Trump firma orden ejecutiva para seguir reduciendo la plantilla del gobierno federal

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump tuvo una inusual aparición junto a Elon Musk, uno de sus asesores más influyentes, el martes en el Despacho Oval, donde firmó una orden ejecutiva para continuar reduciendo la fuerza laboral federal.

The Associated Press revisó un documento informativo de la Casa Blanca sobre la orden, la cual pretende lograr avances en las labores de Musk por recortar gastos con su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus acrónimo en inglés).

Musk afirmó que hay algunas buenas personas dentro de la burocracia federal, pero que necesitan rendir cuentas y la calificó como un cuarto poder “no elegido”

“El pueblo votó por una reforma gubernamental a gran escala y eso es lo que el pueblo va a obtener”, dijo. “De eso se trata la democracia”.

Fue la primera vez que Musk respondió a preguntas de los reporteros desde que se sumó a la presidencia de Trump como un empleado gubernamental especial con una amplia influencia sobre las agencias federales. También es la persona más rica del mundo y el propietario de X, la plataforma de redes sociales anteriormente conocida como Twitter.

A pesar de las preocupaciones de que está acumulando un enorme poder con poca transparencia, Musk se describió a sí mismo como un libro abierto. Bromeó diciendo que el escrutinio del que es objeto era como someterse a un “examen de proctología a diario”.

El documento indica que “las agencias llevarán a cabo planes para reducciones masivas de personal y determinarán qué componentes de la agencia (o las agencias mismas) pueden ser eliminados o combinados porque sus funciones no son requeridas por la ley”.

También menciona que las dependencias deberán “contratar a no más de un empleado por cada cuatro que se retiren del servicio federal”. Hay planes para excepciones en lo que respecta a inmigración, el orden público y la seguridad pública.

Trump y Musk están presionando a los trabajadores federales para que renuncien a cambio de incentivos financieros, aunque su plan se encuentra actualmente suspendido debido a que un juez evalúa su legalidad. El programa de renuncia diferida, comúnmente descrito como un paquete de liquidación, permitiría a los empleados renunciar y seguir recibiendo su salario hasta el 30 de septiembre. Funcionarios del gobierno dijeron que más de 65.000 trabajadores han aceptado la oferta.

Cientos de personas se reunieron para un mitin el martes frente al Capitolio de Estados Unidos en apoyo a los trabajadores federales.

Janet Connelly, una diseñadora gráfica del Departamento de Energía, dijo que está harta de los correos electrónicos de la Oficina de Gestión de Personal que animan a las personas a aceptar el paquete de liquidación.

Intentó usar la configuración de spam para filtrar los correos electrónicos, pero no tuvo éxito. Connelly señaló que no tiene planes de aceptar la oferta.

“Desde el principio, no confié en ello”, afirmó.

Connelly dijo que considera que su trabajo es un importante servicio para el público estadounidense.

“Es demasiado fácil denigrarnos”, comentó.

Otros han dicho que el miedo y la incertidumbre han invadido a la fuerza laboral federal.

“Están preocupados por sus trabajos. Están preocupados por sus familias. También están preocupados por su trabajo y por las comunidades a las que sirven”, dijo Helen Bottcher, una exempleada de la Agencia de Protección Ambiental y actual líder sindical en Seattle.

Bottcher participó en una conferencia de prensa que organizó la senadora demócrata Patty Murray.

Murray dijo que los trabajadores “merecen algo mejor que ser amenazados, intimidados y presionados a renunciar por parte de Elon Musk y Donald Trump”. También afirmó que “realmente necesitamos que estas personas se queden en sus trabajos o las cosas comenzarán a romperse”.

Una abogada del gobierno, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por miedo a represalias, dijo que es un momento terrible para ser un empleado federal.

Indicó que a las personas les preocupa que sus teléfonos y computadoras estén siendo monitoreados. Ella es una madre soltera con una hija pequeña, y su padre le ha insistido en que acepte un trabajo más seguro en el sector privado.

Pero se ha mostrado escéptica ante el programa de renuncia diferida, e hizo énfasis en que si los trabajadores aceptan la oferta no pueden presentar una demanda en caso de que no se les pague el monto que se les prometió.

La idea, dijo, era una locura.

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Los periodistas de The Associated Press Martha Bellisle en Seattle, Rebecca Santana, Michelle L. Price y Brian Witte, en Annapolis, Maryland, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.