Comité de DDHH de ONU responsabiliza a Guatemala en caso de niña violada forzada a mantener embarazo
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un panel de expertos independientes con sede en Ginebra, Suiza, anunció el jueves que resolvió declarar al Estado guatemalteco responsable por la vulneración de los derechos de una niña que quedó embarazada tras ser violada y a quien el Estado forzó a llevar a término un embarazo y asumir la maternidad, comparando tal acción a una tortura.
“Para el Comité, lo anterior vulneró sus derechos a una vida digna y a la autonomía reproductiva, y constituyó también un trato comparable a tortura”, dijo en un comunicado el Comité.
En 2019, organizaciones defensoras de derechos de mujeres acudieron ante el Comité con los casos de cuatro niñas que habían sido forzadas a llevar una maternidad luego de haber sido abusadas sexualmente en Nicaragua (dos de ellas), Ecuador y Guatemala. El 20 de enero de este año, el Comité condenó a Nicaragua y Ecuador por la violación de los derechos de las tres niñas también sometidas a la maternidad forzada posterior a la violación sexual y por la falta de acceso a la interrupción del embarazo.
En el caso de Guatemala, la víctima ha sido identificada como Fátima (nombre ficticio con el que se trató su caso para proteger su identidad), quién a sus 14 años —entre 2009-2010— fue violada por el exdirector de una guardería pública a la que asistía de niña.
Según el Comité, el agresor de Fátima mantuvo contacto con la familia después de que la niña dejara la institución “y se había ganado su confianza” brindándole apoyo económico. “Cuando su madre se enteró de los abusos, los denunció y luego fue sobornada y amenazada por el agresor, por la esposa del agresor y por otros integrantes de la familia del agresor” para que retirara la denuncia.
“Ninguna niña debería ser obligada a llevar en su vientre al hijo de su violador. Hacerlo, le arrebata su dignidad, su futuro y sus derechos más fundamentales”, afirmó en el comunicado Hélène Tigroudja, integrante del Comité. Agregó que “esto no es solo una violación de la autonomía reproductiva, es un acto de profunda crueldad”.
En su comunicado el Comité explicó que, a pesar de pasar nueve años de procedimientos penales, durante los cuales el agresor ejerció presión constante sobre Fátima y su familia, éste logró evadir la justicia. “Guatemala no investigó adecuadamente la violación ni tomó medidas efectivas para procesar al imputado, dijo el Comité.
El Comité es un panel de expertos independientes que supervisan el cumplimiento de los compromisos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos asumidos por los países firmantes.
En declaraciones a Associated Press, Catalina Martínez, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones que representó a Fátima, dijo que “todas las niñas tienen derecho a soñar, a jugar y a escribir su propia historia, y para eso necesitan que sus derechos sean garantizados”
“Como sociedad tenemos un acuerdo respecto a que la protección de las niñas es una prioridad. Pero esa promesa se rompe cuando no les damos acceso a todos servicios de salud, incluido el aborto, y las obligamos a asumir maternidades que no desean y para las que no están preparadas” agregó.
Martínez explicó que a Fátima “le falló el Estado guatemalteco y le fallamos todas como sociedad. Con estas decisiones, hoy los Estados pueden actuar, proteger, reparar. Pueden tomar acciones reales para frenar la violencia sexual y evitar que esta dolorosa historia se repita. Seguimos luchando para que a todas las niñas del mundo se les permita seguir siendo niñas, no madres”.
Guatemala es uno de los países de América Latina con las tasas más altas de maternidad forzada y de impunidad sistemática frente a violencia sexual, asegura el Comité.
Aunque el Código Penal guatemalteco permite la interrupción del embarazo en situaciones específicas para evitar un riesgo sobre la vida de la madre, en la práctica, el acceso al aborto legal es prácticamente imposible.
En 2015, el Congreso guatemalteco aprobó una reforma al Código civil para elevar la edad de niñas para el matrimonio de 14 a 18 años.
El 8 de marzo de 2022, cuando se celebraba el Día Internacional de la Mujer, diputados guatemaltecos aprobaron una polémica ley que endurecía las penas contra el aborto y prohibía el matrimonio igualitario. Luego de un rechazo generalizado contra dicha norma, la ley fue revertida y archivada.
En el caso de Fátima, ella tuvo un parto traumático “y casi fatal, se vio obligada a amamantar a su hijo a pesar de su deseo expreso de no verlo ni de participar en su cuidado”, dijo el Comité.
“La violencia sexual y el embarazo forzado le causaron profundos sufrimientos que la llevaron a dos intentos de suicidio como única manera de escapar a su futura maternidad forzada. Nueve años después, el niño nacido de violación vive con la madre de Fátima, aunque es ella quien lucha para cubrir sus gastos de alimentación, ropa y educación”, relató el comité.
El Comité dice que Guatemala violó el artículo 7 del Pacto que prohíbe la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante, dado que el Pacto se refiere no sólo al dolor físico, sino también al sufrimiento moral.
El Comité instó al Estado guatemalteco a establecer un sistema para registrar y monitorear casos de violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas y adolescentes. También solicitó adoptar medidas para reparar el daño que el embarazo y la maternidad forzada causaron en los proyectos de vida de Fátima, así como que haga un reconocimiento público de su responsabilidad y que garantice el acceso a la educación y a la atención psicológica para el hijo nacido de la violación.
El aborto es aún un tema pendiente en Latinoamérica, una de las regiones más conservadoras del mundo en este asunto, donde ha habido avances limitados.