México se posiciona tras protestas: ni gentrificación ni xenofobia. Pero faltan soluciones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México quiere luchar contra la gentrificación y también contra la xenofobia que se vio en una reciente protesta contra el turismo masivo en la capital. Pero muchos coinciden en que hacen falta más medidas para atajar el problema de fondo: la falta de regulación inmobiliaria y de viviendas, que cada vez son más caras.

La manifestación del viernes pasado en Ciudad de México relanzó el debate sobre el tema porque, aunque se desarrolló mayormente de forma pacífica, acabó con un pequeño grupo rompiendo ventanales, saqueando algunos negocios y gritando a turistas frases como “Gringos, dejen de robarnos la casa”. En una pinta incluso se leía, en inglés: “Kill a gringo” (mata a un gringo).

“No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea ‘fuera cualquier nacionalidad de nuestro país’”, dijo el lunes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. “México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio; entonces no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas”.

La mandataria también aseguró que su gobierno colaborará con las autoridades locales para buscar los mecanismos de regulación necesarios que eviten el encarecimiento y la especulación inmobiliaria.

El origen de la tensión y del incremento de precios se hizo notar con la llegada de “nómadas digitales” estadounidenses que empezaron a trasladarse a Ciudad de México en 2020, muchos para escapar del confinamiento provocado por la pandemia en Estados Unidos o para aprovechar los bajos alquileres de la ciudad aunque la gentrificación ya había comenzado.

La propia Sheinbaum, cuando era alcaldesa de la capital, firmó un un acuerdo acuerdo en 2022 con la plataforma Airbnb y la UNESCO para impulsar el turismo y atraer a estos “nómadas digitales” a pesar de que ya entonces preocupaba el impacto que podría tener en los alquileres.

En los últimos años, los precios de las viviendas en renta se han dispararon y las personas locales comenzaron a verse desplazadas cada vez más de sus barrios, particularmente en áreas como Condesa y Roma, zonas arboladas llenas de cafeterías y restaurantes donde predominan los departamentos en alquiler para extranjeros que avivaron tensiones vecinales.

El Frente Anti-Gentrificacion CDMX, uno de los convocantes de la manifestación del viernes, dejó claro en un comunicado tras la protesta que la gentrificación es una cuestión de desigualdad, no de migración, y del trato privilegiado que dan las autoridades y las empresas a quienes tienen mayor poder adquisitivo, no sólo extranjeros, sino gente rica, con lo que podría considerarse una nueva forma de colonialismo.

Y aunque dijo estar en contra de toda violencia contra las personas, se mostró a favor de acciones como romper vidrios o hacer pintadas para llamar la atención de la sociedad.

La protesta de México se produjo tras una oleada de manifestaciones similares en Europa contra el turismo de masas y en un momento en el que la administración de Donald Trump ha puesto en el punto de mira a las comunidades latinas en Estados Unidos hasta el punto de que su Departamento de Seguridad Nacional puso un irónico mensaje el domingo en sus redes sociales animando a los migrantes a que se autodeporten.

“Si estás en los Estados Unidos ilegalmente y deseas unirte en la próxima protesta en Ciudad de México, usa la aplicación CBP Home para facilitar tu salida”, decía.

Faltan reglas y viviendas

Más allá de la preocupación por la deriva xenófoba que pueden conllevar estas protestas y que algunos académicos no descartan que haya aumentado como reacción a las políticas del vecino del norte, Antonio Azuela, del instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que el problema de fondo es mucho mayor.

Por un lado, la falta de regulación del mercado inmobiliario y de ofertas como Airbnb porque “se está institucionalizando la adquisición de vivienda como una forma de inversión” y si se utilizan para recibir visitantes y turistas se reducen las opciones para quienes viven en la capital.

Además, dijo, es complicado hacer vivienda social en una ciudad que cuya única opción es crecer verticalmente porque para eso hay que expropiar, destruir y reemplazar construcciones, un tema muy delicado políticamente que debería hacerse basándose en estudios de fondo previos y en un debate que incluya desde los vecinos a los empresarios inmobiliarios.

El gobierno de la capital llegó a estimar en 2021 que el no tener acceso a una vivienda expulsaba cada año de la ciudad a 23.000 familias, indicó Azuela.

La actual alcaldesa, Clara Brugada, antigua colaboradora de Sheinbaum, indicó el viernes en un comunicado que la capital está impulsando políticas para que los jóvenes puedan acceder a viviendas a costes asequibles como nunca se había hecho antes pero, según Azuela, todavía no se ven resultados.

Legisladores locales han calculado que en la ciudad hay unos 2,7 millones de casas y apartamentos, pero necesita 800.000 más. Sin embargo, los proyectos de vivienda asequible que han surgido a menudo han quedado relegados a la periferia, explicó Luis Salinas, investigador de la UNAM que lleva años estudiando la gentrificación en la capital.

En su opinión, las medidas adoptadas han sido insuficientes, no se han puesto en marcha controles al mercado y eso lo han aprovechado actores como Airbnb.

Airbnb no contestó de forma inmediata a una solicitud de comentario de AP.

En la actualidad, más de 26.000 propiedades están registradas en esta plataforma en Ciudad de México, según la base de datos InsideAirbnb, frente a las 36.000 de Nueva York y las 19.000 de Barcelona, una de las varias ciudades españolas donde también ha habido protestas que llevaron a las autoridades españolas a tomar ciertas medidas.

Salinas considera que las autoridades están priorizando el mercado a una política de vivienda real y pone un ejemplo. El año pasado, el gobierno de Ciudad de México aprobó la ley de control de alquileres más ambiciosa desde la década de 1940 en un esfuerzo por controlar los precios y también estableció límites a los alquileres a corto plazo de 180 noches al año pero su aplicación se ha puesto en pausa hasta después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.