Abogada de DDHH detenida en El Salvador va a prisión provisional seis meses por orden de juez

SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado salvadoreño ordenó el miércoles enviar a prisión provisional por seis meses a una abogada de una reconocida organización de derechos humanos que ha sido crítica con el gobierno del presidente Nayib Bukele por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito. Su detención a mediados de mayo avivó la polémica sobre el uso excesivo del estado de excepción en delitos no relacionados a las pandillas.

Ruth Eleonora López, quien fue detenida por la policía el 18 de mayo por un supuesto caso de peculado, pero no le formularon cargos sino hasta más de dos semanas después. El lunes pasado, la fiscalía pidió a un juez procesarla por enriquecimiento ilícito y prisión preventiva por medio año.

“Soy una presa política, las acusaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia de la corrupción en este gobierno. No hay instituciones que garanticen derecho de los salvadoreños, soy inocente, soy inocente y voy a demostrar mi inocencia”, gritó a la salida de la audiencia la abogada López, que era custodiada por agentes de la Policía. La seguridad de los jugados impidió que los periodistas se acercaran a ella.

“Quiero un juicio público, quiero un juicio público, tengo derecho a que la gente sepa que me están enjuiciando por mis opiniones”, recalcó.

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El abogado defensor Pedro Cruz dijo que “lo único que puedo decir (es) que es una aberración jurídica lo que ha ocurrido ahora” e indicó que no hay fecha para la próxima audiencia.

El juez decretó reserva total del caso y la prensa no tuvo acceso a la audiencia del miércoles en que se ordenó su envío a prisión y se aceptaron los cargos propuestos por la fiscalía.

Al ser abordado antes por periodistas en los pasillos del centro judicial, Cruz expresó su desacuerdo por la decisión de poner el proceso en reserva: la fiscalía lo pidió “por miedo a haber hecho una acusación infundada”.

Poco después, la policía condujo rápidamente al interior de la sala de audiencias a López sin permitirle dar declaraciones a la prensa. La abogada alcanzó a decir que no la van a callar. “Que me concedan un juicio público, la gente tiene que saber”, dijo, esposada de manos, a su paso. Y aseguró que su retraso en llegar a la audiencia se debió a que no quiso cambiarse de ropa: “Querían que viniera con traje”.

López ocupaba el cargo de jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización no gubernamental Cristosal, que ha denunciado abusos en las cárceles salvadoreñas desde que rige un estricto estado de excepción —desde 2022— como política de mano dura contra la violencia de las pandillas que azotó al país centroamericano.

Bajo ese estado, una persona puede ser detenida en El Salvador sin saber por qué y sin acceso a un abogado. Más de 86.000 personas han sido arrestadas en los últimos tres años por presuntos vínculos con pandillas, pero más del 90% está en prisión sin condena.

La abogada lideraba en Cristosal un equipo que ha elaborado decenas de informes y análisis y ha presentado múltiples recursos legales relacionados con la corrupción gubernamental. La organización rechazó su detención argumentando que es una forma de persecución del gobierno por sus críticas.

La relatora de la ONU Defensora de Derechos Humanos, Mary Lawlor, se pronunció en X, antes Twitter, sobre el caso y dijo estar “siguiendo de cerca” la situación de López. “El Estado debe garantizar su derecho al debido proceso. Debe ser liberada”.

La fiscalía, recalcó Cruz, pidió la reserva del caso porque tiene “miedo a que se sepa lo ridículo que han puesto en el escrito que han presentado y quedar ante la faz de la nación como un Ministerio Público incompetente y que arma tamales en contra de los ciudadanos en vez de procesos”.

López ha pasado más de dos semanas detenida en las bartolinas de la División de Tránsito de la Policía, donde sólo su madre tuvo acceso a visitarla ante la presión pública que levantó la controversia de su detención.

Con la orden judicial de enviarla a prisión provisional, está previsto que la mujer sea trasladada a una de las cárceles del país.

La abogada y su defensa han negado los cargos que le atribuye la fiscalía y que se derivan de su etapa como asesora de un exfuncionario del del anterior gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019): Eugenio Chicas, quien fue detenido en febrero y está procesado por enriquecimiento ilícito.

La fiscalía acusa a López de, supuestamente, haber colaborado en la “sustracción de fondos de las arcas del Estado” mientras trabajaba como asesora de Chicas.

“Nosotros haremos nuestro trabajo. Tenemos argumentos muy sólidos, tenemos evidencia, tenemos los arraigos y esperamos que se dé un juicio justo”, defendió Cruz.

Miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y del Comité de Expresos y Presas Políticos de El Salvador (COPPES) se concentraron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez para dar acompañamiento a la audiencia en el caso contra López.

Abogados y organizaciones de la sociedad civil han criticado que la defensora de derechos humanos haya permanecido prácticamente incomunicada por más de dos semanas sin comparecer ante el juez.

La Constitución salvadoreña indica que todo detenido debe comparecer ante un juez en 72 horas. Ese plazo, no obstante, puede extenderse a 15 días —como ha ocurrido con López— a raíz del régimen de excepción vigente desde hace más de tres años, que se ha renovado mes a mes gracias a la mayoría del oficialismo en el Congreso.