Sheriff de Iowa advierte que condado podría ser reprochado públicamente por la administración Trump

Por HANNAH FINGERHUT (AP) — Un sheriff de Iowa advirtió que su condado podría ser reprochado públicamente por la administración de Trump por no apoyar suficientemente la agenda de inmigración del presidente, aunque dice que estaría “más que feliz” de ayudar y que solo quiere asegurarse de no quedarse con muy pocos oficiales, camas en la cárcel y recursos para responder a las necesidades del condado.

El sheriff del condado Dubuque, Joe Kennedy, quien atiende a casi 100.000 personas en el área que limita con Wisconsin e Illinois, pareció intentar no alienar al gobierno federal cuando decidió no participar en un programa que comprometería los ingresos del condado y el espacio en la cárcel para la aplicación de leyes migratorias. Explicó su decisión ante una sala llena esta semana, generando reacciones mixtas.

El presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva el mes pasado instruyendo al gobierno “publicar una lista de estados y jurisdicciones locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración (jurisdicciones santuario)”. Generalmente se entiende que los santuarios son gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, pero Trump no detalló los criterios.

Jonathan Thompson, director ejecutivo y director general de la Asociación Nacional de Sheriffs, abordó la orden en una nota del 2 de mayo a sus miembros, incluido Kennedy, según documentos publicados para la reunión del condado. Thompson dijo que la lista podría publicarse antes de la fecha límite del 28 de mayo y alentó a aquellos interesados en capacitar y empoderar a sus agentes a “actuar rápidamente”.

El número de agencias estatales y locales que han delegado personal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración se ha disparado desde que Trump asumió el cargo a 588 en 40 estados, con 83 solicitudes pendientes, al 19 de mayo. Las leyes de inmigración son federales, y hacerlas cumplir es en gran medida una responsabilidad federal.

Kennedy respondió a la invitación de un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en marzo, diciendo que no era “una buena opción” entrar en un acuerdo 287(g), que se refiere a la sección de una ley de 1996 que permite a la policía estatal y local realizar arrestos de inmigración. Dejó claro que se trataba de dinero y espacio en la cárcel, no de política.

“Generalmente ha sido mi experiencia que cuando nos asociamos con entidades más grandes (federales, estatales), esas agencias usualmente ‘toman’ más de lo que ‘dan’. Esencialmente, usualmente terminamos con la peor parte de alguna manera”, escribió.

Kennedy dijo que estaría “más que feliz de asistir a sus agentes en nuestra área”, pero pidió a ICE que no dependa de su cárcel de 181 camas porque no tiene espacio.

David Bindert, un funcionario de la oficina de ICE en Cedar Rapids, Iowa, fue comprensivo en su breve respuesta: “No se preocupe, señor, lo entiendo completamente, y le agradezco por su tiempo en este asunto”.

Algunos residentes en una reunión de la junta de supervisores del condado el lunes apoyaron a Kennedy, un demócrata. Otros querían que hiciera más con las autoridades de inmigración. Un supervisor republicano sugirió que un acuerdo 287(g) podría costar al condado o a los contribuyentes, pero sería esencial para la seguridad pública.

Kennedy dijo a los residentes que su oficina ha sido, y será, un socio de ICE, pero que un “acuerdo vinculante” podría restar valor a otros trabajos de aplicación de la ley.

“Si nos asociamos con el gobierno federal, nuestros empleados entonces tienen el potencial de convertirse en sus empleados”, afirmó.

Una ley de Iowa prohíbe a los funcionarios estatales y locales adoptar políticas que limiten la cooperación con las autoridades federales de inmigración. La fiscal general Brenna Bird demandó recientemente al sheriff del condado de Winneshiek por una publicación en Facebook que, según ella, desalentaba la cooperación, poniendo potencialmente en peligro la financiación estatal para el condado.

La administración de Trump también ha tomado acciones legales contra gobiernos con políticas que limitan los arrestos de inmigración, demandando a Chicago, Denver y Rochester, Nueva York.

Thompson, quien representó a los más de 3.000 sheriffs de su asociación cuando Trump firmó la orden del 28 de abril, declaró que el presidente ha sido claro en que buscaría “en cada rincón y grieta” apoyo para hacer cumplir las leyes de inmigración.

Pero Thompson indicó que cada sheriff tiene que tomar la decisión más adecuada para su comunidad. Algunos pueden no tener dinero o espacio en la cárcel, poniendo en peligro otras obligaciones.

“Un sheriff necesita más responsabilidades como necesita un agujero en la cabeza”, comentó.

Hasta ahora, Iowa tiene una agencia inscrita en el programa: el Departamento de Seguridad Pública del estado. Ninguna otra agencia está listada como teniendo acuerdos 287(g) activos o pendientes. Florida tiene 255, más que cualquier estado.

ICE no respondió a las preguntas de AP sobre si una agencia que rechazó un acuerdo 287(g) sería incluida en la lista de santuarios de la administración.

Thompson dijo que no lo sabe.

“Lo que estoy tratando de hacer es asesorar a los miembros”, expresó. “Hay desafíos, hay oportunidades y hay riesgos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.