Activistas: reforma que añade delitos de prisión automática expone a México a justicia internacional
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La reforma constitucional que aprobó el Congreso mexicano para ampliar la lista de delitos que conllevan la prisión preventiva oficiosa encendió el jueves las alertas de organizaciones humanitarias y activistas que advirtieron que el cambio expondrá a México a nuevos reclamos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de algunas dependencias de Naciones Unidas. Esta última ha pedido a las autoridades mexicanas derogar esa regulación.
Pese al exhorto que realizó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, a las autoridades mexicanas para que no consumaran la reforma, el Senado aprobó la noche del miércoles que los casos de extorsión, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, el contrabando y el uso de falsos comprobantes fiscales sean incluidos en el catálogo de más de una docena de delitos sujetos a prisión automática.
La decisión generó preocupación entre activistas y ONG que afirmaron que la reforma traerá consecuencias en la protección de los derechos humanos y generará repercusiones en instancias internacionales puesto que México persiste en el desacato de la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que pidió derogar la prisión preventiva oficiosa por ser contraria a la Convención Americana de los Derechos Humanos.
En México existen dos formas de prisión preventiva: la oficiosa, que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática; y la justificada, cuando el fiscal la solicita a un juez —y debe argumentar su decisión— por considerar que un presunto criminal es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.
El coordinador de litigio constitucional de la organización humanitaria local Fundación para la Justicia, Sergio Méndez Silva, dijo a The Associated Press que el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH abre el camino para que se presenten nuevos casos contra el Estado mexicano en el sistema interamericano, y que eventualmente se emitan nuevas sentencias que puedan declarar la “inconvencionalidad de la constitución”.
La iniciativa de reforma fue aprobada con el respaldo de los congresistas del partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas, que controlan el Congreso, que aseguraron que el cambio constitucional ayudará a las autoridades federales y estatales a enfrentar la criminalidad en México.
Pero organizaciones humanitarias y activistas tienen una percepción diferente.
“La reforma, lo que va es a seguir propiciando la detención de las personas menos favorecidas en el país”, dijo a la AP el abogado y activista Simón Hernández, que descartó que los cambios puedan contribuir a disminuir la violencia y la inseguridad.
De acuerdo con cifras del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatal del 2023, realizado por el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad en México no tienen sentencia. De esa proporción 36,7% son hombres y 46,9% mujeres.
Hernández, quien llevó a la Corte IDH el caso de los mexicanos Daniel García y Reyes Alpízar que estuvieron en prisión preventiva por 17 años sin sentencia, afirmó que “no hay ningún tipo de correlación entre la detención automática y el éxito en la investigación”.
García y Alpízar fueron apresados en 2002 acusados del homicidio de una regidora, en un proceso que estuvo plagado de irregularidades como la detención sin orden de un juez y las denuncias de torturas y amenazas. Los dos hombres salieron de la cárcel en 2019 con un brazalete electrónico, pero el año pasado García volvió a ser detenido temporalmente.
La Corte IDH sentenció en abril del 2023 que México violó los derechos de García y Alpízar y determinó que la prisión preventiva oficiosa que se aplicó en ese caso era contraria a la Convención Americana.
Méndez Silva aseveró que se ha demostrado históricamente en México que la normativa punitiva “no funciona absolutamente nada”.
La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó el mes pasado, poco después de asumir el gobierno, un plan de seguridad que apunta a fortalecer las labores de investigación e inteligencia de las policías, y que sigue apostado, al igual que su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a las fuerzas armadas para combatir a las poderosas organizaciones criminales mexicanas.
Al presentar un balance de los resultados del plan, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre y 8 de noviembre fueron apresados 3.105 presuntos delincuentes. El plan se vio golpeado por una serie de incidentes ocurridos entre octubre y noviembre, que incluyeron los brutales homicidios de un alcalde y un contralmirante de la Armada, la explosión de un coche bomba frente a una instalación policial y los tres ataques masivos que se registraron en los estados de Guerrero, Querétaro y México en los que perecieron 27 personas.
La ampliación de los delitos que conllevan la prisión preventiva oficiosa fue impulsada desde el 2019 por López Obrador quien por años defendió la medida pese a las recomendaciones de las instancias internacionales.
En el 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en los casos de contrabando y defraudación fiscal. En febrero, siete meses antes de culminar su mandato, López Obrador envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional —como parte de un paquete de leyes— para que esos delitos fueran incluidos nuevamente en la lista aquellos que están sujetos a prisión preventiva oficiosa.
La política de prisión preventiva es especialmente delicada en un país donde los juicios se alargan durante años y sólo dos de cada diez acusados son declarados culpables.