Jueza prohíbe al gobierno de Trump cerrar el Instituto de la Paz de EEUU

WASHINGTON (AP) — Una jueza federal le prohibió el lunes a la administración Trump avanzar con el desmantelamiento del Instituto de la Paz de Estados Unidos, una organización que fue tomada en marzo por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) encabezado por Elon Musk.

La jueza Beryl Howell dictaminó que el grupo de expertos, creado y financiado por el Congreso para centrarse en resolver conflictos violentos en todo el mundo, fue tomado ilegalmente por DOGE mediante “fuerza bruta, respaldada por agentes de tres agencias locales y federales distintas”.

La demanda, presentada por los exmiembros de la junta y el presidente de la organización, sostenía que el Instituto de la Paz fue establecido por ley como una organización independiente y sin fines de lucro. Argumenta que el despido de los miembros de la junta no cumplió con ninguno de los pasos requeridos por la ley que creó la organización.

Las acciones tampoco pasaron por ninguna de las cuatro comisiones del Congreso que supervisan el instituto.

En su fallo, Howell citó la singularidad de la organización, diciendo que el presidente “cuestionó el juicio del Congreso y del presidente Reagan al crear el Instituto hace 40 años, y el juicio de cada Congreso desde entonces”.

Trump emitió la orden ejecutiva en febrero para cerrar el instituto y otras tres agencias en un esfuerzo por cumplir con las promesas de campaña de reducir el tamaño del gobierno federal. El primer intento de DOGE de tomar el control de la sede llevó a un enfrentamiento. Miembros de DOGE regresaron días después con el FBI y la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia para ayudarles a entrar.

El instituto y muchos miembros de la junta demandaron a la administración Trump el 18 de marzo, buscando evitar su remoción y evitar que DOGE tomara el control de sus operaciones. El despido de la junta fue seguido por un despido masivo por correo electrónico el viernes por la noche del 28 de marzo, lo que sumió a la fuerza laboral en el caos.

Al mismo tiempo, DOGE transfirió la supervisión administrativa de la sede y los activos de la organización a la Administración de Servicios Generales ese fin de semana. Desde entonces, a los empleados se les permitió recuperar artículos personales, pero no computadoras, artículos de oficina, suministros y muebles.

En su opinión, Howell concluyó que el Instituto “en última instancia no ejerce ningún poder del Poder Ejecutivo bajo la Constitución, sino que opera, a través de la investigación, la enseñanza educativa y la erudición, en el área sensible de la paz global. Al crear esta organización, el Congreso logró un equilibrio cuidadoso entre la responsabilidad política, por un lado, y la independencia y estabilidad partidista, por el otro”.

Como tal, “la Constitución deja claro que la autoridad constitucional del presidente solo se extiende hasta el Artículo II, pero incluso el Artículo II no le otorga autoridad absoluta de remoción sobre sus subordinados, según el precedente vinculante actual de la jurisprudencia”.

Howell dijo que debido a que la remoción de la junta por parte de la administración fue ilegal, todas las acciones subsiguientes son nulas y sin efecto, incluyendo el despido del personal y la transferencia de la sede a la Administración de Servicios Generales.

La Casa Blanca no ha comentado al respecto. La administración tiene 30 días para apelar.

La idea del instituto era crear una organización que operara fuera de los canales normales para trabajar en la promoción de la paz y prevenir y poner fin a los conflictos. En el momento en que fue cerrado, el instituto operaba en más de dos docenas de zonas de conflicto, incluyendo Pakistán y Afganistán.

Howell había negado dos solicitudes de los demandantes para órdenes de restricción: una para detener el despido de la junta y otra para impedir que el gobierno tome control de la sede del instituto. Ese fallo llegó después de que ella celebró una audiencia y se enteró de que el liderazgo instalado por DOGE ya había iniciado y completado la transferencia de la sede antes de que los demandantes pudieran siquiera llegar a la corte. Howell equiparó la rápida acción a un toro en una tienda de porcelana.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Michael Kunzelman y Thalia Beaty.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.