Militares y policías persiguen a pandilleros en populosa comunidad al este de la capital salvadoreña
SAN SALVADOR (AP) — Más de 2.000 soldados y policías establecieron el sábado un cerco alrededor de una populosa comunidad en la periferia este de la capital salvadoreña, debido a que supuestos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse en la zona que se creía libre de estos grupos criminales, informó el presidente Nayib Bukele.
“Hoy en la madrugada desplegamos un cerco de seguridad con 1.500 soldados y 500 policías. Vamos a extraer hasta al último terrorista que esté escondido en esa zona”, dijo Bukele en su cuenta oficiala de la red social X.
“En San Bartolo, Ilopango, algunos pandilleros han intentado regresar y reorganizarse. Inteligencia Policial y las denuncias de la población lo han confirmado. Vamos a extraer hasta al último terrorista que esté escondido en esa zona”, advirtió el mandatario.
Por su parte el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que, junto al ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante Francis Merino Monroy, “verificamos la ejecución de un nuevo cerco de seguridad en San Bartolo, Ilopango, conformado por hombres y mujeres de nuestras fuerzas del orden”.
“Nuestro objetivo es claro: localizar y capturar a los remanentes de pandillas que aún intentan sembrar temor y causar daño a los salvadoreños de bien. No vamos a dar un solo paso atrás”, agregó el funcionario, que publicó fotografías del despliegue de las unidades de la policía y de la fuerza armada.
Esta es la primera operación en gran escala que realizan las fuerzas de seguridad en 2025 para combatir a las maras o pandillas, que durante más de tres décadas prácticamente mantuvieron en el control en populosas barrios y comunidades donde imponían su ley “ver, oír y callar”.
El gobierno del presidente Bukele comenzó a implementar los cercos militares en 2022 como parte de la quinta fase de su plan de seguridad para combatir a las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano.
Después que las pandillas asesinaron a 62 personas en una sola jornada, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó la solicitud de Bukele de decretar un estado de excepción, que suspende varias garantías constitucionales, una medida que, según organismos nacionales e internacionales, ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
El régimen de excepción suspende derechos constitucionales como el ser informado sobre los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se extiende la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
El Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele, también reformó el Código Penal para tipificar como delito la pertenencia a una pandilla, lo cual conlleva una pena de entre 20 y 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años tras las rejas.
El gobierno asegura que con las medidas extraordinarias la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6.665 homicidios, 106 por cada 100.000 habitantes, y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo.
El Salvador cerró 2024 con un mínimo histórico de 114 homicidios, un promedio de 0,3 asesinatos al día y sólo uno durante diciembre, ante lo cual Bukele aseguró que ahora es el país más seguro del hemisferio occidental.
Durante la vigencia del régimen de excepción las autoridades han detenido más de 86.400 personas por cargos de pertenencia o asociación a pandillas,
Sin embargo, el propio gobierno ha reconocido que el 90% de los detenidos se encuentran en prisión a la espera de un juicio y que más de 8.000 han tenido que ser liberados por falta de pruebas. En tanto, las organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados.
La ONG Socorro Jurídico Humanitario ha documentado la muerte de 418 personas en custodia de las autoridades, El organismo asegura que el 94% de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros.