Relatora de justicia de ONU: Fiscalía guatemalteca implementó política de criminalización en el país

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Relatora Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó el viernes en su visita a Guatemala a la Fiscalía del país por mantener una política de criminalización contra colectivos, como operadores judiciales, líderes sociales o periodistas, por sus denuncias contra la corrupción.

Satterthwaite visitó el país centroamericano por invitación del gobierno del 12 al 23 de mayo y dijo, en su informe preliminar, que se reunió con abogados, instituciones de justicia, magistrados, fiscales y miembros de la sociedad civil para hacer una radiografía de cómo funciona el sistema de justicia en Guatemala.

Sobre la Fiscalía, la relatora criticó que la institución que dirige la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por más de 40 estados señalada de socavar la democracia y obstaculizar la lucha anticorrupción, parece enfocarse y criminalizar a “quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos o denunciar los abusos de poder”.

“La criminalización opera a través de un conjunto de acciones identificables que involucran al Ministerio Público, a miembros del poder judicial y a menudo a ciertos actores privados”, recalcó la funcionaria de ONU.

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A partir de la información recabada en su visita, así como de casos —en curso y concluidos— que se encuentran en el sistema de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y de la propia ONU, Satterthwaite concluyó que en Guatemala “se desprende un cuadro consistente y alarmante de criminalización”.

“Esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder; se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”, ratificó, según recogió un comunicado posterior de la ONU.

La relatora de la ONU también se reunió durante su visita con Porras y, según Satterthwaite, la fiscal general negó los señalamientos de criminalización. “Durante nuestra reunión, la fiscal general y sus colegas se presentaron como víctimas de los ataques del Poder Ejecutivo y sus aliados”, dijo la relatora.

Porras defendió además, según lo relatado por la funcionaria de la ONU, que los fiscales “actúan estrictamente dentro de los límites constitucionales, aplicando normas de investigación y enjuiciamiento iguales a todas las personas”.

La Fiscalía respondió a una solicitud de comentario de la AP y dijo que expresaba su desacuerdo con el informe preliminar de Satterthwaite porque no reflejaba “la compleja labor que realizamos ni la información exhaustiva que fue proporcionada”. Y aseguró que cuentan con múltiples certificaciones internacionales que avalan su trabajo y rendición de cuentas.

“Rechazamos enérgicamente la idea de una ‘criminalización de sectores’. Nuestras acciones se fundamentan en investigaciones serias, objetivas y en estricto apego al marco legal guatemalteco”, dijo la oficina de comunicación del Ministerio Público.

“La criminalización aterra y afecta a la personas y sus comunidades”, dijo Satterthwaite. Y enfatizó que “el uso instrumental del Derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a un patrón sistemático, intencional y severo de privación de derechos fundamentales, dirigido contra grupos específicos”.

Entre los grupos a los que hizo referencia están jueces, fiscales y abogados independientes, periodistas, autoridades indígenas, líderes campesinos, estudiantiles y miembros de las Comisiones de Postulación.

Uno de los ejemplos más recientes es el caso del exfiscal Juan Francisco Sandoval en 2021, quién se exilió del país, denunciando criminalización por su lucha anticorrupción.

Tras su salida de Guatemala, Sandoval enfrenta más de 100 procesos judiciales, órdenes de aprehensión y allanamientos en su contra. Éste reclama que su labor como fiscal, donde investigó a tres expresidentes acusados de corrupción, son el motivo de su persecución.

“Se han presentado cargos penales contra más de 60 operadores de justicia y abogados defensores o de derechos humanos”, destacó la enviada de la ONU. “Numerosas personas vinculadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad han sido acusadas de delitos en momentos clave de su trabajo” dijo.

La relatora llamó a la Fiscalía a detener la criminalización y a ser un ente más eficaz, pues dijo que “la narrativa de una gran eficacia y eficiencia impulsada por el Ministerio Público no parece resistir escrutinio”.

Por su parte, la Fiscalía informó a la relatora que habría resuelto 3,8 millones de expedientes desde 2018. Satterthwaite dijo que “menos del nueve por ciento de los casos han desembocado en una acusación, una resolución alternativa o una condena. La mayoría de los casos se desestimaron antes de llegar a los tribunales”.

Satterthwaite hizo un llamado al gobierno guatemalteco a “que asuma un compromiso público claro” para poner fin a esta forma de aplicar el Derecho penal y “garantizar que los profesionales del Derecho puedan ejercer su profesión libre de amenazas y ayudar a las víctimas de la criminalización en el exilio”, dijo.

Ante una petición de comentario de la AP, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo reconoció “el importante trabajo” realizado por la relatora y consideró que el trabajo de la relatora se realizó “con altos estándares de profesionalismo, objetividad y ética”.

“Preliminarmente, compartimos las declaraciones de la Relatora en cuanto a que calificó como ‘terrible’ la criminalización realizada desde el MP y el aparato de justicia, algo que el Presidente Arévalo ha reiterado desde otros espacios”, indicó el gobierno.

También agregó que el gobierno debe poner en práctica la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de llevar a cabo una revisión independiente del funcionamiento del Ministerio Público, “un mecanismo que podría establecerse a través de la Comisión Interamericana, del sistema de derechos humanos de la ONU o un grupo de expertos independientes”.

Guatemala renovó en abril del año pasado a la gran mayoría de sus jueces y magistrados que integran parte del sistema de justicia.

La relatora especial mostró preocupación por la elección de magistrados y jueces y el mecanismo para su elección, como las Comisiones de Postulación, que deben ser revisadas y adecuadas para que se elijan los candidatos más idóneos a través de elecciones transparentes.

La deficiencias de esos mecanismos “han permitido que el proceso se vea empañado por intereses políticos y privados”, dijo.