Llega a Venezuela un vuelo de migrantes sin la niña de 2 años separada de sus padres deportados
CARACAS (AP) — Un vuelo de migrantes llegó el viernes a Venezuela desde Estados Unidos sin la niña de 2 años que fue separada de su madre la semana pasada cuando ésta fue deportada, en un caso que levantó polémica en los últimos días por la decisión de las autoridades estadounidenses de dejar a la menor en una familia de acogida en el país norteamericano.
El gobierno venezolano había pedido el jueves que Maikelys Espinoza, hija de venezolanos, fuera devuelta a sus familiares en Venezuela y la llegada de un nuevo vuelo a Caracas había levantado expectativas sobre si estaría entre los migrantes trasladados el viernes.
El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, confirmó que la menor no se encontraba en el vuelo de la aerolínea estatal venezolana Conviasa que aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.
“No viene ningún niño”, dijo Cabello, tras asegurar que el avión llegó desde Honduras con 183 personas a bordo, de ellos, 157 hombres y 26 mujeres.
Según dijeron anteriormente las autoridades de Estados Unidos, la niña está “bajo el cuidado y la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados” y “con una familia de acogida”.
Es la explicación que ofreció en un comunicado del 26 de abril el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, para responder a los señalamientos del gobierno de Venezuela de que la menor había quedado ”secuestrada” en territorio estadounidense.
El presidente Nicolás Maduro volvió a insistir el jueves en el reclamo y pidió al país norteamericano que devolviera a la menor con sus familiares en Venezuela.
La niña fue separada de su madre el 25 de abril cuando ésta fue deportada a Venezuela. Su padre ya había sido deportado a El Salvador en marzo y permanece allí desde entonces en una cárcel de máxima seguridad, según los abogados de la familia.
El gobierno de Estados Unidos afirmó para justificar la deportación de ambos y la separación de la menor que los padres “contaban con órdenes judiciales de deportación” y tenían vínculos con la banda del Tren de Aragua, de origen venezolano, calificada por la administración del presidente Donald Trump como una organización terrorista.
La pareja negó durante su detención en Estados Unidos ser parte de la banda criminal.
Los vuelos de retorno de migrantes deportados desde el país norteamericano se han regularizado en las últimas semanas. Hay incluso varios por día y algunos llegan directamente a Caracas desde territorio estadounidense, como parte de los traslados acordados a fines de marzo por ambos países.
El acuerdo entre Venezuela y Washington se produjo poco después que el gobierno del presidente Donald Trump enviara a más de dos centenares de deportados venezolanos —a los que atribuyó vínculos con el Tren de Aragua sin presentar evidencias— al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó construir para encarcelar a integrantes de las pandillas.
Según gobierno de Maduro, Maiker Espinoza, el padre de la niña, es uno de los 252 venezolanos que fueron enviados allí.
El presidente Donald Trump invocó una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII y etiquetó a la pandilla Tren de Aragua como una fuerza invasora para poder deportar a migrantes venezolanos hacia esa prisión de El Salvador como parte de su política contra la migración.
Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, el padre de la niña estaba a cargo de supervisar “homicidios, tráfico de drogas, secuestros, extorsión, tráfico sexual” para esa organización criminal. Mientras que la madre, identificada como Yorely Bernal Inciarte, supuestamente supervisaba “el reclutamiento de mujeres jóvenes para el narcotráfico y la prostitución”.
Recientemente, el mandatario venezolano rechazó una propuesta de Bukele que buscaba intercambiar a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos por otras tantas personas encarceladas en Venezuela consideradas como presos políticos. Maduro catalogó la propuesta como “ilegal” y resaltó que fueron “privados de su libertad de forma arbitraria”.