Jueza esperará para pronunciarse sobre un recurso para bloquear la orden de Trump sobre elecciones

NUEVA YORK (AP) — Una jueza federal dijo el jueves 17 de abril que esperaría para decidir si concede una orden judicial preliminar a los demócratas nacionales y grupos de derechos de voto que están desafiando la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre elecciones.

La jueza federal de distrito, Colleen Kollar-Kotelly, en Washington, D.C., dijo que consideraría las respuestas de cada parte a sus preguntas y apuntaría a una decisión la semana siguiente.

El Comité Nacional Demócrata, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, el Fondo Educativo de la Liga de Mujeres Votantes y otros buscan bloquear la amplia reforma de Trump a los procesos electorales federales, que, entre otros cambios, requeriría prueba de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales.

La orden ejecutiva del presidente republicano dice que Estados Unidos ha fallado en “hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias” y llama a los estados a trabajar con agencias federales para compartir listas de votantes y procesar delitos electorales. Amenaza con retirar fondos federales de los estados donde los funcionarios electorales no cumplan.

También busca imponer cambios importantes en los procesos electorales, incluyendo agregar un requisito de prueba de ciudadanía al formulario de registro de votantes federal y exigir que todas las boletas por correo sean recibidas, en lugar de solo mataselladas, para el día de las elecciones a nivel nacional.

Los demandantes argumentan que la orden de Trump es ilegal porque afirma un poder que no tiene sobre una agencia independiente. Esa agencia, la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, establece pautas voluntarias del sistema de votación y mantiene el formulario de registro de votantes federal.

Los demandantes también argumentan que la orden viola la Constitución, que dice que los estados, no el presidente, deciden los “tiempos, lugares y manera” de cómo se llevan a cabo las elecciones. La llamada cláusula de elecciones de la Constitución también otorga al Congreso el poder de “hacer o alterar” las regulaciones electorales, al menos para cargos federales, pero no menciona ninguna autoridad presidencial sobre la administración de las elecciones.

Durante la audiencia, Danielle Lang, abogada de los grupos no partidistas que demandan al gobierno de Trump, dijo que requerir prueba de ciudadanía complicaría las campañas de registro de votantes de sus clientes en supermercados y otros lugares públicos.

Las haría “mucho más engorrosas, mucho más difíciles y mucho menos efectivas”, expresó.

Aria Branch, abogada de los demócratas, dijo que sus clientes enfrentarían daños similares. También argumentó que una disposición en la orden ejecutiva para ajustar los plazos de las boletas por correo perjudicaría irreparablemente a sus clientes al obligarlos a reasignar recursos para ayudar a los votantes a navegar los cambios.

“Eso es tiempo, dinero y recursos organizacionales y estratégicos que no se pueden recuperar”, manifestó. “Y con las elecciones, estoy segura de que su señoría sabe, cada día es importante”.

La jueza preguntó a Michael Gates, abogado del gobierno de Trump, si constituiría un daño si una agencia federal de registro de votantes se negara a proporcionar un formulario de registro de votantes a una persona elegible porque no podían evaluar inmediatamente la ciudadanía.

“Pueden ir a la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados”, dijo Gates. “La incomodidad no es un impedimento”.

También se discutió durante la audiencia si el gobierno ya ha comenzado a implementar el requisito de prueba documental de ciudadanía en la orden. Los demandantes señalaron una carta del 11 de abril de la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos a los estados “buscando consulta” sobre cómo querrían ver su implementación.

Gates dijo que el proceso oficial para implementar la disposición no ha comenzado.

“La orden ejecutiva no ha sido implementada, y el formulario federal no se actualizará por muchos, muchos, muchos meses”, afirmó. “Eso por sí solo socava la necesidad de una orden judicial”.

La audiencia se produce mientras otras demandas contra la orden ejecutiva de Trump están pendientes.

Diecinueve fiscales generales demócratas este mes pidieron al tribunal que rechazara la orden ejecutiva de Trump. Al día siguiente, Washington y Oregón, dos estados que realizan elecciones completamente por correo, presentaron su propia demanda contra la orden.

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La periodista de The Associated Press Christina A. Cassidy en Atlanta contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.