Magnate venezolano de medios de comunicación enfrenta cargos en Florida por presuntos sobornos
MIAMI (AP) — Un magnate venezolano de medios de comunicación fue acusado formalmente el miércoles en un tribunal federal en Florida por su presunto papel en una operación de lavado de dinero como parte de un plan para desviar más de 1.000 millones de dólares de la compañía petrolera del gobierno de Venezuela.
Un jurado investigador federal en Miami presentó los cargos contra Raúl Gorrín Belisario por su participación en un presunto plan para lavar fondos que obtuvo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a cambio de cientos de millones de dólares en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa.
Gorrín, de 56 años, está acusado de un cargo de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero. De ser declarado culpable, podría pasar hasta 20 años en la cárcel. Previamente fue acusado en otros dos casos federales, y el gobierno de Estados Unidos ya lo considera prófugo.
Gorrín no respondió de momento a una solicitud de The Associated Press en busca de comentarios. Howard Srebnick, un abogado radicado en Miami que ha representado a Gorrín en otras ocasiones, no respondió por el momento a una solicitud de comentarios, pero ha dicho previamente que el empresario venezolano niega haber cometido algún ilícito.
“El presunto comportamiento de Gorrín enriqueció a funcionarios gubernamentales corruptos y aprovechó el sistema financiero estadounidense para facilitar estos delitos”, dijo Nicole Argentieri, fiscal general adjunta. “Estados Unidos no es un paraíso para ejecutar planes de lavado de dinero ni ocultar ganancias de origen ilícito”.
Gorrín es parte de un grupo de élite conocido en Venezuela como “boliburgueses”, personas que amasaron enormes fortunas durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Desde entonces, su riqueza ha atraído la atención de fiscales estadounidenses, quienes han vinculado a muchas de estas personas con acuerdos turbios en el sector de bienes raíces, adquisiciones de yates y otras transacciones con las que se pretendía ocultar el origen de sus fortunas.
Gorrín ayudó a adquirir la popular cadena televisiva venezolana Globovisión en 2013 y suavizó su cobertura antigubernamental.
Entre 2014 y 2018, Gorrín conspiró con otras personas para lavar los ingresos procedentes del plan de sobornos valiéndose del sistema financiero de Estados Unidos, así como de cuentas bancarias en otros países, según documentos judiciales.
En los documentos se afirma que Gorrín y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos de alto nivel para obtener contratos con PDVSA de préstamos de divisas extranjeras.
El lavado de ganancias ilícitas se realizó en parte en el sur de Florida, donde se utilizaban los fondos para adquirir bienes raíces, yates y otros artículos de lujo. Gorrín y sus cómplices se valían de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero para ocultar los movimientos de los pagos de sobornos y los fondos ilícitos, según los documentos.
Aunque no enfrentó cargos en ese caso, Gorrín también fue llamado el “conspirador número 7” en otra acta de acusación presentada en el tribunal federal de Miami hace más de cinco años. En dichos expedientes, el “conspirador número 7” es identificado únicamente como el multimillonario propietario de una cadena de televisión en Venezuela. Pero dos funcionarios federales al tanto de la causa penal identificaron en su momento al hombre como Raúl Gorrín. Los funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado de las acusaciones.
El caso estaba vinculado a un plan elaborado hace más de una década, en el cual se sacaba provecho de un rígido sistema monetario que el gobierno de Venezuela había implementado antes de que el país cayera en una profunda crisis política, social y económica.
El plan giraba en torno a acuerdos de préstamos falsos con PDVSA con el fin de desfalcar a la compañía de entre 600 y 1.200 millones de dólares, en un momento en que la producción petrolera se venía abajo. En esa investigación en curso, conocida como Operación Fuga de Dinero, varios funcionarios de la petrolera y sus gestores financieros europeos se han declarado culpables o han sido acusados formalmente de lavado de activos.
Para facilitar los acuerdos, los cómplices pagaron millones de dólares en sobornos, incluso a familiares de un funcionario identificado únicamente como “Los Chamos”, jerga venezolana para referirse a “los niños”. Los “Chamos” son los hijastros del presidente Nicolás Maduro, declararon previamente a la AP dos funcionarios estadounidenses.
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La periodista de The Associated Press Regina García Cano contribuyó a este despacho desde Ciudad de México.