Senado de Chile inhabilita por cinco años a dos magistrados por irregularidades en la Corte Suprema
SANTIAGO (AP) — El Senado de Chile aprobó el miércoles la destitución e inhabilitación por un plazo de cinco años de dos magistrados de la Corte Suprema en el marco de una amplia investigación sobre presuntas irregularidades en el máximo tribunal y que ha sacudido al sistema judicial.
Los senadores fallaron en contra de los magistrados Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes enfrentaban una acusación constitucional —como se conoce en Chile el primer paso para la apertura de un juicio político— por supuestas irregularidades durante su desempeño como jueces del Supremo. Como los cargos en su contra no eran los mismos, se decidió juzgarlos de forma separada en dos sesiones distintas.
Las acusaciones más graves recaían sobre Vivanco, de 61 años, señalada por supuesto tráfico de influencias, “notable abandono” de sus deberes, pérdida de imparcialidad y entrega de información confidencial, entre otras irregularidades. Además, se la acusaba de “injerencias indebidas en distintos nombramientos de cargos judiciales y públicos, afectando gravemente la probidad judicial”.
La Cámara Alta acató las denuncias y consideró, con tan solo una abstención, que la magistrada violó sus deberes, por lo que ratificó su inhabilitación a cargos públicos en el próximo lustro.
Vivanco fue duramente criticada por los parlamentarios, quienes alegaron en unanimidad que no podía haber “impunidad” tras las revelaciones surgidas a raíz de la filtración de unos audios de la magistrada con un influyente abogado del país. Los senadores destacaron además la gravedad de los hechos y muchos llegaron a hablar de corrupción en la máxima instancia judicial.
Además de la arista política, Vivanco enfrentó otra administrativa, en la que fue removida de su cargo en el Supremo la semana pasada por una decisión unánime del pleno del máximo tribunal por haber “incurrido en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia”, según la corte.
Asimismo, es blanco de una investigación penal, abierta por la Fiscalía, tras conocerse la magnitud de las denuncias en su contra.
La revelación de los audios, que ha expuesto conversaciones con políticos, magistrados y empresarios, puso contra las cuerdas el sistema judicial de Chile y que culminó en una amplia investigación sobre las presuntas irregularidades, corruptelas y tráfico de influencias, entre otros, cometidas no solo en el seno de la máxima corte, sino también en tribunales de instancias inferiores y otras instituciones jurídicas.
En una sesión previa, el Senado también aprobó la destitución e inhabilitación del magistrado Sergio Muñoz, acusado de filtrar información confidencial a su hija - quien habría desistido de un negocio inmobiliario después de que fuera alertada por su padre sobre una causa judicial que resolvió la Corte Suprema.
La Cámara Alta consideró que las acciones de Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones en la Corte Suprema desde septiembre, supusieron un trato preferente que generó “privilegios” dentro de su entorno familiar. Además concluyó que el magistrado incumplió sus deberes al no informar que su hija, también jueza en un juzgado de Santiago, habría desempeñado funciones judiciales fuera de Chile, algo prohibido.
Los cargos contra ambos juristas fueron formulados en una denuncia presentada a finales de septiembre a la Cámara de Diputados. Tras debatir durante dos semanas, la Cámara Baja aprobó la semana pasada la apertura de un juicio político y remitió el caso al Senado, que en Chile actúa en estas circunstancias como juez y debe decidir si los acusados son culpables o no.
En el marco de las investigaciones que azotan al sistema judicial, el Congreso tenía pendiente una tercera causa abierta contra el también magistrado Jean Pierre Matus, igualmente salpicado por los audios filtrados el año pasado y quien admitió haber mantenido conversaciones con el destacado abogado Luis Hermosilla, quien está en prisión preventiva desde finales de agosto acusado de lavado de activos, soborno y fraude tributario.
Sin embargo, la Cámara de los Diputados desestimó la víspera los cargos y rechazó que proceda la acusación.