La baja participación en la elección de jueces preocupa pero la presidenta mexicana habla de "éxito”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México votó el domingo teóricamente para mejorar su justicia pero la escasa participación, la complejidad de las elecciones y el posible avance del oficialismo en los máximos tribunales, unido a las grandes críticas a todo el proceso de reforma al Poder Judicial, preocupa dentro y fuera del país aunque el gobierno insista en presentar los comicios como un éxito democrático.

El Instituto Nacional Electoral anunció el domingo una participación estimada en torno al 13% —un porcentaje alejadísimo del 60% de media en las últimas elecciones presidenciales—, lo que ha suscitado cuestionamientos sobre la representatividad del voto.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum no dudó en declarar los comicios “todo un éxito” y aseguró que “México es el país más democrático del mundo”.

Tendrá que pasar al menos una semana hasta que se sepa cómo quedará configurado el nuevo Poder Judicial, ahora definido por el voto popular en lugar de por los méritos y experiencia de sus integrantes.

Con más del 70% de los votos de la Suprema Corte ya contados, todo apunta a que afines el oficialismo serán mayoritarios en este máximo tribunal, aunque su candidato más votado, frente a todo pronóstico, es un abogado indígena de perfil más independiente aunque también fue propuesto por el gobierno.

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La inmensa mayoría de los mexicanos desistió de elegir 2.600 cargos entre los más de 7.000 candidatos que se presentaron: unos porque no sabían ni cómo ni a quien votar, otros por criticar lo que muchos expertos consideran un intento de politizar la justicia y eliminar el papel de contrapeso que tiene el Poder Judicial en toda democracia frente al Ejecutivo y el Legislativo.

“Cualquiera que diga que hay autoritarismo en México está mintiendo”, aseguró el domingo Sheinbaum, un mensaje que repitió el lunes, cuando se burló de las críticas que suscitó el proceso y dijo que México nada tiene que ver con países como Venezuela o Nicaragua.

La mandataria sigue reiterando que si su objetivo fuera controlar a los jueces no tendría sentido celebrar elecciones porque podría designarlos desde la Presidencia como se hizo en tiempos pasados.

Independencia judicial, un problema regional creciente

A la espera de que los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronuncien sobre los comicios, algunos expertos ya indican que la baja participación va a debilitar el nuevo sistema incluso si los jueces que asuman sus nuevos cargos en septiembre optan por ser “ingratos” con quien los eligió pero leales con la Constitución, explicó el chileno Jaime Arellano, académico y exdirector del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, un organismo de la OEA.

Teme también que este ejercicio de votación, que no cree que sea la solución a los problemas de la justicia mexicana, pueda dar paso a la incursión de poderes fácticos en la justicia como, por ejemplo, el crimen organizado.

Aunque hay quien piensa que “la influencia de los grupos criminales ya existe”, señaló Martha Tamayo, una abogada jubilada de Sinaloa y exdiputada federal porque los cárteles sobornan o amenazan a los jueces “sean electos o no”.

Para Arellano, el principal problema es que peligra que los jueces dejen de ser una “fuerza contramayoritaria” que sirva de contrapeso al poder político, una tendencia que se ve en otros países de la región aunque sea dentro de marcos democráticos que poco a poco empiezan a presentar distorsiones. “La independencia judicial en América Latina está bajo ataque”, aseguró.

Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Washington, indicó que hay dos señales claras de alerta temprana para detectar si la justicia puede estar en peligro.

La primera es cuando los políticos empiezan a atacar a las instituciones judiciales para alimentar un discurso público de que hay un problema y luego ellos mismos se presentan como la solución. La segunda es cuando el gobierno empieza a desobedecer sentencias judiciales.

Después, es cuando se empieza a “capturar” la justicia y entonces esos mismos políticos “sí son super respetuosos” de la norma, recalcó.

Las críticas públicas a los jueces en México comenzaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que los acusó de corruptos y les cortó vías de financiamiento sobre todo después de bloquearan algunas de sus leyes más ansiadas. Durante el trámite parlamentario de su reforma judicial, no se atendieron órdenes judiciales con el fin de aprobarla aceleradamente y con el argumento de que los magistrados no podían ser juez y parte en este caso.

Pese a tener contextos completamente diferentes, también se han visto arremetidas contra los jueces en Ecuador, El Salvador, Costa Rica e incluso por parte del actual presidente de Estados Unidos.

Focos rojos latinoamericanos

Según Indacochea, los dos países de mayor foco rojo para la justicia en la región son Guatemala, donde la ONU acaba de denunciar una política de criminalización a determinados grupos por parte de la fiscalía; y Perú, que está en una fase menos avanzada que ésa pero, de acuerdo a la investigadora, el miedo es que siga el mismo camino.

Y tanto en esos países como en México, pese a tener situaciones muy diferentes, puede haber “desenlaces desafortunados en el corto y mediano plazo”.

“El caso de Guatemala y Perú es el peligro que podría tener un francotirador versus, en el caso mexicano, tiros al aire con una ametralladora: no sabes dónde van a caer esas balas, a quiénes le van a caer, pero sabes que muchas personas van a ser lastimadas”, comparó Indacochea.

Los precedentes de otros países de las Américas donde se eligen parte de los jueces tampoco invitan al optimismo.

El caso de Bolivia fue “desastroso”, explicó Jaime Arellano, y una muestra es que el propio expresidente Evo Morales, que lo impulsó, intentó dar marcha atrás a este proceso.

En Estados Unidos, aunque la justicia sigue fuerte, estudios realizados en aquellos estados donde eligen a los jueces apuntan a una “tendencia al endurecimiento en el trato de minorías”, lo que puede ser muy problemático, agregó el académico.

Aunque el gobierno mexicano asegura que esta reforma llegó para quedarse, los académicos no descartan que en unos años, comience a cuestionarse el sistema. Hasta entonces, Indacochea advierte que si una prioridad de la región es evitar que se extienda el modelo de seguridad salvadoreño, “la otra es evitar que se exporte la elección por voto popular” de México.

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La periodista de The Associated Press , Megan Janetsky, contribuyó a este reporte desde Ciudad de México.