ICE amplía autoridad para aumentar considerablemente las detenciones sin audiencia de fianza

SAN DIEGO (AP) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) ha tomado medidas para detener a muchas más personas que antes al echar mano de un recurso legal que permite que que cualquiera que haya ingresado sin autorización al país pueda ser encarcelado sin que se le permita una audiencia de fianza.

Todd Lyons, director interino del ICE, envió la semana pasada un memo a los empleados de la agencia en el que se les informó que la dependencia estaba revisando su “extraordinariamente amplia e igualmente compleja” autoridad para detener personas y que, con efecto inmediato, las personas serían inelegibles para una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. En su lugar, no pueden ser liberadas a menos que el Departamento de Seguridad Nacional haga una excepción.

The Washington Post fue el primer medio en informar sobre la medida.

La directriz indica el uso más amplio de una ley de 1996 para detener a personas a las que anteriormente se les habría permitido permanecer en libertad en lo que sus casos avanzaban ante un tribunal de inmigración.

Al preguntarle sobre el memo, al cual The Associated Press tuvo acceso, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró el martes que: “El gobierno (del expresidente Joe) Biden liberó peligrosamente en el país a millones de extranjeros ilegales que no fueron investigados debidamente, y usaron muchos vacíos legales para hacerlo. El presidente (Donald) Trump y la secretaria (Kristi) Noem ahora están aplicando esta ley tal como fue escrita para mantener a Estados Unidos seguro”.

McLaughlin aseguró que el ICE tendrá “muchas camas” después de que Trump promulgó una ley que destina alrededor de 170.000 millones de dólares a la seguridad fronteriza y el combate a la inmigración. Esto pone a ICE al borde de un enorme crecimiento, una inyección de 76.500 millones de dólares durante cinco años, o casi 10 veces su presupuesto anual actual. Eso incluye 45.000 millones de dólares para detenciones.

Greg Chen, director senior de relaciones gubernamentales para American Immigration Lawyers Association, comenzó a recibir noticias de abogados de todo el país la semana pasada de que sus clientes estaban siendo detenidos en tribunales de inmigración al amparo de la nueva directriz. Uno de los detenidos vivió en Estados Unidos durante 25 años.

Aunque no afectará a las personas que ingresaron legalmente y permanecieron en el país una vez que expiraron sus visas, la iniciativa se aplicaría a cualquier persona que llegó a Estados Unidos sin autorización, destacó Chen.

El gobierno federal “ha actuado con una velocidad vertiginosa para acelerar una política de detención masiva con el fin de detener a tantas personas como sea posible sin revisión individual alguna por parte de un juez. Esto va a convertir a Estados Unidos en una nación que encarcela a las personas como una cuestión de rutina”, declaró Chen.

Matt Adams, director legal de Northwest Immigrant Rights Project, señaló que el gobierno está “adoptando una interpretación draconiana del estatuto” para encarcelar a personas que tal vez hayan vivido en Estados Unidos durante décadas, no tienen antecedentes penales y tienen cónyuges, hijos y nietos que son ciudadanos estadounidenses. Su organización interpuso en marzo pasado una demanda contra el gobierno federal por lo que calificó como una creciente práctica entre los jueces de inmigración en Tacoma, Washington, de encarcelar a personas por períodos prolongados y obligatorios.

En su memorando, Lyons escribió que la detención estaba completamente dentro de la discreción de ICE, pero reconoció que era probable que enfrente impugnaciones. Por tal motivo, pidió a los abogados de la agencia que sigan reuniendo pruebas para argumentar a favor de las detenciones ante un juez de inmigración, incluyendo posibles peligros para la comunidad y el riesgo de fuga.

El ICE tenía alrededor de 56.000 personas detenidas a finales de junio, cerca de un máximo histórico y por encima de su capacidad presupuestada de alrededor de 41.000. Seguridad Nacional dijo que los nuevos fondos permitirán que la población privada promedio alcance las 100.000 personas.

En enero, Trump promulgó la Ley Laken Riley, nombrada en honor a una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada. La medida establece la detención obligatoria de personas que están sin autorización en el país y que hayan sido arrestadas o acusadas de delitos relativamente menores, incluyendo robo, hurto y hurto en tiendas, además de delitos violentos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.