa, a unos 450 kilómetros al noroeste de Miami. No sabe qué sigue y no tiene un plan.

“Este es el sustento económico mío y de mi familia”, dijo Paredes, de 42 años. “Estoy dejando todo en manos de Dios porque si lo pienso, me deprimo. Quedamos en el limbo”.

Él, su esposa y su hijo, ahora de 16 años, llegaron a Estados Unidos con visas de turista y poco después solicitaron asilo. Perdió su caso de asilo, pero pensó que estaba protegido de la deportación como titular de TPS. Su hija de 8 años nació en Estados Unidos y es ciudadana estadounidense.

Paredes era agente de policía en Venezuela y salió del país después de recibir amenazas por trabajar como guardia de seguridad para un alcalde que se oponía al partido gobernante. Dijo que no puede regresar.

“Tengo demasiado miedo. De sólo pensar en que nos devuelvan se me eriza la piel”, declaró Paredes.

Escaray, el propietario del restaurante, dijo que espera encontrar una vía legal para que sus empleados venezolanos puedan seguir trabajando para él. Si no, dijo, podría verse obligado a despedirlos.

“Quiero que sigan trabajando con nosotros. Pero debemos respetar la ley”, señaló.

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Los periodistas de The Associated Press Jorge Rueda en Caracas, Venezuela, y Rebecca Santana en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.