Estados demandan para bloquear orden electoral de Trump, alegando que viola la Constitución
Electores votan en los comicios para la Corte Suprema estatal, el martes 1 de abril de 2025, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf)
WASHINGTON (AP) — Funcionarios demócratas de 19 estados presentaron una demanda el jueves contra el intento del presidente Donald Trump de reformar las elecciones en todo Estados Unidos, llamándolo una invasión inconstitucional de la clara autoridad de los estados para gestionar sus propias elecciones.
La demanda es la cuarta contra la orden ejecutiva emitida hace sólo una semana. Busca bloquear aspectos clave de la misma, incluidos los nuevos requisitos de que las personas proporcionen prueba documental de que son ciudadanos estadounidenses al empadronarse para votar, y una exigencia de que todas las boletas por correo sean recibidas el día de las elecciones.
“El presidente no tiene poder para hacer nada de esto”, escribieron los fiscales generales estatales en documentos judiciales. “La orden ejecutiva sobre elecciones es inconstitucional, antidemocrática y antiestadounidense”.
La orden de Trump decía que Estados Unidos ha fallado “en hacer cumplir la protección electoral básica y necesaria”. Funcionarios electorales han dicho que las elecciones recientes han sido de las más seguras en la historia del país. No ha habido indicios de fraude generalizado, incluso cuando Trump perdió ante el demócrata Joe Biden en 2020.
La orden es la culminación de las quejas de larga data de Trump sobre cómo se gestionan los comicios en Estados Unidos. Después de su primera victoria en 2016, Trump afirmó falsamente que su total de votos populares habría sido mucho mayor si no fuera por “millones de personas que votaron ilegalmente”. En 2020, Trump culpó a una elección “amañada” por su derrota y afirmó falsamente que había habido un fraude electoral generalizado y manipulación de máquinas de votación.
El mandatario ha argumentado que su orden evita el voto ilegal por parte de extranjeros, aunque muchos estudios e investigaciones en los estados han demostrado que es muy infrecuente.
Ha recibido elogios de los principales funcionarios electorales en algunos estados republicanos, quienes dicen que podría inhibir casos de fraude electoral y les dará acceso a datos federales para mantener mejor sus listas de votantes.
La orden también requiere que los estados excluyan cualquier boleta por correo o en ausencia recibida después del día de las elecciones, y pone en riesgo la financiación federal a los estados si los funcionarios electorales no cumplen. Algunos estados cuentan las boletas, siempre y cuando tengan en el matasellos una fecha que no sea posterior al día de los comicios, o permiten a los votantes corregir errores menores en sus boletas.
Obligar a los estados a cambiar, dice la demanda, violaría la amplia autoridad que la Constitución otorga a los estados para establecer sus propias reglas electorales. Dice que ellos deciden los “tiempos, lugares y manera” de cómo se gestionan las elecciones.
El Congreso tiene el poder de “hacer o alterar” las regulaciones electorales, al menos para cargos federales, pero la Constitución no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la administración electoral.
“Somos una democracia —no una monarquía— y esta orden ejecutiva es una toma de poder autoritaria”, denunció la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señaló que el gobierno de Trump está requiriendo que los estados cumplan con una orden inconstitucional o de lo contrario pierdan la financiación aprobada por el Congreso, algo que dijo que el presidente carece de autoridad para hacer.
“De un solo golpe, este presidente está intentando socavar las elecciones y eludir al Congreso, y no lo vamos a permitir”, advirtió.
El fiscal general y el secretario de Estado de Nevada, un estado que suele ser muy disputado en los comicios, defendieron las elecciones de su estado, diciendo que son imparciales, seguras y transparentes, y se opusieron al intento del mandatario de interferir en cómo se gestionan.
El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que la orden ejecutiva de Trump era un intento de imponer “restricciones de votación generalizadas” en todo el país y privar de sus derechos a los votantes.
Una solicitud de comentarios enviada a la Casa Blanca no fue respondida de momento.
La demanda fue presentada en la Corte Federal de Distrito en Massachusetts por los fiscales generales demócratas de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
Otras demandas presentadas con respecto a la orden argumentan que podría privar de sus derechos a los votantes, porque millones de estadounidenses en edad de sufragar no tienen los documentos adecuados fácilmente disponibles. Para poder votar, las personas ya están obligadas a dar fe de que son ciudadanos, bajo pena de perjurio.
De acuerdo con la orden, los documentos aceptables para demostrar que se es ciudadano serían un pasaporte de Estados Unidos, una licencia de conducir compatible con REAL ID que “indique que el solicitante es ciudadano”, y una identificación con foto válida, siempre y cuando se presente con una prueba de que se es ciudadano.
Los demócratas argumentan que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a sus certificados de nacimiento, aproximadamente la mitad carecen de un pasaporte de Estados Unidos, y las mujeres casadas necesitarían muchos documentos si es que cambiaron su nombre. Eso fue una complicación para algunas mujeres durante las recientes elecciones municipales en Nueva Hampshire, las primeras que se llevan a cabo bajo una nueva ley estatal que requiere presentar una prueba de ciudadanía para empadronarse.
No todas las licencias de conducir compatibles con REAL ID designan que se es ciudadano estadounidense.
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Cassidy informó desde Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Tran Nguyen en Sacramento, California, y Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire, contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.