Con Trump como aliado, el presidente de El Salvador intensifica la represión contra la disidencia

SAN SALVADOR (AP) — Días antes de su arresto frente a la casa de su hija en las afueras de San Salvador, el abogado constitucional Enrique Anaya llamó al presidente salvadoreño Nayib Bukele “dictador” y “sátrapa” en televisión en vivo.

Esta semana, el abogado Jaime Quintanilla se paró frente a un centro de detención en la capital de El Salvador con una caja de comida y ropa para su cliente, sin saber si Anaya sería liberado algún día.

El arresto de Anaya el sábado, un fiero crítico de Bukele, es la medida más reciente de lo que los observadores dicen es una ola de represión contra la disidencia por parte del gobernante centroamericano. Dicen que Bukele se siente envalentonado por su alianza con el presidente estadounidense Donald Trump, quien no sólo lo ha elogiado sino que ha evitado criticar acciones que defensores de derechos humanos, autoridades internacionales y expertos jurídicos consideran autoritarias.

Las autoridades en El Salvador han apuntado a abogados de hablar franco como Anaya, a periodistas que investigan los supuestos acuerdos de Bukele con pandillas, y a defensores de derechos humanos que piden el fin de un estado de emergencia de tres años, con el que se han suspendido derechos civiles fundamentales. Algunos dicen que se han visto obligados a huir del país.

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“Ya empezó a callar a los que opinan: los profesionales, todos los que son ideólogos, todos los que son críticos... ahora están detenidos”, denunció Quintanilla.

La oficina de Bukele no respondió a una solicitud de comentarios.

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”

Los observadores ven una agudización preocupante por parte del popular presidente, quien goza de índices de aprobación extremadamente altos debido a sus medidas enérgicas contra las pandillas del país. Al suspender derechos fundamentales, Bukele ha debilitado severamente a las pandillas, pero también ha encarcelado a 87.000 personas por supuestos vínculos con ellas, a menudo con poca evidencia ni el debido proceso. Varios de los detenidos también eran críticos.

Bukele y su partido Nuevas Ideas han tomado el control de los tres poderes del gobierno, llenando la Corte Suprema del país con funcionarios leales. El año pasado, en un movimiento considerado inconstitucional, se postuló para la reelección, asegurando una victoria rotunda.

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, expresó Bukele este mes en un discurso. “Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.

En las últimas semanas, aquellos que desde hace tiempo han sido una espina en el costado de Bukele dicen que las amenazas inminentes han llegado a un punto de inflexión. La represión ocurre mientras el mandatario ha atraído la atención mundial por mantener a unos 200 deportados venezolanos detenidos en una megaprisión construida para pandillas, parte de un acuerdo con el gobierno de Trump.

“Por supuesto tengo miedo”

Las autoridades detuvieron a Anaya bajo acusaciones no probadas de lavado de dinero. Los fiscales dijeron que sería enviado a tribunales relevantes en los próximos días. Quintanilla, su abogado, rechaza las acusaciones, diciendo que su arresto se debe a años de cuestionar abiertamente a Bukele.

Quintanilla, un colega de larga data de Anaya, dijo que decidió representar a su amigo en parte porque muchos otros abogados en el país ahora tenían demasiado miedo de mostrar sus rostros. El martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó profunda preocupación por el arresto de Anaya.

Anaya, de 61 años, es un abogado y comentarista respetado en El Salvador con un doctorado en derecho constitucional. Ha criticado la represión de Bukele contra las pandillas y que haya influido en la Corte Suprema para hacerla favorable a él. El año pasado fue uno de los que pidieron sin éxito a la máxima autoridad electoral del país que rechazara la candidatura de Bukele para reelegirse, diciendo que violaba la Constitución.

Días antes de su arresto, Anaya arremetió en televisión contra la detención de la abogada de derechos humanos Ruth López, quien la semana pasada gritó: “¡No me van a callar! ¡Un juicio publico quiero!”, mientras la policía la escoltaba esposada al tribunal.

“Por supuesto tengo miedo”, dijo Anaya al presentador del programa. “Yo creo que cualquier persona acá que nos atrevemos a hablar, hablamos con miedo”.

Mientras algunos de los críticos más abiertos de Bukele, como Anaya y López, han sido detenidos públicamente, otros defensores de derechos humanos han salido del país en silencio, con la esperanza de buscar asilo en otra parte de la región. Se negaron a comentar o ser identificados por temor a ser atacados incluso fuera de El Salvador.

Miedo y un aliado en Trump

El mes pasado, la policía reprimió violentamente una protesta frente a la casa de Bukele y arrestó a algunos de los manifestantes. También ordenó el arresto de directores de compañías de autobuses locales por desafiar su orden de ofrecer transporte gratuito mientras una carretera principal estaba bloqueada.

A finales de mayo, el Congreso de El Salvador aprobó una ley de “agentes extranjeros”, defendida por el presidente. Se asemeja a leyes implementadas por gobiernos en Nicaragua, Venezuela, Rusia, Bielorrusia y China para silenciar y criminalizar a la disidencia ejerciendo presión sobre organizaciones que dependen de financiamiento extranjero.

Verónica Reyna, coordinadora de derechos humanos de la organización sin fines de lucro salvadoreña Servicio Social Pasionista, dijo que ahora hay autos de policía que suelen esperar afuera de las oficinas de su grupo, convertidos en una amenaza persistente.

“Fue algo que ha ido poco a poco”, declaró Reyna. “Desde la toma de posesión del presidente Trump sí hemos visto un cambio en términos de sentirse (Bukele) más respaldado, en términos de sentirse que no hay un gobierno fuerte que le va a criticar o que le vaya a poner freno”.

La influencia de Trump se extiende más allá de su respaldo abierto a Bukele, y su gobierno lleva los límites jurídicos al extremo para impulsar su agenda, dijeron Reyna, otros defensores de derechos humanos y periodistas.

La embajada de Estados Unidos en El Salvador, que solía denunciar con regularidad las acciones del gobierno, ha permanecido en silencio durante los arrestos y amenazas persistentes. No respondió a una solicitud de comentarios, pero el jueves publicó fotos del subsecretario de Estado, Christopher Landau, reunido con Bukele el miércoles en la noche durante su breve visita al país. “Contamos con un gran socio en el presidente Bukele y apreciamos el liderazgo de El Salvador en la región”, manifestó Landau en la red social X.

En su último año, el gobierno del expresidente estadounidense Joe Biden también redujo sus críticas al gobierno de Bukele mientras el gobierno de El Salvador ayudaba a frenar la migración hacia el norte en el período previo a las elecciones de 2024.

El martes, Quintanilla visitó a Anaya en detención por primera vez desde su arresto mientras era observado por policías.

A pesar de la detención, ni Anaya ni Quintanilla han sido informados oficialmente de los cargos. Quintanilla teme que las autoridades utilicen los amplios poderes otorgados a Bukele por el estado de emergencia para mantenerlo encarcelado indefinidamente.

Periodistas varados

Óscar Martínez, editor en jefe del sitio de noticias El Faro, y otros cuatro periodistas han salido del país y no pueden regresar de manera segura, ya que enfrentan la posibilidad de arresto a consecuencia de sus reportajes.

En un momento en que muchos otros reporteros han guardado silencio por miedo, el sitio de noticias de Martínez ha investigado a Bukele más rigurosamente que quizás cualquier otro, sacando a la luz corrupción oculta y violaciones a los derechos humanos en su represión contra las pandillas.

En mayo, El Faro publicó una entrevista en tres partes con un exlíder de pandillas que dijo haber negociado con el gobierno de Bukele. Poco después, Martínez indicó que la organización recibió noticias de que las autoridades estaban preparando una orden de arresto para media docena de sus periodistas. Esto ha hecho que al menos cinco periodistas de El Faro, incluido Martínez, hayan estado varados fuera del país por más de un mes.

El sábado, cuando los reporteros intentaron regresar a casa en un vuelo, una fuente diplomática y un funcionario del gobierno les informaron que la policía había sido enviada al aeropuerto para esperarlos y probablemente arrestarlos.

Posteriormente los periodistas descubrieron que sus nombres, junto con otros líderes de la sociedad civil, aparecían en una lista de objetivos prioritarios en poder de las autoridades del aeropuerto. Martínez indicó que el nombre de Anaya también estaba en la lista.

Ahora en una nación centroamericana cercana, Martínez dijo que no sabe cuándo podrá abordar otro vuelo a casa. Y si lo hace, no sabe qué sucederá cuando baje del avión.

“Tenemos miedo de que volvamos, porque algunos intentaremos seguramente volver, que seamos encarcelados cuando volvamos”, expresó. “Estoy seguro de que si los periodistas de El Faro caemos en las cárceles nos van a torturar y posiblemente nos van a matar”.

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Janetsky informó desde Ciudad de México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.