Expresidenta argentina Fernández cumplirá condena por corrupción bajo arresto domiciliario

BUENOS AIRES (AP) — Un tribunal federal de Argentina dispuso el martes que la expresidenta Cristina Fernández cumpla en su domicilio la condena de seis años de cárcel por corrupción que recibió en 2022, como había solicitado la defensa de la exmandataria. La sentencia comenzó a ejecutarse de inmediato.

El tribunal resolvió en un dictamen al que tuvo acceso The Associated Press que la líder del peronismo opositor puede cumplir la reclusión en el apartamento donde reside en Buenos Aires al entender, entre otras razones, que es necesario para preservar su seguridad, ya que fue víctima de un intento de atentado hace tres años.

Entre los argumentos recogidos en el fallo, el tribunal mencionó “la combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada” a raíz del ataque, así como “la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario”, a menos que se tomen medidas como el aislamiento.

Por ello, planteó “la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y los fines resocializadores de la pena”.

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El tribunal dictaminó que Fernández, de 72 años, “deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor” y que “deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario”.

Desde que la Corte Suprema confirmó la semana pasada la condena a prisión para la exmandataria, decenas de sus simpatizantes se congregaron a las puertas del inmueble donde reside en el sur de la capital para manifestarle su apoyo y ella salió a saludarlos desde el balcón de la vivienda situada en el segundo piso.

La policía desalojó durante el fin de semana las estructuras que se habían montado para venta de comidas y bebidas en las inmediaciones del edificio. Poco después, seguidores de la referente del ala centroizquierdista del peronismo siguieron desplazándose a la zona.

El tribunal ordenó además que Fernández presente una lista con los nombres de sus familiares, custodios policiales, médicos y abogados, quienes podrán acceder a su domicilio sin necesidad de autorización judicial.

Asimismo ordenó que se le coloque un dispositivo de vigilancia electrónico para el control de sus movimientos.

El juzgado desechó así el pronunciamiento de dos fiscales federales que se habían manifestado para que la exgobernante (2007-2015) cumpliera su reclusión en una cárcel, argumentando que no existían razones de salud o personales “que permitan inferir que el encierro carcelario puede afectar el derecho a un trato digno”.

El tribunal entendió, en cambio, que el cuidado de la vida e integridad física de la también exvicepresidenta (2019-2023) “se tornaría complejo en una situación de encierro carcelario en convivencia con cualquier tipo de población penitenciaria”.

Para defender su petición de prisión domiciliaria, Fernández había argumentado además que es mayor de 70 años, un atenuante que contempla la justicia argentina para dar ese beneficio, aunque el tribunal consideró que no es una premisa decisiva a la hora de determinar su situación.

La exmandataria había dicho que se iba a presentar ante el tribunal que la condenó el miércoles para ser notificada de la sentencia. Pero al haberle otorgado el juzgado la prisión domiciliaria, no será necesario que se traslade hasta allí y la reclusión se hace efectiva de inmediato en el lugar donde reside.

Fernández fue hallada culpable a fines de 2022 de administración fraudulenta luego de que el tribunal comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales con fondos públicos en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.

Las obras viales fueron sistemáticamente adjudicadas a compañías del también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez.

La sentencia contra Fernández de 2022 fue ratificada dos años después por la principal cámara penal y la semana pasada por la Corte Suprema, el más alto tribunal del país.

Fernández dice ser víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político.

La condena implica que la dirigente peronista no podrá competir como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, tal como había anticipado, porque incluye —además de la prisión— la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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La periodista de AP Almudena Calatrava contribuyó en esta nota.