Guardianes de los ríos de Colombia luchan por proteger el Atrato entre amenazas y abandono
Bernardino Mosquera, guardían de río, en su lancha en el río Quito cerca de Paimado, Colombia, el 23 de septiembre del 2024. (Foto AP/Ivan Valencia)
PAIMADÓ, Colombia (AP) — Sedimentos y piedras son lo único que queda en la tierra alrededor de gran parte de la pequeña comunidad ribereña donde vive Bernardino Mosquera, en la región del Chocó, en el noroeste de Colombia.
Hace apenas un año, arbustos y árboles saludables llenaban este importante sitio de biodiversidad repleto de especies nativas. Pero entonces llegaron los mineros ilegales, que utilizan maquinaria pesada para dragar los lechos de los ríos en busca de oro.
“Solamente aquí teníamos un desierto”, dijo Mosquera. “La minería ilegal afecta en todo sentido los ecosistemas ... no hay árboles. Se están secando las fuentes hídricas, está contaminando por mercurio y el calentamiento global”.
Mosquera es un guardián del río, un título que les fue otorgado a él y a otras 13 personas. Los guardianes, no remunerados, son los ojos y oídos del río Atrato: actúan de enlace con las instituciones gubernamentales sobre cuestiones ambientales y sociales frente a la agresión de los grupos armados y esperan revertir la devastación que ven a lo largo del río. Pero tras ocho años, están cada vez más desencantados por la falta de apoyo de las instituciones y las crecientes amenazas de los grupos armados que controlan la región.
La Corte Constitucional de Colombia declaró en 2016 que el río Atrato, que corre a lo largo de esta comunidad de 2.500 habitantes, era tan importante para la vida que tendría derechos equivalentes a los de un ser humano. La región es hogar de miles de especies, y el 25% de sus especies de plantas y aves son endémicas, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El estatus legal del río fue novedoso en Latinoamérica, al igual que cuando se establecieron los guardianes.
“Es un matrimonio insoluble que hay entre sus habitantes y los ríos”, dijo Mosquera, de 62 años. “Entonces por eso es que hay que defender el Atrato”.
La minería ilegal de oro se ha convertido en la economía criminal de crecimiento más rápido en la última década en Sudamérica. El auge comenzó en Colombia y Perú y se expandió a Ecuador, Venezuela y Brasil.
En Chocó, la minería ilegal está muy extendida
Paimadó, como muchos pueblos de la región de Chocó, es un centro de minería ilegal firmemente controlado por la organización criminal más grande del país, conocida como el Clan del Golfo. Cada mañana temprano, pequeñas embarcaciones de madera llevan contenedores de plástico con gasolina para alimentar la maquinaria minera esparcida a lo largo del Atrato, un río que serpentea unos 750 kilómetros (470 millas) a través de las selvas del norte de Colombia.
Docenas de minas ilegales salpican el río entre la casa de Mosquera en Paimadó —que se encuentra en el río Quito, el principal afluente del Atrato—, y Quibdó, la capital del estado.
Grandes balsas de madera apoyadas sobre pilotes llegan a lo profundo del lecho del río para extraer material que se tamiza a través de la máquina en busca de oro. En lo profundo de las orillas del río, se lleva a cabo otro tipo de minería con maquinaria más pesada. Es aquí donde la deforestación es notoriamente visible.
Imágenes tomadas por The Associated Press con un dron muestran grandes extensiones de tierra vacía que se extienden mucho más allá de las riberas.
“Mucha gente cree que porque se ve muy verde no hay deforestación”, dijo Maryuri Mosquera, guardiana del río y agrónoma de 42 años.
Los altos índices de pobreza han empujado a muchos a la minería de oro, un trabajo que destruye la tierra y contamina su río. Esa destrucción después destruye la economía local, lo que hace que las comunidades dependan todavía más de la minería.
El despacho de la defensora de la Defensoría del Pueblo de Colombia declaró en abril que el gobierno ha fracasado en proteger al río, y agregó que “no hay evidencia de ningún progreso” desde que el río adquirió la condición legal de persona. Pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que cumpla con la sentencia de 2016.
En una respuesta escrita, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que su ministra Susana Muhamad ha estado coordinando esfuerzos con el Ministerio de Defensa Nacional “por la protección de este importante ecosistema”. Agregó que pronto dará inicio un programa para trabajar con las comunidades para restaurar la cuenca del río Atrato y sus afluentes.
Destruida una fuente vital para la comunidad
Durante mucho tiempo, el río Atrato ha sido una fuente importante de agua, alimentos y transporte para sus residentes rurales, en su mayoría afrocolombianos, quienes construyeron sus comunidades en las riberas del río.
La pequeña aldea de El Arenal, a orillas del Atrato, es el hogar del guardián del río Juan Carlos Palacios, de 33 años, quien dice que su papel es un triunfo para las comunidades negras que lucharon por la sentencia de 2016.
“Mucha tristeza me da cuando veo cómo con frecuencia pasan maquinaria sin ningún control. Llegan a nuestros territorios y no podemos también a veces ni siquiera hablar porque llega la minería con el actor armado”, reportó Palacios.
Durante la mayor parte de su vida, incluso a veces ahora, Palacios se ha dedicado a la minería artesanal de oro. A un corto viaje en canoa al otro lado del río desde El Arenal vive su madre, quien está encorvada con una azada y una criba de madera para tamizar el oro. Esta ha sido su vida desde que tiene memoria.
“Yo creo que, si dejo de hacer esto, sí me muero rapidito. Me muero porque ya estoy acostumbrada a esto”, dijo Ana Palacios Cuesta con una risa. “La draga han dragado todo el río, entonces la gente ya casi no se da”.
Las pequeñas cantidades de sedimento de oro que recoge se venden en el cercano pueblo de Yuto, o en Quibdó, a unos 40 minutos de distancia.
El mercurio y el arsénico ofrecen a los mineros a escala industrial una solución de baja tecnología para extraer el oro. Pero se vierten en el agua, lo que envenena el río y las tierras circundantes. La táctica ha matado la vida marina, cambiando el flujo natural del río y debilitando aún más a algunas de las comunidades más vulnerables del país.
Palacios, quien tiene una Licenciatura en Biología, dijo que los peces del río están “altamente contaminados” por mercurio, que pasa de los peces a los humanos y puede causar daños a órganos vitales.
“Claro está que nosotros los seguimos consumiendo, o que tampoco tenemos otra opción”, agregó.
Las mujeres locales y sus hijos se paran en el río para lavar sus platos y ropa, algo que actualmente sólo hacen las comunidades más rurales y necesitadas por miedo a la contaminación del agua.
Guardianes enfrentan violencia y amenazas
Los guardianes tienen un trabajo precario en una zona controlada en gran parte por grupos armados rebeldes y criminales, como las guerrillas izquierdistas del Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo.
La maquinaria minera a lo largo de las riberas es supervisada por estos grupos y los mineros se ven obligados a pagarles una cuota por protección —conocida localmente como “vacuna”— para operar libremente sin convertirse en objetivos.
“El hecho de visibilizar y denunciar las situaciones que está viviendo la cuenca del Atrato hace que tengamos un nivel de riesgo”, dijo la guardiana Maryuri Mosquera, especialmente sus colegas guardianes en áreas más rurales.
El guardián Bernardino Mosquera tiene un chaleco antibalas que le proporcionó el estado después de recibir múltiples amenazas de muerte a lo largo de los años, la última en marzo. Ha sido secuestrado por el Clan del Golfo y han colocado casquillos de bala frente su puerta en varias ocasiones “como advertencia”.
Casi renuncia.
“Pero resulta que, si nosotros nos retiramos el proceso, le estamos dando fuerza a ellos, porque todo mundo está (que) se va a morir del pánico, nadie va a querer decir lo que está sucediendo, usted va a terminar acribillado y arrodillado detrás de todo ello”, dijo Mosquera mientras la lluvia tropical azotaba el techo de hojalata de su casa.
“Entonces sí hay que seguir haciendo visibilización del proceso. Es la única forma de que ellos (los grupos armados) sientan que nosotros también estamos en el territorio. Y eso me detuvo y me hizo seguir. Y aquí estoy”, añadió.
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