Congreso de Perú aprueba ley de amnistía para violadores de derechos humanos en el conflicto armado
LIMA (AP) — El Congreso peruano aprobó el miércoles una ley que extingue de responsabilidad penal a uniformados y civiles sentenciados o procesados por graves violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales durante el conflicto armado entre 1980 y 2000.
La norma será enviada a la presidenta Dina Boluarte, quien puede promulgarla, devolverla con observaciones o no hacer nada. En caso de que suceda esto último, el Parlamento la promulgaría luego de 15 días. La ley fue aprobada en segunda votación con sufragios del partido Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, y de Alianza para el Progreso, del gobernador César Acuña.
La amnistía provocaría que 156 casos con sentencias y más de 600 procesos en trámite quedaran impunes, según la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de 74 organizaciones dedicadas a la defensa de dichos derechos y que han litigado durante décadas en decenas de procesos judiciales.
El Congreso peruano aprobó la ley pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos —la más alta corte regional de derechos humanos y a la que Perú está adscrito— ha emitido dos sentencias en 2001 y 2006, en las cuales señala que las leyes de amnistía son inválidas y no tienen efectos jurídicos.
Según abogados de derechos humanos, con la entrada en vigencia de esta ley podrían quedar en libertad los integrantes sentenciados de un grupo de militares que asesinaron de forma clandestina a 25 peruanos bajo el conocimiento del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). A su vez, Fujimori fue condenado y estuvo encarcelado de 2007 a 2023, cuando recibió un indulto presidencial.
Otro que podría ser liberado sería Telmo Hurtado, un exmilitar conocido como el “carnicero de los Andes”, condenado en 2016 a 23 años de cárcel por dirigir una matanza de 69 campesinos en la aldea de Accomarca en 1985, incluidos 22 niños. Hurtado, extraditado de Estados Unidos en 2011, se atribuyó personalmente el asesinato de 31.
En 1985, meses después de la masacre, declaró ante una comisión del Congreso: “uno no se puede confiar de una mujer, un anciano o un niño”. En esa época, el Ejército indicó que la masacre había sido un hecho aislado y que Hurtado lo hizo porque sufrió una “locura temporal”. Pero durante su juicio, Hurtado confesó que sus jefes le pidieron que se hiciera pasar por loco.
El legislador Fernando Rospigliosi, del partido Fuerza Popular, señaló en junio que hay 1.092 militares y policías procesados, y en 35 años sólo 38 han sido sentenciados. “Muchos ya no están con nosotros, otros envejecen en silencio sometidos a interminables procesos judiciales”, manifestó.
Según una comisión de la verdad, que estudió el periodo de la violencia política en Perú, las víctimas del conflicto eran indígenas en su mayoría, atrapados entre los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y del grupo terrorista Sendero Luminoso. La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos, incluidos más de 20.000 desaparecidos.