Abogados de víctimas de conflicto en Perú acudirán a órganos internacionales contra ley de amnistía
LIMA (AP) — Los abogados de familiares de las víctimas del conflicto armado de Perú (1980-2000) anunciaron el jueves que acudirán a órganos internacionales y también pedirán a la justicia local no aplicar una ley aprobada la víspera por el Congreso que otorga amnistía a violadores de derechos humanos durante ese periodo.
“Nosotros no solamente vamos a acudir al ámbito nacional para la inaplicación, sino hemos presentado algunas acciones a nivel internacional”, dijo en conferencia de prensa la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, quien ha defendido a víctimas del conflicto por más de 30 años.
Cano indicó que han alertado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cree que también acudirán a Naciones Unidas en busca de protección de los jueces locales para que inapliquen una ley considerada inconstitucional por las obligaciones internacionales que Perú tiene al ser miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La norma aprobada el miércoles extingue de responsabilidad penal a uniformados procesados por graves violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones, secuestros y violaciones sexuales. También otorga amnistía a los uniformados sentenciados mayores de 70 años. La norma será enviada a la presidenta Dina Boluarte, quien puede promulgarla, devolverla con observaciones o no hacer nada. En caso de que suceda esto último, el Parlamento la promulgaría luego de 15 días.
La amnistía provocaría que 156 casos con sentencias y más de 600 procesos en curso queden impunes, según la Coordinadora de Derechos Humanos, una coalición de 74 organizaciones dedicadas a la defensa de dichos derechos y que han litigado en decenas de procesos judiciales.
El legislador Fernando Rospigliosi, del partido Fuerza Popular y defensor de la ley, señaló en junio que hay 1.092 militares y policías procesados y que en 35 años sólo 38 han sido sentenciados. “Muchos ya no están con nosotros, otros envejecen en silencio sometidos a interminables procesos judiciales”, manifestó.
Según una comisión de la verdad, las víctimas del conflicto eran indígenas en su mayoría, atrapados entre los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y del grupo terrorista Sendero Luminoso. La comisión calcula que el conflicto dejó unos 70.000 muertos, incluidos más de 20.000 desaparecidos.