El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas irá a nuevo juicio por presunta corrupción tras terremoto
QUITO (AP) — La justicia de Ecuador llamó el lunes a un nuevo juicio al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien cumple prisión por dos condenas de corrupción, esta vez por supuesto mal uso de recursos públicos en la contratación de obras de reconstrucción del terremoto de 2016.
El juez Marco Aguirre declaró en una audiencia pública que los elementos presentados por la Fiscalía “hacen presumir la existencia material del presunto delito de peculado” y el proceso pasa a la etapa de juicio para que un tribunal valore las pruebas y determine si existe o no el delito.
Pidió además una pericia médica para valorar la situación psiquiátrica del expresidente.
Glas está recluido en una prisión de máxima seguridad, después de haber sido condenado a seis y ocho años de cárcel, respectivamente, en casos de corrupción. Fue detenido en diciembre de 2024, tras la irrupción policial a la embajada de México en Quito que derivó en la ruptura de relaciones bilaterales.
La defensa de Glas pidió su cambio de prisión por la situación de salud que fue alertada también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante lo cual el juez Aguirre dispuso se gestione, en un plazo máximo de 12 días, una “pericia médica siquiátrica para determinar el estado de salud mental” y la presentación de los resultados ante la justicia “para que proceda conforme a Derecho”.
El caso denominado “Reconstrucción” surge por la creación de un comité que presidió el entonces vicepresidente Glas para la ejecución de obras de reconstrucción tras un terremoto de 7,8 de magnitud que dejó en 2016 casi 700 muertos y millonarios daños materiales principalmente en la provincia costera de Manabí. Además, se aprobó una Ley de Solidaridad para recaudar fondos para la reconstrucción a través de impuestos y contribuciones obligatorias.
Según la Fiscalía, Glas y Carlos Bernal —secretario del comité también llamado a juicio— priorizaron la contratación de 11 proyectos que no podían ser financiados con la Ley de Solidaridad ya que fueron concebidos antes de que suceda el terremoto. Además, no contaron con la aprobación de todos los miembros del comité.
“Se trata de una imputación que criminaliza decisiones de política pública adoptadas en el marco de un órgano colegiado”, dijo a The Associated Press la abogada de Glas, Sonia Vera, y aseveró que nuevamente se trata de una “persecución política”. Negó el cometimiento del delito de apropiación o desvío de fondos públicos por parte de Glas, quien no manejó directamente los recursos, señaló.
Según Vera, se busca “sostener su privación de libertad de forma indefinida” lo que es “incompatible” con las obligaciones internacionales del Ecuador en materia de derechos humanos.
Días atrás, la abogada Vera informó que Glas fue convocado a rendir su declaración en calidad de “sospechoso” en una nueva indagación previa, por el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en agosto de 2023.