Impulso a la intervención de militares contra el delito genera diferencias en el gobierno argentino
El presidente argentino Javier Milei, centro izquierda, y la vicepresidenta Victoria Villarruel asisten a la ceremonia oficial que conmemora el 32 aniversario del atentado a la embajada de Israel en el lugar donde una vez estuvo la sede diplomática en Buenos Aires, Argentina, el lunes 18 de marzo de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
BUENOS AIRES (AP) — El proyecto del presidente argentino Javier Milei para que las Fuerzas Armadas participen activamente en la lucha contra el accionar terrorista que atribuye a bandas del narcotráfico generó diferencias en el seno del oficialismo luego de ser rechazado por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Villarruel, hija de un militar y quien embandera dentro del gobierno la postura negacionista sobre la represión ilegal ejercida por los militares durante la última dictadura (1976-1983), señaló en una entrevista periodística el jueves por la noche que los miembros de las Fuerzas Armadas resultarían perjudicados en caso de prosperar el proyecto de ley del gobierno al dejarlos expuestos a sanciones penales a partir de su accionar contra civiles.
El gobierno anunció que impulsará en el Congreso una iniciativa para modificar la ley que en la actualidad limita la función de los uniformados en materia de seguridad interior a brindar apoyo logístico a fuerzas federales como la policía, en un intento de atajar el recrudecimiento de la violencia de las bandas narco en la ciudad de Rosario —a 300 kilómetros de Buenos Aires— que ha calificado de actos narcoterroristas. Según esa legislación de 1991, los uniformados también pueden actuar en el marco excepcional de un estado de sitio, cuando las garantías constitucionales son suspendidas.
Villarruel señaló al canal de cable Todo Noticias que “la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles” y acotó que “el narco es un civil para el derecho”. “En los (años) 70 se combatió al terrorismo, ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, dijo la vicepresidenta, quien en varias ocasiones ha cuestionado las condenas que recayeron sobre militares por sus violaciones a los derechos humanos en la ofensiva contra grupos guerrilleros.
Agregó que para el único supuesto en que Argentina puede utilizar actualmente a sus Fuerzas Armadas en el área de seguridad interna es en el caso de agresiones externas de otro Estado y sostuvo que la participación directa de los militares en contra de los narcos o de otras bandas criminales requeriría que estén protegidos ante la justicia haciendo “responsables” a los “funcionarios civiles” que les encomienden esas operaciones.
“El Estado, si da una orden, tiene que hacerse cargo”, afirmó Villarruel, quien sostuvo que la jurisprudencia que rige actualmente producto de las acciones de las Fuerzas Armadas en los años 70 hace que si un militar “repele ese tipo de delitos va a ser plausible de una condena por asesinato y no por un enfrentamiento”.
La ministra de Seguridad argentina Patricia Bullrich cuestionó el viernes los dichos de la vicepresidenta. Bullrich dijo “entender la preocupación” de Villarruel pero instó a que “el país pueda salir de sus heridas y avanzar hacia el futuro... Las Fuerzas Armadas hoy son parte integral de nuestra democracia”.
La iniciativa de Milei, un economista ultraliberal y de extrema derecha que asumió en diciembre, habilita a los militares a patrullar, controlar personas, vehículos e instalaciones y aprehender en flagrancia a quienes cometan hechos destinados a aterrorizar a la población y no sólo abarca a Rosario, sino a cualquier territorio argentino. Se desconocen los detalles del proyecto que sería enviado la semana próxima al Congreso, donde no tiene el terreno allanado dada la desventaja numérica del partido oficialista La Libertad Avanza.
El proyecto también es resistido —pero con argumentos opuestos a los de Villarruel— por organismos de derechos humanos y grupos de izquierda que recordaron los excesos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura y en ese sentido señalaron que los militares no son una solución efectiva a los problemas de inseguridad y narcotráfico y su intervención abre la puerta a escenarios de mayor violencia.
No es la primera vez que Villarruel expone públicamente sus diferencias con iniciativas del presidente. La funcionaria ha admitido que tuvo ceder ante la decisión del presidente de no nombrarla ministra o asesora en las áreas de Seguridad y Defensa, aunque sostiene que ambos mantienen una buena relación.
El portavoz presidencial Manuel Adorni negó por su lado que existan “internas entre Villarruel y Milei y tampoco en el resto del gabinete”. En su rueda de prensa diaria señaló que “en algunos temas opinamos diferente y está bien que así sea”.