Guatemala: tras 48 horas detenidos juez vincula a proceso a líderes indígenas acusados de terrorismo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Una jueza guatemalteca ordenó vincular a proceso y enviar a prisión al viceministro Luis Pacheco, uno de los líderes indígenas que estuvo al frente de las protestas en 2023 contra la fiscal general Consuelo Porras que buscaban una transición pacífica de poder del actual presidente Bernardo Arévalo

Pacheco y Héctor Batz Chaclán, otro líder indígenas exmiembros de la Junta Directiva de la organización 48 Cantones de Totonicapán, están señalados por cuatro delitos por la fiscalía, pero la juez ordenó investigarlos por terrorismo y obstaculización a la acción penal.

La jueza Carol Patricia Flores, que conoció el caso, también ordenó mantener el proceso bajo reserva judicial, confirmó a periodistas Francisco Vivar, abogado de los detenidos, por lo que no pueden adelantar detalles.

En un comunicado, la fiscalía confirmó que la jueza fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación.

La detención de los dos hombres, ocurrida el miércoles, ha causado rechazo generalizado acusando al Ministerio Público de criminalizar las protestas y de una venganza por haber movilizado a miles de indígenas y campesinos que paralizaron el país para evitar que la fiscalía dirigida por Porras bloqueara la llegada al poder Arévalo contra quien Porras mantuvo una arremetida.

Volker Türk, Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo en su cuenta oficial de X, antes Twitter, que “el uso indebido del derecho penal de Guatemala para detener a líderes indígenas, incluido el viceministro Luis Pacheco, con quien me reuní en dos ocasiones, es muy preocupante. Participar en manifestaciones pacíficas es un derecho humano que no debe ser sancionado”.

El viernes, la Unión Europea (UE) se unió a las muestras de rechazo por las detenciones en un comunicado. “La UE ha expresado anteriormente su profunda preocupación por la instrumentalización del sistema judicial y el uso indebido de medidas legales y procesales dirigidas contra funcionarios electos, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, dirigentes indígenas y operadores de justicia”, dijo.

En diciembre de 2024, la EU renovó las sanciones emitidas contra Porras, varios de sus subalternos y un juez, a los que señala de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica de poder en Guatemala en 2023, dijo el bloque de países en un comunicado.

Desde julio de 2023 y durante varios meses la fiscalía intentó procesar a autoridades electorales, a miles de ciudadanos que participaron en las juntas electorales de votos, a los miembros del partido político Movimiento Semilla que llevó a Arévalo a la Presidencia y al mismo presidente entonces electo para evitar su llegada al poder.

Las protestas de la población llegaron cuando la fiscalía, en su intento por que se declaran nulas las elecciones del 2023, secuestró las boletas emitidas por los ciudadanos, algo que según la ley electoral sólo le compete al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En octubre de 2023, miles de indígenas, campesinos, estudiantes, particulares bloquearon decenas de carreteras en todo el país por 22 días en protesta por las acciones de la fiscalía.