Fiscal envía denuncia al Congreso contra presidenta Boluarte de Perú por 75 lesionados en protestas
LIMA (AP) — La fiscal general de Perú envió el jueves al Parlamento la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte para que al fin de su mandato, en julio de 2026, pueda ser juzgada por las lesiones graves sufridas por 75 peruanos durante las protestas que exigieron su renuncia al inicio de su gestión hace más de dos años.
La fiscal abrió la etapa de investigación por esos hechos contra la mandataria, que enfrenta otra denuncia de 2024, cuando el Ministerio Público la acusó de ser presunta responsable de los asesinatos de 44 de los 50 civiles muertos en manifestaciones.
En Perú, los presidentes cuentan con inmunidad hasta cinco años después de que culminan su mandato. Una vez que la fiscalía efectúa una denuncia ante el Parlamento, este último puede autorizar que esa autoridad, apenas deje la presidencia, pueda ser juzgada por la Corte Suprema.
En un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal general Delia Espinoza presentó la nueva denuncia contra Boluarte y otras seis exautoridades, incluidos sus dos exprimeros ministros Pedro Angulo y Luis Alberto Otárola. Se indicó que hubo un “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública” por parte de la policía y militares, “hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”, según la fiscalía. Los episodios de mayor violencia ocurrieron en los Andes del sur, incluidas las regiones de Puno, Ayacucho y Apurímac.
Joseph Campos, abogado de la presidenta, negó las imputaciones ante la radio local RPP. Indicó que la fiscalía estaba “politizando” y añadió que las protestas fueron violentas.
La presidenta no ha comentado la nueva denuncia, pero en repetidas ocasiones ha señalado que su gobierno enfrentó más de 500 protestas en los Andes, la Amazonía y la capital en poco más de tres meses que provocaron unos 554 millones de dólares en pérdidas.
El ministerio público también investiga la muerte de un policía y seis soldados en las manifestaciones.
La mandataria asumió el 7 de diciembre de 2022 después de que el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Castillo, quien poco antes había intentado cerrar el Parlamento. Boluarte era su vicepresidenta.
Los manifestantes —en su mayoría indígenas del sur de los Andes que habían votado abrumadoramente por Castillo— exigieron la renuncia de Boluarte, quien se había comprometido a renunciar si el dirigente era removido por el Congreso. Al final Castillo fue encarcelado y la justicia ordenó su prisión preventiva por tres años mientras es investigado por los delitos de rebelión y corrupción.
Informes de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron en que las fuerzas de seguridad violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones que se extendieron hasta marzo de 2023.