Corte Interamericana de DDHH conoce primer caso contra Perú por esterilización forzada
CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció el jueves el primer caso de esterilización forzada en Perú —y el segundo que llega a esta instancia— por la muerte en 1997 de una mujer de una zona rural y pobre que fue sometida a este procedimiento como parte de un programa del entonces gobierno del hoy fallecido Alberto Fujimori.
En la audiencia pública que se realizó en Guatemala, como parte del 176 período de sesiones de la Corte, ésta juzga la responsabilidad del Estado peruano en los hechos. Durante la jornada, escuchó a la familia de la víctima y a los peritos de ambas partes. Su resolución podría emitirse en ocho meses.
El proceso discutido en la Corte IDH aborda la denuncia por falta de justicia en Perú en la muerte de Celia Ramos Durand, una mujer que fue esterilizada en 1997 a sus 34 años y que falleció el 22 de julio de ese año, tras agonizar durante 19 días luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras era sometida a una intervención.
El caso de Ramos es el primero de Perú que llega a la Corte IDH. Pero el tribunal interamericano ya conoció un primer caso de esterilización forzada cuando en 2016 condenó al Estado boliviano por la esterilización de una mujer, que estaba aún bajo anestesia después de una cesárea.
La víctima peruana fue parte un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado durante la gestión del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
En Perú, existe una investigación fiscal abierta sobre más casos de esterilizaciones forzadas que incluyen el de Celia Ramos. Esta indagación empezó en 2002. Casi dos décadas después, la fiscalía denunció en 2021 a Fujimori y a tres exministros de Salud de su gobierno por la autoría mediata en lesiones graves seguidas de muerte de cinco mujeres, pero el Poder Judicial ordenó en 2024 que la fiscalía vuelva a preparar una nueva denuncia adaptando el caso al nuevo código procesal penal.
El caso sobre esterilizaciones forzadas es uno de las más emblemáticos de Perú. Desde el poder político a fines del siglo XX se buscó frenar la natalidad de los humildes e indígenas sin reparar en sus derechos y como estrategia para disminuir la pobreza del país, según el Ministerio Público.
En ese sentido, la doctora en Antropología estadounidense Kimberly Theidon, perito que declaró en la audiencia, narró que tras 25 años de trabajo en zonas rurales de Perú, logró concluir en sus estudios que hubo esterilización forzada en la época en que murió Ramos Durand como parte de una “política estatal a mujeres pobres, indígenas, rurales y analfabetas, lo que constituye una forma de discriminación y estigmatización”.
Ese programa, dijo, se implementó en el marco de un conflicto armado en Perú (1980-2000) y que estaba dirigido a las mujeres para combatir la pobreza y a la subversión: “Porque los pobres eran los que más tenían hijos, hijos que podrían ser parte de la subversión... Era una forma de guerra reproductiva”.
Theidon recordó que hubo militarización porque los empleados de salud salían a las comunidades a hacer campañas del programa acompañados por militares y que se realizaban ferias locales donde se ofrecían “ligaduras (de trompas de Falopio) a cambio de comida”, lo que podría tomarse como una coacción a aceptar los procedimientos médicos.
El Estado también requería cuotas de número de pacientes a médicos, apuntó Theidon. “Hay unos médicos que protestaron porque era inhumano... Tener que esterilizar hasta 250 mujeres en tres días”, dijo.
La familia de Ramos Durand alega que la mujer fue forzada, a través de coacción, hostigamiento y presiones, a firmar un consentimiento para que se realizara la intervención de esterilización.
Marisela del Carmen Monzón Ramos, hija mayor de la víctima, declaró que tenía 10 años cuando su madre murió y recuerda cómo su fallecimiento terminó con el proyecto de familia que tenían, su padre, madre y sus dos hermanas.
“Ella conformaba el pilar de esta familia... Era una mujer fuerte, ella movía todo, la admiraba, contaba con plenitud y alegría”, dijo la hija entre lágrimas ante la Corte IDH.
Monzón Ramos dijo al tribunal que la clínica médica donde se realizó el procedimiento quirúrgico a su madre no contaba con agua regular, ni los instrumentos médicos necesarios para atender alguna emergencia, como la que vivió su madre y que derivó en su muerte. Los representantes legales dijeron que el mismo día otras 14 mujeres fueron también esterilizadas en el lugar.
El doctor en Derecho civil Eduardo Manuel Buendia, perito propuesto por el Estado peruano, basó su informe en que a la mujer se le había informado sobre la intervención, que había firmado un consentimiento y mostró el documento firmado.
“No existe medio probatorio que diga que se haya producido violencia amenaza, intimidación engaño” para que la víctima firmara el documento de consentimiento, dijo Buendía.
Los abogados de la familia así como la Corte dijeron que el Estado peruano se había negado a entregar dicho documento.
Tras el fallecimiento de Ramos Durand, su esposo denunció ante la fiscalía que luego archivó el caso a petición del esposo. Siete años después, su tío volvió a denunciar. El caso fue de nuevo archivado; y reabierto otra vez en 2011. Actualmente, se encuentra sin juicio ni condenas.
“Lo que esperamos es que se conozca la verdad, que se haga justicia, que se investigue y que el Estado peruano se haga responsable”, dijo la hija.
Monzón Ramos detalló que todo ocurrió en una comunidad llamada La Legua, en la región de Piura, al norte de Perú, entonces una zona pobre, sin servicios básicos de salud, ni drenajes, con servicios de agua y luz intermitente.
“Recuerdo que mi madre le decía a su amiga que (los empleados de salud que la convencieron para que se operara) le decían que el procedimiento era fácil: como sacarse una muela”, dijo la hija de la víctima.
Por su parte, la antropóloga Theidon recordó que el programa del gobierno peruano del fallecido Fujimori llegó a esterilizar a más de 300.000 mujeres y unos 30.000 hombres. A su juicio, las mujeres estaban en una desigualdad estructural lo que las colocaba en una situación de vulnerabilidad a sus derechos.
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El periodista Franklin Briceño colaboró con este despacho desde Perú.