Oficialismo también se hace con el Tribunal de Disciplina de México, el de control a los jueces

El partido gobernante en México, Morena, suma un nuevo tribunal que quedará en sus manos además de la Suprema Corte: el que controlará y sancionará a los jueces.

El Tribunal de Disciplina, que para el miércoles por la tarde ya tenía más del 98% de sus votos contados, es una corte nueva diseñada en la controvertida reforma judicial que tendrá cinco miembros y mucho poder.

Los elegidos en las elecciones del domingo son tres candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo y dos que ya trabajaban en el órgano rector de la judicatura pero son considerados cercanos a Morena.

Todavía faltan varios días hasta que se cuenten los votos para la mayor parte de los 2.600 cargos que estaban en juego en estos comicios, en los que sólo participó un 13% de los electores pese a que reconfigurarán por completo la judicatura del país para que esté definida por el voto popular en lugar de por los méritos y experiencia de sus integrantes.

Pero los datos oficiales dados a conocer hasta ahora parecen confirmar los miedos de muchos: que el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, con mayoría absoluta parlamentaria, podría hacerse también con el control indirecto del Poder Judicial y politizar la justicia.

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Aunque muchos expertos y académicos coincidían en la urgencia por limpiar la judicatura de corrupción, la forma en la que se diseñó el nuevo Tribunal de Disciplina preocupa a muchos por su enorme poder y porque, según el académico Rafael Estrada Michel, podría castigar a los jueces por “interpretar” las leyes, una práctica habitual en Derecho.

Eso hace temer que los magistrados sean cuestionados por el sentido de sus sentencias y no por haber cometido una irregularidad o un delito ya que los nuevos criterios para abrir procesos son ambiguos y eso podría desatar una “cacería de brujas” por motivos políticos, explicó tras los cambios constitucionales Juan Pablo Campos, de la Fundación Konrad Adenauer, una ONG que trabaja en fortalecimiento democrático.

Estos son los candidatos elegidos:

--CELIA MAYA GARCIA: Integrante del Consejo General de la Judicatura (CJF, el hasta ahora órgano regidor de los jueces) desde 2023. Previamente trabajó en diversas cortes del estado de Querétaro, incluido el Tribunal Superior de Justicia de ese estado del centro del país donde tuvo varios puestos, entre otros, el de presidenta de la sala Constitucional. Fue tres veces candidata a gobernadora de Querétaro primero por el PDR y las otras dos por el partido que le sucedió, Morena, la última en 2021. Entre sus propuestas está que en la evaluación de los jueces deben participar los destinatarios de su servicio y agilizar los procedimientos.

—EVA VERÓNICA DE GYVÉS ZÁRATE: Es una exfiscal y juez de tribunales penales del sureño estado de Oaxaca. Se ha declarado seguidora del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en su campaña repitió frases emblemáticas del discurso de Morena. Se ha comprometido a “velar por la exacta aplicación de la ley” para que el tribunal no se convierta en "órgano persecutor de personas que han laborado en administraciones anteriores”.

—BERNANDO BÁTIZ VÁZQUEZ: Es un experto en derecho constitucional que fue el procurador de la Ciudad de México de 2000 a 2006, coincidiendo con el mandato de López Obrador como alcalde. Desde 2019 es miembro del CJF. Fue miembro del ahora opositor PAN, un partido conservador, durante casi tres décadas, luego diputado del PRD y participó en la asamblea constituyente de la Ciudad de México ya con Morena. Propuso enfocarse en los derechos humanos y sociales.

—INDIRA ISABEL GARCÍA: Funcionaria del estado de Colima, en el occidente de México, ha trabajado durante años por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Coincide en que se debe evitar que esta corte se convierta en una “cacería de brujas” para actuar como “contrapeso” del resto de los tribunales.

—RUFINO H LEON TOVAR: Experto en derecho constitucional con experiencia en tribunales de arbitraje. Tuvo varios puestos en el gobierno de la Ciudad de México en Seguridad Pública y en temas de movilidad sobre todo cuando el alcalde era Marcelo Ebrard, actual secretario de Economía. Afirma que pondrá en el centro de su labor no solo los derechos reconocidos en la Constitución sino también los incluidos en los tratados internacionales. Propone cárcel para jueces corruptos.