AP Explica: Trump ordena desmantelar el Departamento de Educación. Estas son sus funciones
WASHINGTON (AP) — Para cumplir una promesa de campaña, el presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que exige el desmantelamiento del Departamento de Educación, una agencia que los republicanos desean cerrar desde hace décadas.
La orden establece que la secretaria de Educación, Linda McMahon, “hasta donde sea apropiado y la ley lo permita, tomará todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad sobre la educación a los estados y las comunidades locales”.
Eliminar el departamento por completo sería una tarea engorrosa, que probablemente requeriría una ley del Congreso.
En las semanas transcurridas desde que él asumió el cargo, el gobierno de Trump ya ha reducido a la mitad el personal del departamento y ha reformado gran parte de su labor. El Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por el multimillonario Elon Musk —asesor de Trump—, ha recortado docenas de contratos que calificó de “progresistas” y derrochadores. También desmanteló el Instituto de Ciencias de la Educación, que recopila datos sobre el avance académico del país.
El papel principal de la agencia es financiero. Anualmente distribuye miles de millones en fondos federales a universidades y escuelas, y gestiona la cartera de préstamos estudiantiles federales. Cerrar el departamento significaría redistribuir cada una de esas funciones a otra agencia. El Departamento de Educación también desempeña un papel regulador importante en los servicios para estudiantes, que van desde aquellos con discapacidades hasta niños de bajos ingresos y sin hogar.
De hecho, el dinero federal para la educación desempeña un papel central en los planes de Trump para universidades y escuelas. Trump ha prometido cortar el financiamiento federal para escuelas y universidades que promuevan “teoría crítica de la raza, locura transgénero y otro contenido racial, sexual o político inapropiado”, y recompensar a los estados y escuelas que pongan fin a la política que restringe la capacidad para despedir permanencia de los maestros y apoyen programas universales de elección de escuela.
El financiamiento federal representa una porción relativamente pequeña de los presupuestos de las escuelas públicas, aproximadamente el 14%. Las universidades y colegios dependen más de ello, a través de subvenciones de investigación junto con apoyo financiero federal que ayuda a los estudiantes a pagar su matrícula.
A continuación, se presenta un vistazo a algunas de las funciones clave del departamento y cómo Trump ha dicho que podría abordarlas.
Préstamos estudiantiles y ayuda financiera
El Departamento de Educación gestiona aproximadamente 1,5 billones de dólares en deuda de préstamos estudiantiles para más de 40 millones de prestatarios. También supervisa la Beca Pell, que proporciona ayuda a estudiantes que están por debajo de un cierto umbral de ingresos, y administra la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), que las universidades utilizan para asignar ayuda financiera.
El gobierno del presidente Joe Biden hizo de la condonación de préstamos estudiantiles una labor emblemática del trabajo del departamento. A pesar de que la Corte Suprema anuló el intento inicial de Biden de condonar préstamos estudiantiles, el gobierno condonó más de 175.000 millones de dólares para más de 4,8 millones de prestatarios a través de una serie de cambios en los programas que administra, como la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Las iniciativas para condonar préstamos han enfrentado resistencia por parte de los republicanos, incluidos litigios de varios estados gobernados por el Partido Republicano.
Trump ha criticado los intentos de Biden para condonar deudas, llamándolos ilegales e injustos y una “catástrofe total” que “se mofó de los jóvenes”. El plan de Trump para la deuda estudiantil es incierto; no ha presentado planes detallados.
Supervisión del respeto a los derechos civiles
A través de su Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Educación lleva a cabo investigaciones y emite orientaciones sobre cómo deben aplicarse las leyes de derechos civiles, como en los casos de estudiantes LGBTQ+ y alumnos no blancos. La oficina también supervisa un proyecto de recopilación de datos de gran magnitud que rastrea las disparidades en recursos, el acceso a cursos y la disciplina para estudiantes de diferentes grupos raciales y socioeconómicos.
Trump ha sugerido dar una interpretación diferente del papel de la oficina en vigilar el respeto a los derechos civiles. En su gobierno, el departamento ha instruido a la oficina para que le dé prioridad a las quejas de antisemitismo por encima de todo lo demás, y ha abierto investigaciones en universidades y ligas deportivas escolares por permitir que atletas transgénero compitan en equipos de mujeres.
En su campaña, Trump prometió investigar casos de derechos civiles para “detener la discriminación en las escuelas por motivos de raza”. Ha dicho que las políticas para promover la diversidad y la equidad en la educación son “discriminación ilegal explícita”. Su gobierno ha lanzado investigaciones a docenas de universidades por presunta discriminación racial.
Trump también se ha comprometido a excluir a los estudiantes transgénero de las protecciones que otorga el llamado Título IX, que afectan las políticas escolares sobre el uso de pronombres, baños y vestuarios. Originalmente aprobado en 1972, el Título IX se utilizó en principio como una ley de derechos de las mujeres. El año pasado, el gobierno de Biden dijo que la ley prohíbe la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual, pero un juez federal anuló esas protecciones.
Acreditación universitaria
Aunque el Departamento de Educación no acredita directamente a universidades y colegios, supervisa el sistema al revisar todas las agencias de acreditación reconocidas a nivel federal. Las instituciones de educación superior deben estar acreditadas con el fin de poder acceder a fondos federales para ayuda financiera estudiantil.
La acreditación fue objeto de escrutinio por parte de los conservadores en 2022, cuando la Asociación Sureña de Universidades y Escuelas cuestionó la interferencia política en las universidades públicas de Florida. Trump ha dicho que despediría a “acreditadores radicales de izquierda” y aceptaría solicitudes para nuevos acreditadores que mantendrían estándares que incluyan “defender la tradición estadounidense” y eliminar a los administradores de diversidad “marxistas”.
Aunque el secretario de Educación tiene la autoridad para poner fin a su relación con agencias de acreditación individuales, es un proceso arduo que rara vez se ha llevado a cabo. Durante el gobierno del presidente Barack Obama, el departamento tomó medidas para cancelar acreditadores de una cadena de universidades con fines de lucro que ahora está en quiebra, pero el gobierno de Trump bloqueó la medida. El grupo, el Consejo de Acreditación de Universidades y Escuelas Independientes, fue disuelto por el gobierno de Biden en 2022.
Dinero para escuelas
Gran parte del dinero del Departamento de Educación para escuelas de primaria y secundaria pasa a través de programas federales de gran envergadura, como el Título I para escuelas de bajos ingresos y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Esos programas apoyan servicios para estudiantes con discapacidades, reducen el número de alumnos en las clases con posiciones adicionales de enseñanza, y financian trabajadores sociales y otros cargos no docentes en las escuelas.
En su campaña, Trump pidió trasladar esas funciones a los estados. No ha ofrecido detalles sobre cómo se manejarían las funciones centrales de la agencia de enviar dinero federal a distritos y escuelas locales. El Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, una propuesta amplia que esboza una visión de extrema derecha para el país, ofreció un plan. Sugería enviar la supervisión de programas para niños con discapacidades y niños de bajos ingresos primero al Departamento de Salud y Servicios Humanos, antes de a la larga eliminar el financiamiento y convertirlo en subvenciones para los estados sin exigirles en qué gastar el dinero.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.