Suprema Corte de México ordena liberar a mujer condenada a 78 años de prisión por polémico secuestro
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte de Justicia de México ordenó el miércoles la liberación de una mujer encarcelada desde hace 19 años por el secuestro y asesinato de un empresario. El caso desató una gran polémica en el país luego de que la detenida denunciara que su confesión se dio bajo tortura, lo que puso en tela de juicio las investigaciones seguidas por las autoridades mexicanas para los procesos penales.
La decisión benefició a Juana Hilda González Lomelí quien estaba en prisión desde enero del 2006 por el rapto y el homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda. En 2021, fue condenada a 78 años de prisión.
Con el voto favorable de sus cinco integrantes, la primera sala del máximo tribunal otorgó un amparo a favor de González Lomelí y acordó su liberación “inmediata y absoluta”.
En el fallo, se reconoce que el proceso penal de González Lomelí se hizo “sin garantizar su derecho a juicio justo, particularmente con relación a los derechos a no ser juzgada con base en pruebas ilícitas, a no ser torturada”.
La sentencia se da luego de las primeras elecciones judiciales que se realizaron el primero de junio para renovar por completo la judicatura, incluida la Suprema Corte de Justicia. Los comicios se dieron tras una polémica reforma que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien por años criticó al poder judicial por invalidarle algunas de sus iniciativas y lo acusó de estar dominado por la corrupción.
El Instituto Federal de Defensoría Pública, que representó a la mujer, dijo en un escrito que el alto tribunal emitió la resolución a favor de González Lomelí tras determinar que su confesión “no fue libre ni voluntaria, sino obtenida mediante presiones, intimidaciones y amenazas, en un contexto de arraigo”. Declaró la “nulidad de su declaración y de cualquier otra prueba derivada con violación de sus derechos humanos”.
“El fallo pone de relieve algunas de las violaciones más persistentes del sistema penal tradicional —como la obtención de pruebas bajo tortura, las violaciones al derecho de defensa y el uso de estereotipos y prejuicios de género en la valoración judicial de la prueba— que aún mantienen a miles de personas sujetas a proceso penal”, señala el comunicado del instituto.
Por años, González Lomelí reclamó que había sido víctima de coerción psicológica, pero su denuncia no fue atendida con celeridad lo que la mantuvo en prisión desde el 2006.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró la decisión y dijo en un mensaje de su cuenta de X, antes Twitter, que el fallo “reivindica la importancia del juicio justo, el debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa adecuada, la prohibición de la tortura y la custodia correcta de las pruebas”.
Tras las elecciones judiciales, los candidatos cercanos al partido gobernante Morena resultaron electos para la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina, lo que ha generado preocupación entre los especialistas sobre la pérdida de independencia de la justicia en México.
Una misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos expresó la semana pasada preocupación por la baja participación en las elecciones judiciales, que alcanzó sólo un 13%, y recomendó no replicar la votación en otros países de la región. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó, a través de la Cancillería, el informe preliminar de la misión de la OEA y expresó que no pueden emitir juicios de valor que “rebasan sus atribuciones”.