EEUU revela 1ra acusación formal contra un nacional mexicano por apoyo a organización terrorista
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En una vuelta de tuerca más a la presión de Estados Unidos contra los cárteles y a días de que las autoridades de ese país anunciaran las primeras acusaciones formales por narcoterrorismo contra miembros del Cártel de Sinaloa, el Departamento de Justicia informó el viernes de la primera imputación contra un nacional mexicano por colaborar supuestamente con una organización terrorista.
La acusada es María del Rosario Navarro-Sánchez, de 39 años, detenida este mes en el estado mexicano de Jalisco gracias a la información proporcionada por Estados Unidos, y señalada por una corte de Texas de dar “apoyo material” al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado como organización terrorista en febrero junto con otros siete grupos criminales latinoamericanos.
Según los fiscales, intentó suministrar granadas al grupo delictivo y participó en el tráfico de migrantes, drogas, armas y dinero. En concreto, la acusan de conspiración para introducir y transportar extranjeros en Estados Unidos, coordinar la entrega de droga y por actuar como ‘hombre de paja’ para comprar armas de fuego por orden de terceras personas.
“La detención de María del Rosario Navarro-Sánchez debe enviar un mensaje claro a las personas que deseen alinearse con grupos terroristas de que serán buscadas y detenidas con el máximo rigor de la ley”, dijo el director del FBI, Kash Patel.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Pamela Bondi, aseguró que esta acusación demuestra su “compromiso inquebrantable” para “asegurar las fronteras del país y proteger a sus ciudadanos”.
Estados Unidos recordó que el CJNG es responsable de una parte importante del tráfico de fentanilo desde México, está presente en decenas de países y, además de traficar con drogas, se dedica al blanqueo de capitales, el soborno, la extorsión de migrantes, el cobro de cuotas a los ‘coyotes’ que los llevan y otras actividades delictivas, incluidos actos de violencia e intimidación.
El presidente Donald Trump ha hecho de la lucha contra los cárteles una de sus máximas prioridades y ha presionado a México para que ofrezca resultados tangibles en su estrategia de seguridad.
Designarles organizaciones terroristas extranjeras puso a disposición de la justicia estadounidense más herramientas para acusar a sus miembros de cargos más fuertes —que podrían llegar hasta la pena de muerte— y también abrió las puertas a que Estados Unidos pudiera realizar operaciones unilaterales contra esos grupos.
Esta opción inquieta al gobierno mexicano, cuya presidenta Claudia Sheinbaum, pese a insistir en la buena cooperación que hay entre ambos países, se ha quejado varias veces de que las autoridades estadounidenses no informan de determinadas actuaciones e insiste en que no tolerará que se viole la soberanía del país.
Algunos académicos creen que el delito de colaborar con el terrorismo también podría facilitar que, por ejemplo, fueran acusados con estos cargos empresas que envían las remesas de los migrantes indocumentados que, generalmente, llegan a Estados Unidos pagando en algún momento a miembros de los cárteles.
Y si esto se llegara a concretar, “sería un cambio realmente radical con enormes implicaciones para la inversión, para el comercio, para el movimiento de remesas, una escalada dramática y de grandes consecuencias”, explicó Vanda Felbab-Brown, una experta en crimen organizado de la Brookings Institution.
Sin embargo, la académica ve menos efectos reales en la acusación de narcoterrorismo que se concretó esta semana contra miembros prófugos de una facción del Cártel de Sinaloa.
En el pasado, se utilizó esta imputación contra integrantes de grupos criminales de Colombia o de Afganistán pero, según Felbab-Brown, “la etiqueta de narcoterrorismo suena más dramático pero no tiene componentes legales” y la apuesta de Trump para pedir pena de muerte contra cualquier tipo de narcotraficante podría hacerse con o sin esa designación.