Dan 60 años de prisión a 3 militares salvadoreños en retiro por asesinatos de periodistas holandeses
SAN SALVADOR (AP) — En un hecho histórico, un juzgado condenó el jueves a hasta 60 años de prisión a t res altos mandos en retiro de las fuerzas armadas de El Salvador por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, los cuales cubrían la guerra civil en el país centroamericano.
El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en el departamento de Chalatenango, en el norte del país, declaró culpables al general José Guillermo García, de 91 años, exministro de Defensa; al coronel Francisco Morán, de 93 años, exdirector de la extinta Policía de Hacienda; y al coronel Mario Adalberto Reyes Mena, de 85 años, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango.
Se trata del primer caso de crímenes de guerra en llegar a etapa de vista pública en El Salvador. La condena a los militares, 43 años después de la matanza perpetrada por soldados de la fuerza armada salvadoreña, abre la posibilidad de que otros casos que conmovieron al país sean llevados ante la justicia.
Los procesados no estuvieron presentes durante la lectura del fallo. García y Morán, que según se asegura están delicados de salud, permanecen bajo custodia policial en un hospital privado de San Salvador, mientras que Reyes Mena vive en Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia ordenó en marzo que se iniciaran los trámites de extradición ante ese país.
El 17 de marzo de 1982, acompañados por guías de la guerrilla, los periodistas holandeses Jan Kuiper, Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen intentaban ingresar a una zona controlada por los rebeldes, pero murieron al caer en una emboscada preparada por el ejército.
“Esta sentencia significa poner en el centro a las víctimas, no a los victimarios. La verdad y la justicia le han ganado a la impunidad y esto es un hecho histórico para El Salvador, un hecho histórico para el pasado y que pueda servir para que tomemos nota para el presente en El Salvador”, dijo a The Associated Press Oscar Pérez de la Fundación Comunicándonos, que representa a familiares de las víctimas.
Según el fallo al que tuvo acceso la AP, los tres militares recibieron la pena principal mínima de 15 años de prisión por cada asesinato, y siendo cuatro las víctimas, en total suman 60 años de cárcel. Sin embargo, sólo deberán estar allí 30 años, ya que esta era la pena máxima de prisión efectiva a cumplir, según el Código Penal de la época en que se cometió la matanza.
El juzgado también decidió que, debido al estado de salud de García y de Moran, la condena se debe cumplir “en el Hospital Bautista de San Salvador”, si es que ambos tienen los medios económicos para sufragar los gastos. En caso contrario deberán cumplir la pena en la cárcel que les designe la Dirección General de Centros Penales.
En enero de 2016, García fue deportado desde Estados Unidos luego de que un juez lo declaró responsable de graves violaciones a los derechos humanos durante los primeros años del conflicto armado interno en El Salvador.
El juzgado también condenó a los imputados a indemnizar a las víctimas por concepto de responsabilidad civil.
Además, condenó al Estado salvadoreño, bajo concepto de responsabilidad civil subsidiaria, a realizar un pronunciamiento público en el que pida perdón a los familiares de los periodistas asesinados.
Indicó también que deberá de ser el comandante general de las fuerzas armadas, en este caso el presidente Nayib Bukele, quien deberá realizar dicho pronunciamiento en un plazo de 30 dias hábiles después de quedar ejecutoriada la sentencia.
El proceso penal fue reabierto en 2018 después de que en 2016 la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993, promovida por el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), la cual impedía que se investigaran crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por la fuerza armada salvadoreña y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992.
El proceso marchó con lentitud. En marzo de 2022, familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron a El Salvador que llevara ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas holandeses, que fue documentado por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.
Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil.
En su informe, la comisión de la ONU concluyó que hay evidencia plena de que el asesinato fue consecuencia de una emboscada planeada por Reyes Mena con el conocimiento de otros oficiales, basándose en un reporte de inteligencia que los alertó de la presencia de los periodistas.
Otros militares, incluido el general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el sargento Mario Canizales Espinoza, también fueron acusados de participar en el crimen, pero tras el fallecimiento de ambos la justicia los sobreseyó.
El juicio se desarrolló con reserva. Las autoridades sólo permitieron el ingreso al Centro Judicial a fiscales, abogados de las víctimas y defensores de los militares, así como a representantes de la Fundación Comunicándonos.